Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho de Familia - Legitimación: presupuestos

Examen público de 40 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Legitimación: presupuestos en Derecho de Familia costarricense.

40 preguntasEstandar

Derecho de FamiliaTema específicoLegitimación: presupuestos

Preguntas

Juan, un ciudadano preocupado, observa que una empresa local está vertiendo desechos tóxicos en un río cercano, lo que está causando un daño evidente al ecosistema. Según la Constitución Política, ¿qué acciones puede emprender Juan?

a)Está legitimado para denunciar los actos y reclamar la reparación del daño causado.

b)Solo puede denunciar los actos, pero no reclamar la reparación del daño causado.

c)Debe esperar a que el Estado actúe, ya que solo este puede denunciar y reclamar.

d)Puede reclamar la reparación del daño, pero la denuncia debe ser interpuesta por una autoridad.

Un grupo de ciudadanos desea ejercer la potestad de legislar mediante iniciativa popular para proponer una nueva ley. Según la Constitución Política, ¿cuál es el requisito mínimo de participación ciudadana para esta iniciativa?

a)Al menos un diez por ciento (10%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

b)La mayoría absoluta de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

c)Cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley de iniciativa popular.

d)Al menos un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Un grupo de ciudadanos, "Movimiento por la Justicia Fiscal", desea proponer una ley mediante iniciativa popular que reforme el sistema tributario del país. Según la Constitución Política, ¿cuál es la viabilidad de esta iniciativa?

a)No procederá, ya que la iniciativa popular no aplica a materia tributaria.

b)Procede si cuenta con la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa.

c)Procede únicamente si se convoca un referéndum para su aprobación.

d)Procede si el Poder Ejecutivo la respalda, a pesar de la materia.

La Municipalidad de San José ha dictado su presupuesto ordinario para el próximo año. Para que este presupuesto entre en vigencia, ¿qué requisito debe cumplir, según la Constitución Política?

a)La aprobación de la Asamblea Legislativa, que fiscalizará su ejecución.

b)La aprobación de la Contraloría General, que fiscalizará su ejecución.

c)La aprobación del Poder Ejecutivo, que fiscalizará su ejecución.

d)No requiere aprobación externa, ya que las municipalidades son autónomas.

El Poder Ejecutivo se encuentra en la etapa de preparación del proyecto de presupuesto ordinario de la República. Según la Constitución Política, ¿qué porcentaje de los ingresos ordinarios calculados para el año económico debe asignarse al Poder Judicial?

a)Una suma no menor del ocho por ciento (8%) de los ingresos ordinarios.

b)Una suma no menor del diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios.

c)Una suma no menor del seis por ciento (6%) de los ingresos ordinarios.

d)No hay un porcentaje fijo, depende de las necesidades anuales del Poder Judicial.

Un sindicato de empleados públicos organiza una huelga con el objetivo principal de manifestar su oposición a una política gubernamental que no tiene conexión directa con sus condiciones laborales, sino con un tema de política exterior. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cómo se clasifica esta huelga?

a)Está resguardada por los principios de libertad sindical si es pacífica.

b)Es legal si afecta directamente los intereses económicos de los trabajadores.

c)Es siempre ilegal y no puede ser autorizada por ningún medio.

d)No está resguardada por los principios de libertad sindical.

La empresa "Servicios Judiciales S.A." ha presentado una queja formal ante el Poder Judicial porque considera que la designación de un nuevo juez en propiedad para un juzgado civil no siguió el procedimiento adecuado. La empresa busca que se revoque dicho nombramiento.

a)El Consejo Superior del Poder Judicial, de conformidad con las normas legales y reglamentarias.

b)La Corte Suprema de Justicia, en su función de máxima autoridad administrativa.

c)El Presidente de la Corte, en ejercicio de sus potestades de dirección y vigilancia.

d)El Tribunal de la Inspección Judicial, para garantizar la probidad en los nombramientos.

Un grupo de cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia considera que una decisión administrativa de gran relevancia que está siendo tramitada por el Consejo Superior del Poder Judicial debería ser conocida y resuelta directamente por la Corte.

a)Solicitar al Presidente de la Corte que convoque una sesión extraordinaria para que el Consejo Superior remita el expediente.

b)Presentar una solicitud de avocamiento en sesión convocada, requiriendo la simple mayoría de la Corte.

c)Interponer un recurso de apelación ante la Corte contra la decisión del Consejo Superior, una vez que esta sea emitida.

d)Pedir al Consejo Superior que suspenda la decisión y eleve el asunto a consulta de la Corte.

