Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Constitucional Temario Completo 07

Examen público de 75 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 sobre el temario completo de Derecho Constitucional en Costa Rica.

75 preguntasAvanzado

Derecho ConstitucionalTemario completoDerecho Constitucional SustantivoDerecho Procesal ConstitucionalPoder Judicial

Preguntas

María, una jueza de la República, considera necesario intervenir las comunicaciones de un sospechoso en un caso de crimen organizado. ¿Qué requisitos debe cumplir esta intervención según la Constitución Política?

a)Debe ser autorizada por una ley aprobada por mayoría simple de la Asamblea Legislativa, y las resoluciones judiciales no requieren ser razonadas.

b)Debe ser autorizada por ley que indique los delitos y el tiempo, con resoluciones judiciales razonadas y ejecución inmediata.

c)Requiere únicamente una orden verbal de la autoridad judicial, sin necesidad de una ley específica que la regule.

d)Puede ser ordenada por cualquier funcionario público, siempre que sea indispensable para la investigación de un delito.

La Asamblea Legislativa inicia un proceso de reforma constitucional en el año 2023. Después de la primera lectura de la proposición, se produce un cambio de legislatura en las elecciones de 2026. La nueva legislatura retoma el trámite y realiza las dos lecturas restantes. ¿Se ha incurrido en un vicio esencial en el procedimiento legislativo de reforma constitucional, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional?

a)Sí, porque el procedimiento de lectura pausada y valoración debe ser realizado en las tres ocasiones por los mismos integrantes del Parlamento.

b)No, porque lo constitucionalmente relevante es cumplir con el término de los seis días entre lecturas, sin importar la integración del Parlamento.

c)Sí, pero solo si la reforma constitucional afecta derechos fundamentales, no si es una reforma de carácter organizativo.

d)No, ya que la Constitución permite que cualquier legislatura continúe el trámite de una reforma constitucional iniciada previamente.

El Padre Andrés, un clérigo de la Iglesia Católica, utiliza su púlpito durante la misa dominical para hacer propaganda política a favor de un candidato presidencial. ¿Es esta acción permitida por la Constitución Política?

a)Sí, porque la Constitución garantiza la libertad de expresión para todos los habitantes de la República.

b)No, no se podrá hacer propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose de creencias religiosas.

c)Sí, siempre que la propaganda política no dañe la moral o el orden públicos, o no perjudique a terceros.

d)No, pero solo si la propaganda política se realiza en un recinto público, no en un lugar de culto privado.

El Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tienen un desacuerdo sobre la interpretación de una ley electoral, lo que genera un conflicto de competencia. ¿Qué órgano es competente para dirimir este conflicto, según la Constitución Política?

a)La Asamblea Legislativa, mediante una votación de dos tercios de sus miembros, por tratarse de una ley electoral.

b)La Corte Suprema de Justicia en Pleno, por ser el máximo órgano judicial del país y garante de la legalidad.

c)Una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría absoluta de sus miembros.

d)El Tribunal Supremo de Elecciones, ya que tiene a su cargo la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio.

Carlos y Damaris son acusados de usurpación de un terreno, delito que la Sala Tercera ha calificado como instantáneo de efectos permanentes. El proceso penal se ha extendido por varios años, y la defensa alega que la acción penal ha prescrito, aplicando el artículo 33 del Código Procesal Penal. ¿Cómo debe interpretarse la aplicación del artículo 33 del Código Procesal Penal en este caso, según la Sala Tercera?

a)El artículo 33 del CPP no es aplicable a delitos permanentes, ya que la prescripción no puede iniciar mientras los efectos del ilícito continúen.

b)La prescripción de la acción penal solo puede computarse a partir del cese de la ocupación violenta en el inmueble, sin reducción de plazos.

c)La aplicación del artículo 33 del CPP es discrecional para el juez, quien debe ponderar la naturaleza permanente del delito.

d)El artículo 33 del CPP se aplica una vez iniciado el procedimiento, sin importar la naturaleza del delito, reduciendo los plazos a la mitad.

La policía judicial, sin orden escrita de juez competente, allana el domicilio de Ana bajo la sospecha de que en ese momento se está cometiendo un delito. ¿Es este allanamiento constitucionalmente válido, según la Constitución Política?

a)Sí, puede ser allanado para impedir la comisión o impunidad de delitos, con sujeción a lo que prescribe la ley.

b)No, el domicilio es absolutamente inviolable y solo puede ser allanado con orden judicial escrita.

c)Sí, siempre que exista una sospecha razonable de la comisión de un delito, sin necesidad de orden judicial.

d)No, a menos que se trate de un caso de flagrancia y el allanamiento sea autorizado por el Ministerio Público.

La Asamblea Legislativa aprueba un tratado internacional que, según algunos juristas, contradice una ley ordinaria vigente en Costa Rica. ¿Qué autoridad tendrá este tratado una vez promulgado, según la Constitución Política?

a)Tendrá la misma autoridad que las leyes, aplicándose la ley posterior sobre la anterior en caso de conflicto.

b)Tendrá autoridad superior a las leyes, desde su promulgación o el día que designe el propio tratado.

c)Tendrá autoridad inferior a las leyes, requiriendo una ley posterior para su aplicación efectiva en el país.

d)Tendrá autoridad superior a las leyes, pero solo si se refiere a la integridad territorial o la organización política del país.

Una ley promulgada en 1930, antes de la Constitución Política de 1949, establece una regulación que hoy parece incompatible con los principios constitucionales actuales. ¿Cómo debe ser confrontada esta ley para determinar su vigencia y aplicación, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional?

a)Debe ser confrontada con la Constitución de 1871, bajo la cual fue promulgada, para determinar su validez original.

b)Debe ser confrontada con la Constitución de 1949 en vigor, ya que es la única Carta susceptible de ser parámetro constitucional.

c)Debe ser confrontada con ambas Constituciones, la de 1871 y la de 1949, para un análisis integral de su constitucionalidad.

d)Debe ser confrontada con la Constitución de 1949, pero solo si adoleció de vicios de constitucionalidad formal respecto a la anterior.

Don José es socio de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional y ha solicitado un servicio a la institución. ¿Qué característica debe tener el servicio que se le preste a Don José, según la Ley de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional?

a)Todo servicio que hayan de prestar los socios será gratuito, salvo la deducción de gastos y honorarios del Secretario-Tesorero.

b)Todo servicio que hayan de prestar los socios tendrá un costo administrativo que cubra los gastos operativos de la Sociedad.

c)Los servicios serán gratuitos solo si el socio tiene más de diez años de antigüedad en la Sociedad.

d)Los servicios serán gratuitos, pero los socios deberán cubrir los honorarios del Secretario-Tesorero directamente.

El Juez Carlos Solís, en ejercicio de sus funciones, decide participar activamente en una manifestación política organizada por un partido, argumentando su derecho como ciudadano.

a)Sí, porque los funcionarios judiciales tienen derecho a emitir su voto personal en elecciones populares.

b)No, porque los funcionarios judiciales no pueden tomar parte activa en reuniones o manifestaciones de carácter político.

c)Sí, siempre que la manifestación sea permitida a los demás ciudadanos y no interfiera con sus funciones.

d)No, porque solo pueden dirigir felicitaciones o censuras a otros Poderes del Estado.

Juan, un joven de 19 años, recién graduado de secundaria, desea postularse para el cargo de Alcalde.

a)Sí, si demuestra saber leer y escribir y es ciudadano en ejercicio.

b)No, porque debe ser mayor de edad para ejercer funciones judiciales.

c)Sí, si es del estado seglar y no tiene impedimentos físicos.

d)No, a menos que sea abogado y no haya otros profesionales disponibles.

Un periódico publica una caricatura que se mofa de una ceremonia religiosa pública admitida en Costa Rica.

a)Delito contra la moral pública.

b)Delito contra la Religión.

c)Delito de imprenta sin calificación específica.

d)Delito de alteración del orden público.

El líder de un sindicato es condenado penalmente por un delito de lesiones personales cometido fuera del contexto de una huelga, pero en el ejercicio de sus funciones.

a)Sí, si el delito fue cometido en el ejercicio de sus funciones como líder sindical.

b)No, porque la disolución del sindicato requiere una decisión gremial y no actos personalísimos.

c)Sí, si el sindicato fomentó actos delictuosos contra personas o propiedades.

d)No, a menos que el delito haya causado graves afectaciones al orden público o la economía.

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica debe garantizar la educación primaria para todos los niños.

a)Es gratuita y el Estado debe suministrar los elementos necesarios.

b)Es obligatoria, pero no necesariamente gratuita para todos.

c)Es universal, sin que el Estado deba proveer los recursos materiales.

d)Es nacional, pero su gratuidad depende de los recursos presupuestarios.

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Orientación ha tomado un acuerdo en materia de su competencia.

a)Se ejecutará de inmediato, salvo que se opongan recursos de revocatoria y apelación.

b)Requiere la aprobación de la Asamblea General para su ejecución.

c)Se ejecutará después de un plazo de diez días hábiles, si no hay objeciones.

d)Solo se ejecutará si no afecta los derechos de terceros o la moral pública.

Un ciudadano costarricense desea comunicarse libremente, pero teme las consecuencias legales de sus expresiones.

a)Puede comunicar sus pensamientos por la palabra, escritura e imprenta sin previa censura.

b)Solo puede comunicar sus pensamientos si no traspasa los límites establecidos por la ley.

c)Debe obtener una autorización previa para comunicar sus pensamientos por imprenta.

d)Está sujeto a penas solo si sus pensamientos causan un perjuicio directo a terceros.

Sofía, docente del Ministerio de Educación Pública (MEP), no ha recibido su salario por más de un mes debido a la inhabilitación del sistema Integra-2 del Ministerio de Hacienda, afectado por un ataque cibernético. El MEP no cuenta con un mecanismo alterno de pago. ¿Cómo debe resolver la Sala Constitucional ante esta situación?

a)Declarar sin lugar el amparo, ya que la situación se debe a un ataque cibernético, una causa externa que exime de responsabilidad a los ministerios.

b)Declarar con lugar el amparo, pues la omisión de pago por más de un mes, sin mecanismos alternos, constituye un funcionamiento anormal de la administración.

c)Declarar sin lugar el amparo, porque la Sala Constitucional no es competente para resolver sobre temas de mera legalidad como el pago de salarios.

d)Declarar con lugar el amparo, pero solo si Sofía demuestra que la falta de pago ha afectado gravemente su subsistencia y la de su familia.