Doña Laura, una ex-jueza, terminó su período en el Poder Judicial hace un año y medio. Ahora desea saber si la garantía que rindió al asumir su cargo aún se encuentra vigente.

a)Al momento de cesar en sus funciones, siempre que no existan juicios pendientes.

b)Dos años después de la fecha en que el funcionario terminó su período o cesó en sus funciones.

c)Cuando el funcionario es reelegido, momento en el cual debe rendir una nueva garantía.

d)Un año después de la fecha en que el funcionario terminó su período o cesó en sus funciones.

El Consejo Superior del Poder Judicial está en proceso de nombrar a un nuevo Auditor Jefe para el Departamento de Auditoría. Entre los candidatos, se encuentra el Lic. Carlos Rojas, quien es costarricense, tiene 35 años y es licenciado en Contaduría Pública, con experiencia en auditoría gubernamental.

a)Ser costarricense, mayor de treinta años, licenciado en Ciencias Económicas e incorporado al Colegio de Contadores Públicos.

b)Ser costarricense, mayor de veinticinco años, licenciado en Contaduría y con al menos cinco años de experiencia en auditoría.

c)Ser costarricense, mayor de treinta años, con título universitario en administración y experiencia en el sector público.

d)Ser costarricense, mayor de treinta y cinco años, licenciado en Ciencias Económicas y con conocimientos en derecho administrativo.

Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿qué carácter otorga la Constitución Política a las convenciones colectivas de trabajo?

a)Carácter de contrato privado, vinculante solo para las partes que lo suscriben.

b)Carácter de ley profesional, con fuerza de ley en sentido material y formal.

c)Carácter de reglamento administrativo, subordinado a la legislación laboral.

d)Carácter de acuerdo de voluntades, sujeto a la aprobación del Ministerio de Trabajo.

La Defensoría de la Niñez y la Adolescencia ha solicitado al Ministerio de Educación Pública la implementación de un programa urgente para garantizar el acceso a la educación de un grupo de menores en situación de vulnerabilidad. El Ministerio responde que no cuenta con los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar el programa.

a)No, el Estado no podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender estas obligaciones.

b)Sí, siempre que las limitaciones presupuestarias sean debidamente justificadas y aprobadas por la Contraloría General de la República.

c)Sí, pero solo si la desatención no implica una violación directa de un derecho fundamental expresamente reconocido.

d)No, salvo que se trate de programas que excedan el presupuesto ordinario y requieran una ley especial.

Don Pedro es el tutor de un menor y debe presentar la cuenta anual de su administración al Tribunal. Ha incurrido en varios gastos, algunos de los cuales no tienen recibos porque son de naturaleza menor y no se acostumbra a obtener comprobantes.

a)Debe justificar todos los gastos con documentos, sin excepción alguna, para la aprobación del Tribunal.

b)Solo necesita la aprobación del Tribunal para los gastos extraordinarios, los demás se justifican con el presupuesto anual.

c)La aprobación judicial del presupuesto anual lo dispensa de justificar el empleo de las sumas presupuestadas.

d)Las cuentas deben ir acompañadas de documentos justificativos, pero puede excusarse la comprobación de gastos sin recibos habituales.

Según la Ley General de la Administración Pública, un acto administrativo se considerará autorizado cuando esté regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a:

a)El sujeto o el fin del servicio público.

b)El motivo o el contenido del acto.

c)La forma o el procedimiento de su emisión.

d)La competencia o la jerarquía del órgano.

Las multas recaudadas según el Código de la Niñez y la Adolescencia deben emplearse destinando el cincuenta por ciento (50%) a:

a)La entidad del Fondo para la Niñez y la Adolescencia.

b)La Dirección Nacional e Inspección General del Trabajo.

c)La entidad del Consejo de Salud Ocupacional.

d)La Clínica del Adolescente de la Caja Costarricense.

El financiamiento de la Defensoría de los Habitantes de la República se incluye en el presupuesto de cuál de los siguientes poderes del Estado:

a)El Poder Ejecutivo de la República.

b)El Poder Judicial de la República.

c)El Poder Legislativo de la República.

d)El Tribunal Supremo de Elecciones.