Juan es imputado en un caso de delincuencia organizada y colabora eficazmente con la investigación, brindando información esencial para evitar que continúen otros delitos. El Ministerio Público, previa autorización de su superior, desea solicitar que se prescinda de la persecución penal contra Juan. ¿Cuál es la condición específica para que proceda esta solicitud en este tipo de delito?

a)Que el hecho sea insignificante o la culpabilidad de Juan sea mínima.

b)Que Juan haya sufrido daños graves que tornen desproporcionada la pena.

c)Que la pena que pueda imponerse carezca de importancia frente a otra ya impuesta.

d)Que la conducta de Juan sea menos reprochable que los hechos cuya persecución facilita.

La Procuraduría General de la República (PGR) detecta un caso de ilícitos tributarios que afectan la hacienda pública. El Ministerio Público ya ha iniciado una investigación preliminar. ¿Puede la PGR ejercer directamente la acción penal en este caso, sin subordinarse a las actuaciones del Ministerio Público?

a)No, la PGR solo puede ejercer la acción penal si el Ministerio Público se abstiene de hacerlo.

b)Sí, la PGR puede ejercer directamente la acción penal en ilícitos tributarios, sin subordinarse al Ministerio Público.

c)No, la PGR solo puede intervenir como coadyuvante del Ministerio Público en este tipo de delitos.

d)Sí, pero únicamente si el Ministerio Público le delega expresamente el ejercicio de la acción penal.

Un menor de edad es llamado a declarar en un proceso penal donde su padre es el imputado. El menor no desea declarar en contra de su padre. ¿Qué derecho le asiste al menor en esta situación, según la Ley de Justicia Penal Juvenil?

a)El derecho a no declarar contra sí mismo, pero sí contra sus parientes.

b)El derecho a abstenerse de declarar contra su padre, sin importar el grado de consanguinidad.

c)El derecho a declarar, pero solo si cuenta con la asistencia de un defensor público.

d)El derecho a abstenerse de declarar, siempre que sus padres lo autoricen expresamente.

La Iglesia Católica desea importar artículos específicamente destinados al culto religioso que no se producen en Costa Rica. Para ello, solicita la exoneración de impuestos. ¿Quién es el órgano competente para otorgar estas exoneraciones, según la ley?

a)La Asamblea Legislativa, mediante una ley especial para cada caso.

b)El Ministerio de Hacienda, a solicitud de las diócesis correspondientes.

c)El Poder Ejecutivo, a través de un decreto reglamentario.

d)El Ministerio de Comercio Exterior, si los artículos son de importación.

Don Pedro, un ciudadano de Puntarenas, solicita a la Municipalidad la concesión gratuita de un lote en "La Punta". Para que la Municipalidad le otorgue esta gracia, ¿qué debe comprobar Don Pedro mediante información administrativa?

a)Su condición de residente en el cantón por al menos diez años.

b)Su estado de pobreza, honradez y laboriosidad reconocidas.

c)Que no posee ninguna otra propiedad inmueble en el país.

d)Que tiene la capacidad económica para desarrollar un cultivo en el lote.

Un grupo de personas mayores desea participar activamente en la vida política de su comunidad, incluyendo la posibilidad de votar y ser elegidos. ¿Qué medidas deben garantizar los Estados Parte para facilitar el ejercicio de estos derechos, según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores?

a)Asegurar que los procedimientos y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.

b)Proteger el derecho a emitir su voto en secreto, sin intimidación, y permitir asistencia con consentimiento.

c)Crear mecanismos de participación ciudadana para incorporar sus opiniones en la toma de decisiones gubernamentales.

d)Todas las anteriores son medidas que deben garantizar los Estados Parte.

Un grupo de jueces de un tribunal colegiado debe tomar una decisión importante en un caso penal. ¿Qué se exige a sus integrantes en relación con la deliberación y decisión, según el Código Procesal Penal?

a)Deben intervenir activamente en la deliberación y decisión.

b)Deben someterse a la mayoría de votos para la decisión final.

c)Deben abstenerse de deliberar si tienen un conflicto de interés.

d)Deben delegar la deliberación al presidente del tribunal.

Un menor de edad desea expresar sus ideas y creencias religiosas. ¿Bajo qué condiciones puede ejercer este derecho, según el Código de la Niñez y la Adolescencia?

a)Bajo la orientación de sus padres o encargados, según la evolución de sus facultades.

b)Con total autonomía, sin ninguna restricción por parte de sus padres o tutores.

c)Solo si sus ideas y creencias son las mismas que las de sus padres o encargados.

d)Únicamente si ha alcanzado la mayoría de edad para tomar decisiones religiosas.

Un imputado es sometido a un proceso penal. ¿Qué principio fundamental garantiza que no podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo al Código Procesal Penal y con observancia estricta de las garantías?

a)El principio de objetividad.

b)El principio de juez natural.

c)El principio de legalidad.

d)El principio de estado de inocencia.

En 1845, Don Ricardo es detenido y procesado por un delito. Durante el interrogatorio, las autoridades intentan obligarlo a declarar contra sí mismo mediante coacción. ¿Qué garantía fundamental le asiste a Don Ricardo en este proceso, según la Ley de Bases y Garantías de 1841?

a)El derecho a no ser juzgado por ley dada después del hecho o retroactiva.

b)El derecho a que no se le imponga confiscación total de bienes por pena.

c)El derecho a no ser compelido con tormentos a declarar contra sí mismo.

d)El derecho a defender su vida, reputación y fortuna libremente.

En un campo de internamiento, los internados solicitan permiso para realizar sus oficios religiosos. ¿Qué libertad les asiste en este aspecto, según los Convenios de Ginebra de 1949?

a)Gozarán de libertad para el ejercicio de su religión, siempre que se ajusten a las ordenanzas disciplinarias.

b)Se les permitirá el ejercicio de su religión solo si hay ministros de su culto disponibles en el campo.

c)Tendrán libertad religiosa, pero no podrán asistir a oficios de su culto fuera del campo.

d)Su libertad religiosa estará sujeta a la aprobación de la Potencia en cuyo poder se encuentren.

La empresa "El Progreso S.A." se encuentra en un proceso concursal. Su representante legal, Don Carlos, desea enajenar un bien inmueble que forma parte del giro ordinario de la actividad económica de la empresa. ¿Qué requisito debe cumplir Don Carlos para realizar esta acción, según la Ley Concursal de Costa Rica?

a)Requerirá la autorización judicial, ya que se trata de un bien inmueble.

b)Requerirá la conformidad del interventor concursal, sin necesidad de autorización judicial.

c)Podrá disponer del bien libremente, ya que es parte del giro ordinario de la actividad.

d)Deberá solicitar la anuencia del interventor solo si no realiza actividades económicas.

En el proceso concursal de "Comercializadora del Sol S.A.", el tribunal considera que el concursado ha cesado ostensiblemente su actividad empresarial y la mayor parte de los bienes concursales son productivos. ¿Qué medida puede disponer el tribunal respecto a la administración de los bienes, según la Ley Concursal?

a)La administración de los bienes será ejercida total o parcialmente por un administrador concursal.

b)El concursado conservará la administración, pero con autorización judicial para actos de disposición.

c)Se suspenderá el proceso concursal hasta que el concursado reanude su actividad empresarial.

d)Se procederá a la liquidación inmediata de los bienes, sin nombrar un administrador concursal.

El Juez Instructor militar, en un caso grave y urgente, necesita realizar una entrada y registro en el domicilio de Don José, un costarricense. Don José se niega a dar su consentimiento. ¿Qué puede hacer el Juez Instructor en esta situación, según el Código de Justicia Militar?

a)Procederá al registro sin más trámites, haciendo constar los motivos de su resolución.

b)Deberá abstenerse del registro, ya que el consentimiento del interesado es indispensable.

c)Solicitará una orden judicial a una autoridad superior para poder realizar el registro.

d)Podrá realizar el registro solo si hay testigos presentes que avalen la urgencia.

La empresa "TecnoSoluciones S.A.", en proceso concursal, realiza un acto de disposición de activos perjudicial al concurso sin la autorización judicial requerida. ¿Qué consecuencia jurídica tiene este acto, según la Ley Concursal de Costa Rica?

a)El acto será nulo de pleno derecho y no producirá efecto alguno.

b)El acto será anulable por la vía incidental, si es perjudicial al concurso.

c)El acto será válido, pero el concursado será sancionado administrativamente.

d)El acto será inoponible a los acreedores, pero mantendrá su validez entre las partes.

La Sala Constitucional, en una consulta judicial, debe determinar la admisibilidad de la misma. ¿Cuál de los siguientes es un presupuesto fundamental para su procedencia, según la jurisprudencia de la Sala?

a)Que la formule un juez, incluso si su resolución es inválida en el proceso principal.

b)Que existan dudas fundadas sobre la constitucionalidad de la norma, acto, conducta u omisión a aplicar.

c)Que la Sala no se haya pronunciado previamente sobre la constitucionalidad de la norma en vía de acción.

d)Que exista un caso sometido al conocimiento del juzgador, aunque la aplicación de la norma sea una mera eventualidad.

La Sala Constitucional analiza la constitucionalidad de una norma que permite el uso de información obtenida mediante tortura si favorece al imputado. ¿Cuál es la postura actual de la Sala respecto a esta posibilidad, según su jurisprudencia?

a)Es constitucional, ya que la prohibición de tortura es una garantía a favor del imputado.

b)Es inconstitucional, debido a la prohibición absoluta de la tortura en cualquier caso.

c)Es constitucional, siempre que el juez valore la prueba conforme a la sana crítica racional.

d)Es inconstitucional, solo si la tortura fue realizada por agentes estatales y no por particulares.

La Sala Constitucional analiza el agotamiento de la vía administrativa como requisito de admisibilidad para un proceso contencioso-administrativo. ¿Cuál es la interpretación más favorable a los derechos fundamentales de los administrados, según la jurisprudencia de la Sala?

a)El agotamiento de la vía administrativa debe ser siempre preceptivo para garantizar la seguridad jurídica.

b)El agotamiento de la vía administrativa debe ser facultativo u optativo para el administrado.

c)El agotamiento es preceptivo, salvo en los casos de jerarquías impropias creadas por ley.

d)El agotamiento es facultativo, pero solo si el administrado no tiene capacidad económica para litigar.