La empresa "Desarrollos del Sol S.A." se ve afectada por un acuerdo del Consejo de Gobierno que, a su juicio, lesiona sus intereses legítimos. La empresa desea impugnar dicho acuerdo. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué recurso procede contra los acuerdos del Consejo de Gobierno que lesionen intereses legítimos y derechos subjetivos?

a)Recurso de revisión, si el Presidente lo apoya.

b)Recurso de reposición, conforme al Código Procesal Contencioso-Administrativo.

c)Recurso de apelación, ante la Sala Constitucional.

d)Recurso de nulidad, ante el Tribunal Contencioso-Administrativo.

La Municipalidad de San Isidro emite un acto administrativo que está reglado en cuanto a su motivo y contenido. Un ciudadano, Don Fernando, desea impugnarlo alegando un vicio de forma en la manifestación. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿será impugnable o anulable este acto por el vicio alegado?

a)Sí, será impugnable por vicio de forma en la manifestación.

b)No, no será impugnable por vicio de forma en la manifestación.

c)Sí, pero solo si el vicio de forma es grave y esencial.

d)No, a menos que el vicio de forma afecte el fin público.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) deniega la implementación de un programa de apoyo educativo para niños en riesgo social, alegando que no cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para cubrir los costos. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿es válida la justificación del MEP?

a)Sí, las limitaciones presupuestarias son una causa válida.

b)No, el Estado no puede alegar limitaciones presupuestarias.

c)Sí, si el programa no es de carácter fundamental.

d)No, solo si el programa ya estaba aprobado.

La Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) propone utilizar recursos del Fondo para la Niñez y la Adolescencia para cubrir gastos administrativos de su propia operación. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿es esto permitido?

a)Sí, si los gastos administrativos son esenciales para el PANI.

b)No, bajo ninguna condición podrán ser utilizados para gastos administrativos.

c)Sí, si la Junta Directiva del PANI lo aprueba previamente.

d)No, solo si los gastos superan un porcentaje establecido.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) desea iniciar un proceso judicial para defender los derechos de un grupo de niños en estado de vulnerabilidad que han sido afectados por una política pública. Según el Código Procesal de Familia, ¿tiene el PANI legitimación para iniciar este tipo de procesos?

a)Sí, tiene legitimación para defender derechos humanos de personas vulnerables.

b)No, solo si actúa en representación de los padres o tutores de los niños.

c)Sí, pero únicamente si el caso involucra derechos difusos o colectivos.

d)No, su función se limita a la protección administrativa de la niñez.

En un juicio penal, el Fiscal del Ministerio Público solicita la absolutoria del imputado, Don Carlos, basándose en el principio in dubio pro reo. Sin embargo, el Tribunal de Juicio, tras valorar las pruebas, llega a la convicción de que existe suficiente evidencia para condenar. Según la jurisprudencia de la Sala Tercera, ¿está el Tribunal vinculado por la solicitud de absolutoria del Fiscal?

a)Sí, el Tribunal debe acatar la solicitud del Fiscal por el principio acusatorio.

b)No, el Tribunal no está sometido a las peticiones del acusador.

c)Sí, la solicitud del Fiscal es vinculante para evitar la concentración de poder.

d)No, solo si el Fiscal Superior enmienda la solicitud del inferior.

La Dirección General de Migración y Extranjería emite una resolución denegando una solicitud de residencia, basándose en un motivo que no está regulado expresamente en la ley. Un abogado, Lic. Soto, impugna la resolución alegando que el motivo no es proporcionado al contenido del acto. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿es este un argumento válido para impugnar la resolución?

a)Sí, el motivo no regulado debe ser proporcionado al contenido.

b)No, el motivo solo debe existir tal y como fue tomado en cuenta.

c)Sí, pero solo si el motivo es irrazonablemente conforme con conceptos indeterminados.

d)No, el motivo no regulado no es un requisito de validez.

La Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) presenta un proyecto a la Junta Directiva para ser financiado por el Fondo para la Niñez y la Adolescencia. Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿qué tipo de acciones deben desarrollar estos proyectos para ser financiados?

a)Acciones de protección integral de base comunitaria.

b)Acciones de desarrollo económico y social a nivel nacional.

c)Acciones de capacitación para el personal administrativo del PANI.

d)Acciones de investigación sobre la situación de la niñez.