La empresa estatal de electricidad, ENERGÍA CR S.A., decide implementar un nuevo plan tarifario que altera los contratos de suministro existentes con sus usuarios, argumentando razones de urgente necesidad para asegurar la eficiencia del servicio. ¿Qué consecuencia jurídica se deriva de esta acción de ENERGÍA CR S.A. según la Ley General de la Administración Pública?

a)La empresa no será responsable por los daños y perjuicios causados, ya que prevalece la urgente necesidad.

b)La empresa será responsable por los daños y perjuicios causados, a pesar de la urgente necesidad.

c)Los contratos no podrán ser alterados bajo ninguna circunstancia, prevaleciendo los derechos adquiridos.

d)Los usuarios deberán aceptar la alteración sin compensación, dado el interés público superior.

El Poder Ejecutivo emite un reglamento autónomo que restringe el derecho de asociación de los ciudadanos, un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política. ¿Cómo se valora la validez de este reglamento autónomo según la Ley General de la Administración Pública y la Constitución Política?

a)Es válido si no contradice directamente una ley, ya que los reglamentos autónomos tienen rango de ley.

b)Es nulo, pues los reglamentos autónomos están prohibidos en materia de derechos constitucionales.

c)Es válido si es necesario para el orden público, prevaleciendo sobre los derechos constitucionales.

d)Es válido si es emitido por decreto ejecutivo, sin importar la materia que regule.

Doña Ana, una ciudadana costarricense, analiza las Leyes de Elecciones de 1913 y 1925 para entender su derecho al sufragio. ¿Cuál es la diferencia textual más relevante en la prohibición del sufragio femenino entre la Ley de Elecciones de 1913 y la de 1925?

a)La Ley de 1913 prohibía expresamente el sufragio femenino, mientras que la de 1925 eliminó esa prohibición del listado.

b)La Ley de 1913 permitía el sufragio femenino bajo ciertas condiciones, a diferencia de la de 1925 que lo prohibía.

c)Ambas leyes mantenían una prohibición explícita del sufragio femenino en sus artículos sobre impedimentos.

d)La Ley de 1925 introdujo la prohibición del sufragio femenino, que no existía en la de 1913.

La Jueza María Solís, en su tiempo libre, decide participar activamente en una reunión de un partido político local para apoyar a un candidato. ¿Es la participación de la Jueza María Solís en esta reunión compatible con sus funciones, según la Ley Orgánica del Poder Judicial?

a)Sí, porque puede tomar parte activa en reuniones políticas si son permitidas a los demás ciudadanos.

b)No, porque tiene prohibido tomar parte activa en reuniones de carácter político.

c)Sí, si solo emite su voto y no realiza ninguna otra acción de apoyo.

d)No, porque solo puede participar en actos políticos si no son de un partido específico.

La Fuerza Pública realiza un retén policial basado en una "notitia criminis" que describe un vehículo robado como un Nissan Sentra, pero el vehículo detenido es un Toyota Yaris, aunque con características similares y el conductor muestra actitud nerviosa. El Tribunal de Apelación declara ineficaz el retén por la inconsistencia en la notitia criminis. ¿Cómo valora la Sala Tercera la decisión del Tribunal de Apelación respecto a la eficacia del retén policial en este caso?

a)La considera correcta, ya que la notitia criminis debe ser inequívoca y exacta para legitimar el retén.

b)La considera errónea, pues la notitia criminis no requiere ser exacta en la etapa inicial de investigación.

c)La considera correcta, porque la inconsistencia en la notitia criminis genera una duda razonable sobre la actuación policial.

d)La considera errónea, pero solo si el conductor hubiera dado su consentimiento para la revisión del vehículo.

La Sala Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad de una norma de cualquier naturaleza. ¿Qué mayoría de sus miembros se requiere para esta declaratoria, según la Constitución Política?

a)Mayoría simple de sus miembros presentes en la sesión.

b)Mayoría absoluta de sus miembros, sin importar los presentes.

c)Dos tercios de la totalidad de sus miembros para casos de leyes.

d)Unanimidad de los miembros para normas de rango constitucional.

El Directorio Provisional de la Asamblea Legislativa debe actuar en la primera sesión de la primera legislatura de un período constitucional. ¿Quiénes lo conforman, según el Reglamento de la Asamblea Legislativa?

a)Los seis diputados de mayor edad, encabezando sus respectivas papeletas.

b)Los diputados electos por mayoría simple, designados por el Tribunal Supremo de Elecciones.

c)Los miembros del Directorio saliente, hasta la juramentación de los nuevos.

d)Los diputados más jóvenes, para asegurar la renovación de los cargos.

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Nutrición ha tomado un acuerdo en materia de su competencia. ¿Cuándo se ejecutará este acuerdo, según la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Nutrición?

a)Se ejecutará de inmediato, si no se oponen recursos de revocatoria y apelación.

b)Se ejecutará después de transcurridos tres días hábiles sin que se presenten recursos.

c)Se ejecutará una vez que sea ratificado por la Asamblea General del Colegio.

d)Se ejecutará solo si no es contrario a las resoluciones de la Asamblea General.

La Administración Pública en Costa Rica está constituida por el Estado y otros entes públicos. ¿Qué característica fundamental comparten estos entes, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Cada uno posee personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.

b)Todos se rigen exclusivamente por el derecho público en su organización y actividad.

c)Su actividad se sujeta a los principios del servicio público, sin alterar contratos existentes.

d)Las reglas del Estado se aplican a los otros entes solo si no tienen norma especial.

La Municipalidad de Cartago y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) discrepan sobre la interpretación de una normativa local que afecta el proceso de inscripción de candidaturas municipales. ¿Qué órgano es competente para resolver este conflicto de competencia constitucional?

a)La jurisdicción constitucional, al ser un conflicto de competencia constitucional entre entes de Derecho Público.

b)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un asunto de legalidad administrativa.

c)El Tribunal Contencioso Administrativo, ya que involucra una normativa local y un ente público.

d)La Asamblea Legislativa, por ser el órgano que emite las leyes que regulan las competencias.

Durante una investigación penal, el Oficial Soto obtiene información relevante mediante una indebida intromisión en la correspondencia privada de un sospechoso, sin orden judicial. Posteriormente, esta información resulta crucial para demostrar la inocencia del sospechoso. ¿Bajo qué condición específica podría utilizarse esta información en el proceso penal?

a)Solo si la información es obtenida por un medio lícito e incorporada al procedimiento conforme a las disposiciones del Código.

b)Única y exclusivamente en lo que beneficie a la víctima de dichas conductas en su condición de imputada.

c)Si se cuenta con el consentimiento expreso del sospechoso, sin importar el medio de obtención.

d)Siempre que la información sea relevante para el esclarecimiento de la verdad real de los hechos.

La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica aprueba un acuerdo en una materia de su competencia. Un miembro del colegio, Carlos, desea impugnar este acuerdo. ¿Cuándo se ejecutará este acuerdo, si Carlos interpone los recursos de revocatoria y apelación de forma oportuna?

a)Se ejecutará una vez que los recursos de revocatoria y apelación hayan sido resueltos.

b)Se ejecutará de inmediato, siempre y cuando contra ellos no se interpongan, oportunamente, los recursos de revocatoria y apelación.

c)Se ejecutará después de un plazo de diez días hábiles, si no se ha notificado la interposición de recursos.

d)Se ejecutará solo si el acuerdo es ratificado por la Asamblea General del Colegio.

Laura, una ciudadana costarricense, se traslada a España y se inscribe en el consulado de Costa Rica en Madrid 20 días después de establecer su residencia. ¿Qué derechos percibirá el Cónsul por esta primera inscripción?

a)Los derechos que determina el Arancel, por haber excedido el plazo de un mes.

b)Una tarifa reducida, al haberse inscrito dentro del primer mes de residencia.

c)No percibirá otros derechos que los que correspondan a la certificación que libre.

d)Ningún derecho, ya que toda primera inscripción consular es gratuita.

Juan, un ciudadano costarricense, considera que una nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa vulnera un derecho fundamental consagrado en un instrumento internacional de derechos humanos vigente en Costa Rica. ¿Cuál es el objeto de la jurisdicción constitucional al que Juan podría apelar?

a)Garantizar la supremacía de las normas constitucionales y del Derecho Internacional, así como los derechos y libertades fundamentales.

b)Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público.

c)Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado y los entes descentralizados.

d)Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la ley le atribuyan, sin especificar derechos fundamentales.

Ana, una funcionaria pública, desea oponerse a recibir una capacitación obligatoria que considera contraria a sus convicciones éticas y morales. ¿Qué mecanismo puede utilizar Ana para comunicar su objeción de conciencia, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional?

a)Una solicitud formal ante su superior jerárquico, quien evaluará la pertinencia de la objeción.

b)Un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando la vulneración de su libertad de conciencia.

c)Una declaración jurada, que es un mecanismo apto, ágil y sencillo.

d)Una carta simple dirigida a la oficina de recursos humanos, sin necesidad de formalidades adicionales.

El Juez Fernando, nombrado antes de la entrada en vigor del matrimonio entre personas del mismo sexo, se niega a celebrar un matrimonio entre dos personas del mismo sexo por objeción de conciencia. ¿Es admisible esta objeción en el ejercicio de la función judicial, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional?

a)No, porque los jueces están obligados a cumplir todas sus funciones sin objeción de conciencia, al aceptar el cargo.

b)Sí, siempre que el juez acredite la existencia del motivo de conciencia y el Poder Judicial garantice la continuidad del servicio.

c)No, ya que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando conlleva un acto de discriminación.

d)Sí, es admisible si se trata de una situación sobrevenida y el Poder Judicial garantiza la continuidad del servicio.

La Sala Constitucional ha establecido que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) posee un estatus particular dentro de la estructura del Estado costarricense. ¿Qué rango y autonomía se le atribuyen al TSE por voluntad del constituyente?

a)El rango e independencia de los Poderes del Estado.

b)Un rango superior a los Poderes del Estado en materia electoral.

c)Un rango de ente descentralizado con autonomía funcional.

d)El rango de un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.

La empresa "Inversiones del Sur S.A." tiene acciones comunes. Su socio mayoritario, Carlos, desea conocer el derecho fundamental que cada una de estas acciones le otorga en las asambleas. ¿Qué derecho tiene cada acción común, según el Código de Comercio?

a)Derecho a un voto, sin restricciones totales o parciales en el acto constitutivo.

b)Derecho a un voto, con posibles restricciones en el acto constitutivo para acciones privilegiadas.

c)Derecho a voto plural, si así lo establece el acto constitutivo de la sociedad.

d)Derecho a voto solo en asambleas extraordinarias, salvo pacto en contrario.

Carlos, un ciudadano de 25 años, desea postularse para un cargo público en su país. Sin embargo, una nueva ley establece que solo las personas mayores de 30 años pueden acceder a dicho cargo. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿por cuáles razones puede la ley reglamentar el ejercicio de los derechos políticos?

a)Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena penal.

b)Por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena penal, y por cualquier otra razón de interés público.

c)Por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena penal, y por razones de afiliación política.

d)Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena penal, y por razones de género.