Según la Constitución Política, el tesoro del Estado se compone de diversos elementos para el sostenimiento de los gastos públicos. ¿Cuál de los siguientes elementos se incluye expresamente en su composición?

a)Las tierras baldías y los derechos.

b)Los bienes de dominio privado y las rentas.

c)Las donaciones internacionales y los préstamos.

d)Los fondos de pensiones y las subvenciones.

María, tía de un menor de edad que necesita un tutor, desea iniciar el proceso para que se le discierna el cargo a un tutor testamentario o se nombre uno legítimo. Según el Código Procesal Civil, ¿quién está legitimado para solicitar el discernimiento de la tutela?

a)Únicamente el Patronato Nacional de la Infancia.

b)Cualquier persona con interés en el bienestar del menor.

c)El Patronato Nacional de la Infancia o cualquier pariente.

d)Solo los padres del menor, si aún viven.

La Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente del CONAPDIS busca asegurar el financiamiento del Programa para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Según la Ley N° 9379, ¿cuál de las siguientes es una fuente de recursos para este programa?

a)Un 2% de los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

b)Un 1% de los recursos de la Ley N° 8718, destinados a la autonomía de personas con discapacidad.

c)Un 0.1% de los recursos asignados al CONAPDIS por la Ley N° 7972.

d)Un 0.5% de los recursos de la Ley N° 8718, destinados a la autonomía de personas con discapacidad.

La Unidad de Autonomía Personal y Vida Independiente del CONAPDIS constata que un asistente personal ha agredido físicamente a una persona con discapacidad. Según el Reglamento a la Ley N° 9379, ¿qué acción debe tomar la Unidad en este caso?

a)Denunciar el hecho ante la instancia judicial competente e informar al INA.

b)Ofrecer un encuentro para subsanar los incumplimientos en un plazo prudencial.

c)Suspender la prestación económica a la persona con discapacidad por seis meses.

d)No asignarle más a esa persona como asistente personal y aplicar una multa.

El Ministerio de Hacienda ha remitido un proyecto de decreto a la Contraloría General de la República (CGR) para que emita un dictamen previo, conforme a las normas presupuestarias. Según la Ley de Presupuesto para 1995, ¿cuál es el plazo máximo para que la CGR rinda su dictamen?

a)Un lapso no mayor de treinta días hábiles.

b)Un lapso no mayor de quince días hábiles.

c)Un lapso no mayor de diez días naturales.

d)Un lapso no mayor de cinco días hábiles.

La Asamblea Legislativa está considerando conceder una amnistía a un grupo de personas condenadas por delitos relacionados con una manifestación política. Según la Constitución Política, ¿bajo qué condiciones puede el Poder Legislativo conceder amnistías o indultos?

a)Únicamente sobre delitos comunes, con dos terceras partes de votos.

b)Sobre cualquier tipo de delito, si lo exige el bien público, por mayoría simple.

c)Sobre delitos políticos y comunes, con tres cuartas partes de votos.

d)Únicamente sobre delitos políticos, con dos terceras partes de votos.

El Poder Ejecutivo considera que la ejecución de una ley está causando graves daños a una sección del Estado y desea suspender su cumplimiento. Según la Constitución Política, ¿qué requisito debe cumplir el Ejecutivo para suspender el cumplimiento de una ley?

a)Suspenderla de acuerdo con la Comisión permanente y dar cuenta al Poder Legislativo.

b)Suspenderla unilateralmente y luego informar al Poder Judicial para su ratificación.

c)Suspenderla con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia y publicarlo en La Gaceta.

d)Suspenderla con el voto de dos terceras partes del Consejo de Gobierno.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) desea realizar un traspaso presupuestario para aumentar la partida de gastos de representación de sus funcionarios. Según la Ley de Presupuesto para 1995, ¿es posible aumentar esta partida mediante decreto ejecutivo?

a)Sí, si cuenta con la aprobación previa de la Contraloría General de la República.

b)No, los gastos de representación no pueden aumentarse por decreto ejecutivo.

c)Sí, si se justifica por una situación de emergencia o calamidad pública.

d)No, a menos que sea un programa financiado con crédito externo.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) desea interponer una acción de inconstitucionalidad contra una ley presupuestaria que, a su juicio, incumple el porcentaje mínimo de gasto público en educación estatal establecido en la Constitución Política. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cómo se fundamenta la legitimación de APSE para esta acción?

a)Por la existencia de un asunto previo en sede administrativa o judicial.

b)Por ser una entidad pública con competencia en materia educativa.

c)Por la defensa de intereses difusos o colectivos de la educación pública.

d)Por tener un interés directo e individual en la asignación presupuestaria.