Un grupo de jóvenes de 16 años, organizados en una asociación estudiantil, desea presentar una demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para impugnar una resolución del Ministerio de Educación Pública que consideran lesiva a sus intereses. Según el Código Procesal Contencioso-Administrativo, ¿tendrán capacidad procesal para hacerlo?

a)No, porque los menores de edad siempre requieren de un representante legal para comparecer en juicio.

b)Sí, si cuentan con la autorización expresa de sus padres o tutores legales.

c)Sí, cuando puedan hacerlo en forma directa, sin necesidad de que concurra su representante.

d)No, porque solo las personas mayores de edad tienen capacidad procesal en esta jurisdicción.

Ana, una candidata a un puesto de elección popular, denuncia ser víctima de violencia política. Durante la investigación, las autoridades la someten a interrogatorios repetitivos y humillantes. Según la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política, ¿qué principio se está vulnerando en este caso?

a)El principio de confidencialidad de la identidad de la denunciante.

b)El principio de no revictimización de la mujer denunciante.

c)El principio de celeridad en la investigación de los hechos denunciados.

d)El principio de acceso público a la información de las sanciones impuestas.

En un contexto de grave emergencia nacional, el Estado de Costa Rica decide suspender algunas garantías constitucionales para mantener el orden público. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece derechos que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál de los siguientes derechos NO puede ser suspendido, según la Convención?

a)El derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

b)El derecho de reunión pacífica y sin armas.

c)El derecho a la propiedad privada.

d)La libertad de conciencia y de religión.

Juan, un ciudadano costarricense, ha sido condenado en sentencia firme por error judicial. Busca una reparación por el daño sufrido. Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿qué derecho le asiste a Juan en esta situación?

a)El derecho a ser indemnizado conforme a la ley.

b)El derecho a la revisión de su caso por un tribunal superior.

c)El derecho a la anulación de la sentencia y un nuevo juicio.

d)El derecho a una disculpa pública por parte del Estado.

María es víctima de un delito grave y teme por su seguridad si sus datos de identificación se hacen públicos en el proceso. ¿Qué medida de protección procesal puede solicitar María, según la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal?

a)La reubicación en un domicilio secreto coordinado por la Oficina de Atención a la Víctima.

b)La asignación de custodia policial permanente para ella y sus familiares.

c)La reserva de sus datos de identificación, como nombre, cédula y domicilio.

d)La utilización de seudónimos o nombres ficticios para todas sus comunicaciones.

Según el Código Penal, ¿qué principio fundamental establece que nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad no establecidas previamente?

a)El principio de culpabilidad.

b)El principio de proporcionalidad.

c)El principio de irretroactividad.

d)El principio de legalidad.

Sofía, empleada de una empresa privada, es citada por un juez para testificar en un proceso judicial. ¿Qué derecho le asiste a Sofía en relación con su empleo por asistir a esta diligencia, según la Ley de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal?

a)Tiene derecho a una licencia sin goce de salario, debiendo justificar su ausencia.

b)Tiene derecho a licencia con goce de salario por el tiempo necesario para la diligencia.

c)Puede solicitar un permiso especial a su patrono, quien decidirá si es con o sin goce de salario.

d)Su patrono debe otorgarle un día libre compensatorio por su asistencia judicial.

En un tribunal colegiado, uno de los jueces no participa activamente en la redacción de la sentencia, aunque sí en la deliberación y votación. Según la Sala Tercera, ¿qué consecuencia jurídica tiene esta situación en la validez del fallo?

a)Implica la desintegración del órgano colegiado y un vicio absoluto.

b)Genera un defecto relativo que puede ser subsanado por los otros jueces.

c)No afecta la validez si hubo participación en la deliberación y votación.

d)Requiere la repetición de la fase de redacción con la participación de todos.

La Asamblea Legislativa inicia un proceso de reforma constitucional en el año 2023. Después de la primera lectura de la proposición, se produce un cambio de legislatura en las elecciones de 2026. La nueva legislatura retoma el trámite y realiza las dos lecturas restantes. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿qué vicio se ha presentado en este procedimiento legislativo?

a)Un vicio de forma, al no cumplirse el plazo de seis días entre lecturas por la misma legislatura.

b)Un vicio esencial, ya que las tres lecturas deben ser realizadas por la misma integración parlamentaria.

c)Ningún vicio, pues el requisito de las lecturas puede ser cumplido por legislaturas distintas.

d)Un vicio de fondo, al no permitir la reflexión pausada de la reforma por los nuevos legisladores.

Don Carlos, representante de una empresa concursada, desea interponer una acción judicial que podría comprometer bienes del concurso. ¿Qué requisito debe cumplir Don Carlos para realizar esta acción, según la Ley Concursal de Costa Rica?

a)Obtener la autorización expresa del interventor concursal.

b)Informar al tribunal sobre la acción judicial a interponer.

c)Contar con la aprobación de la junta de acreedores.

d)Presentar una garantía que cubra el posible compromiso de bienes.