La empresa estatal RECOPE S.A. ha negociado una convención colectiva con su sindicato, SITRAPEQUIA, que incluye diversos beneficios para los trabajadores. Al presentar su solicitud de ajuste tarifario a la ARESEP, esta entidad excluye varios rubros de la convención, argumentando que no son 'costos necesarios' para la prestación del servicio público. SITRAPEQUIA considera que esta acción de ARESEP es una injerencia indebida. ¿Qué ha establecido la Sala Constitucional respecto a la competencia de ARESEP para desaplicar una convención colectiva mediante un acto administrativo?

a)ARESEP puede excluir rubros si no cumplen el principio de servicio al costo.

b)ARESEP no es competente para desaplicar una Convención Colectiva mediante un acto administrativo.

c)La ARESEP puede revisar la legalidad de las cláusulas de la convención colectiva.

d)La Contraloría General de la República debe aprobar los gastos de la convención.

Don Carlos, Ministro de Hacienda, necesita realizar un traspaso de recursos entre subpartidas dentro del programa de Servicio de la Deuda Pública. ¿Qué facultad le otorga la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el Ejercicio Económico del 2002 para realizar esta acción?

a)Solo puede realizar traspasos con aprobación previa de la Contraloría General de la República.

b)Puede realizar traspasos únicamente para atender situaciones de emergencia o calamidad pública.

c)Puede efectuar traspasos de recursos entre las subpartidas y crear las subpartidas necesarias.

d)Los traspasos están prohibidos entre subpartidas del Servicio de la Deuda Pública.

Don José, un juez de trabajo, está conociendo un caso de huelga en un servicio judicial. Los huelguistas alegan que su derecho a la huelga es absoluto. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cómo debe interpretarse la prohibición de huelga en los servicios judiciales y auxiliares?

a)Es inconstitucional, ya que el derecho a la huelga es fundamental y no puede prohibirse absolutamente.

b)Es constitucional, siempre que incida en la vida, seguridad o salud de la población.

c)Es inconstitucional por falta de consulta previa a la Corte Suprema de Justicia.

d)Es constitucional, sin necesidad de ponderar la afectación a la vida o salud.

María, una ciudadana interesada en la transparencia de las instituciones públicas, desea conocer la fuente de financiamiento de la Defensoría de los Habitantes de la República. Según la Ley de la Defensoría de los Habitantes, ¿dónde se incluye su financiamiento?

a)En el Presupuesto del Poder Ejecutivo.

b)En el Presupuesto del Poder Judicial.

c)En el Presupuesto del Poder Legislativo.

d)En un fondo especial autónomo.

La empresa "Transportes Rápidos S.A." se dedica al transporte y descarga de bienes perecederos en muelles. Sus trabajadores planean una huelga y la gerencia consulta si su actividad puede ser calificada como servicio esencial. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿qué criterio justifica considerar un servicio público como esencial, más allá de la vida, salud y seguridad de la persona?

a)Que comprometa la economía pública.

b)Que afecte directamente la libertad de tránsito.

c)Que sea de interés nacional estratégico.

d)Que involucre la prestación de servicios básicos.

Don Pedro es el curador de una quiebra y tiene en su posesión varios objetos que no pertenecen al quebrado, sino que fueron recibidos en consignación para ser entregados a un tercero. El valor de estos objetos no excede los diez mil colones y los legítimos dueños han comprobado debidamente su derecho. ¿Qué acción puede tomar Don Pedro respecto a estos bienes?

a)Entregarlos directamente a los legítimos dueños bajo su responsabilidad.

b)Solicitar autorización judicial previa para su entrega.

c)Venderlos en remate público para cubrir gastos de la quiebra.

d)Devolverlos únicamente si los dueños pagan una comisión.

Un grupo de ciudadanos ha presentado una queja ante el Poder Legislativo, alegando que el Gobierno ha infringido públicamente las leyes y causado males considerables al Estado. Según la Constitución Política, ¿qué derecho tienen estos ciudadanos en esta situación?

a)El derecho a exigir la destitución inmediata de los funcionarios responsables.

b)El derecho a hacerlo presente directamente al Poder Legislativo.

c)El derecho a iniciar un proceso judicial contra el Gobierno.

d)El derecho a convocar a un referéndum revocatorio de mandato.

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