Don Pedro, un concursado persona física, se encuentra en una situación donde sus bienes inembargables e ingresos son insuficientes para su manutención y la de su familia dependiente. ¿Bajo qué condición NO procederá su derecho a percibir alimentos a cargo de la masa, según la Ley Concursal?

a)Si el núcleo familiar dependiente cuenta con ingresos suficientes para su manutención.

b)Si el concursado recibe colaboración económica suficiente de terceros.

c)Si puede percibirlos de otras personas legalmente obligadas a ello.

d)Si el concursado ha ocultado bienes o ingresos al tribunal concursal.

Don Juan, un agricultor, interpone una demanda ante un juzgado agrario. Desea que la publicación de una resolución se realice sin costo. ¿Qué opción tiene Don Juan para lograrlo, según el Código Procesal Agrario?

a)Solicitar la publicación en un diario de circulación nacional, asumiendo el costo.

b)Elegir la publicación gratuita en el Boletín Judicial, salvo disposición en contrario.

c)Pedir al juez que exonere el costo de publicación en cualquier medio.

d)Realizar la publicación en un medio digital oficial del Poder Judicial.

María, una parte en un proceso agrario, desea acceder a la defensa técnica gratuita. ¿Qué requisito debe cumplir María para obtener este beneficio, según el Código Procesal Agrario?

a)Presentar una solicitud directamente ante el juez que conoce el caso.

b)Acreditar plenamente la carencia de recursos económicos suficientes.

c)Demostrar que su pretensión es de interés público o social.

d)Ser menor de edad o persona en condición de vulnerabilidad.

Ana interpone una demanda en materia familiar. Desea que la tramitación del asunto esté exenta de costos. ¿Qué principio rige en las actuaciones jurisdiccionales para conceder la gratuidad, según el Código Procesal de Familia?

a)El principio de celeridad, para evitar dilaciones innecesarias en el proceso.

b)El principio de interés superior del menor, si hay niños involucrados.

c)El principio de gratuidad, según las condiciones socioeconómicas de los intervinientes.

d)El principio de buena fe procesal, para evitar abusos del derecho.

La Asamblea Legislativa aprueba un tratado internacional que regula la integridad territorial del país. Para su aprobación, se requiere una votación calificada. ¿Cuál es la mayoría necesaria para la aprobación de este tratado, según la Constitución Política?

a)Las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

b)La mayoría absoluta de los miembros presentes en la sesión de la Asamblea Legislativa.

c)Las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.

d)La mayoría simple de los votos emitidos en la Asamblea Legislativa.

Un grupo religioso minoritario en Costa Rica desea practicar sus ritos en público, pero el Gobierno local les prohíbe hacerlo, argumentando que debe cuidar la religión de sus pueblos. ¿Es esta prohibición compatible con la Constitución Federal de Centro América de 1835?

a)Sí, porque los Estados deben mantener todo el culto en armonía con las leyes.

b)No, porque los habitantes de la república pueden adorar a Dios según su conciencia.

c)Sí, si la práctica de los ritos atenta contra la moral pública o el orden establecido.

d)No, ya que el Gobierno general protege la libertad del culto religioso sin restricciones.

La Jueza María Solís, en su tiempo libre, decide participar activamente en una reunión de un partido político local para apoyar a un candidato. ¿Es la participación de la Jueza María Solís en esta reunión compatible con sus funciones, según la Ley Orgánica de Tribunales de 1887?

a)Sí, porque es un derecho ciudadano participar en actos políticos.

b)No, porque los funcionarios judiciales no pueden tomar parte activa en actos políticos.

c)Sí, siempre que no utilice su cargo para influir en el resultado electoral.

d)No, si la reunión se realiza en horas laborales o en la sede judicial.

El Juez de Primera Instancia, Don Fernando, es suspendido de sus funciones por un auto que da lugar a formación de causa criminal en su contra. ¿Cuál es la naturaleza de esta suspensión, según la Ley Orgánica de Tribunales de 1887?

a)Es una suspensión temporal, que cesa al finalizar el proceso penal.

b)Es una suspensión definitiva, que implica la destitución inmediata del cargo.

c)Es una suspensión de funciones, mientras dure el proceso criminal.

d)Es una suspensión preventiva, que requiere la aprobación de la Corte Plena.

El Poder Judicial de Costa Rica necesita adquirir nuevos equipos informáticos para sus oficinas. ¿Qué normativa rige la contratación de estos servicios, obras, materiales y equipo, según la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2007?

a)La Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

b)Un reglamento interno emitido por la Corte Suprema de Justicia.

c)Las directrices de la Contraloría General de la República.

d)La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.

El Consejo Superior del Poder Judicial desea variar los requerimientos de recursos humanos de un título presupuestario. ¿Qué aprobación adicional se requiere para realizar estas modificaciones, según la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2007?

a)La aprobación del Ministro de Hacienda.

b)La ratificación de la Asamblea Legislativa.

c)La consulta previa a los sindicatos del Poder Judicial.

d)La autorización de la Contraloría General de la República.

El Poder Ejecutivo de Costa Rica, en un contexto de grave crisis, asume la plenitud de los Poderes. ¿Qué sucede con el Poder Judicial en esta situación, según el Decreto N° 74 de 1892?

a)El Poder Judicial suspende sus funciones hasta que cese la crisis.

b)El Poder Judicial continúa funcionando con arreglo a las leyes vigentes.

c)El Poder Judicial queda subordinado al Poder Ejecutivo durante la crisis.

d)Los jueces del Poder Judicial son reemplazados por funcionarios ejecutivos.

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