Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Constitucional - Derecho Procesal Constitucional V03

Examen público de 50 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Derecho Procesal Constitucional dentro de Derecho Constitucional en Costa Rica.

50 preguntasAvanzado

Derecho ConstitucionalBloque temáticoDerecho Procesal ConstitucionalImpulso de oficioCeleridad procesal

Preguntas

La empresa 'Construcciones Rápidas S.A.' ha sido demandada por uno de sus extrabajadores, Juan Pérez, ante los tribunales de trabajo. El proceso se ha estancado debido a que ninguna de las partes ha presentado nuevas gestiones en los últimos tres meses. Ante esta situación, ¿qué deben hacer los órganos de la jurisdicción laboral según el Código de Trabajo?

a)Esperar la gestión de alguna de las partes para continuar con el avance del proceso.

b)Dictar de oficio todas las medidas dirigidas al avance y finalización del proceso.

c)Archivar el expediente por inactividad procesal de las partes involucradas.

d)Solicitar a las partes que justifiquen la inactividad antes de tomar cualquier medida.

Don Ricardo, un pequeño agricultor, necesita iniciar un proceso agrario para defender la posesión de su terreno. Su abogado le informa sobre los costos asociados a los trámites judiciales. Considerando la normativa agraria, ¿qué exenciones aplican a su caso?

a)Estará exento de timbres y depósitos de dinero, pero deberá aportar las copias requeridas.

b)Deberá rendir garantías y depósitos, pero litigará en papel común y sin timbres.

c)Litigará con exención de timbres, sin obligación de copias, garantías o depósitos.

d)Solo estará exento de timbres, debiendo cubrir los demás costos procesales.

María, una abogada, debe presentar un escrito en un proceso agrario. Se pregunta si existen requisitos formales estrictos para la presentación de los actos procesales. ¿Qué establece el Código Procesal Agrario al respecto?

a)Los actos procesales deben seguir formas preestablecidas por el reglamento judicial.

b)Los actos procesales no están sujetos a formas determinadas, salvo ley o finalidad.

c)Los actos procesales requieren siempre de una forma escrita y protocolizada.

d)Los actos procesales solo son válidos si se presentan en formatos electrónicos específicos.

En un caso de usurpación, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia debe determinar si la acción penal ha prescrito. Los imputados, Carlos y Damaris, despojaron violentamente un inmueble para instalar un centro educativo, el cual sigue funcionando. El Tribunal de Apelación de Sentencia había declarado la prescripción basándose en que la participación de los imputados se limitó al despojo inicial. ¿Cuál es el criterio de la Sala Tercera respecto a la prescripción en este tipo de delitos?

a)La prescripción inicia desde el despojo inicial, pues la participación de los imputados cesó.

b)La prescripción no aplica a delitos permanentes, siendo estos imprescriptibles.

c)La prescripción inicia cuando cesa la permanencia física de los imputados en el inmueble.

d)La prescripción no inicia mientras los efectos del ilícito continúen, como la desposesión.

María fue despedida de la empresa 'Distribuidora Chemo S.A.' y considera que su despido fue arbitrario, sin que se le indicaran las razones objetivas. Su abogada le sugiere interponer un recurso de amparo. ¿Bajo qué condición es admisible un recurso de amparo contra una empresa privada como 'Distribuidora Chemo S.A.'?

a)Si la empresa ejerce funciones públicas o tiene una posición de poder frente a los afectados.

b)Si la empresa viola cualquier derecho fundamental de la persona afectada en el caso.

c)Si ejerce funciones públicas o tiene posición de poder, y los remedios comunes son insuficientes.

d)Si la empresa es regulada por el Estado, sin importar su posición de poder frente a terceros.

Don José, un solicitante de tierras al Instituto de Desarrollo Rural (INDER), se preocupa por los costos de los trámites. ¿Qué establece la ley respecto a la gratuidad de los trámites que realiza el INDER con motivo de la asignación de tierras?

a)Los trámites están exonerados de todo tributo y cargas fiscales.

b)Los trámites solo están exonerados de tributos, no de cargas fiscales.

c)Los trámites requieren el pago de tributos, pero no de cargas fiscales.

d)Los trámites son gratuitos solo para personas en condición de vulnerabilidad.

En el ámbito del Derecho Civil, se discute la naturaleza de un contrato de préstamo. ¿Qué característica fundamental define al préstamo, ya sea comodato o mutuo, según el Código Civil?

a)Es un contrato oneroso, siempre que se estipule un interés.

b)Es un contrato gratuito, por su propia naturaleza legal.

c)Es un contrato aleatorio, dependiendo de las circunstancias.

d)Es un contrato conmutativo, con prestaciones recíprocas.

Un funcionario público, Juan, ha sido condenado a la pena de inhabilitación especial perpetua para un cargo público. ¿Qué efectos produce esta pena según el Código Penal de 1880?

a)La privación del cargo por el tiempo de la condena y la incapacidad temporal.

b)La privación del cargo y la incapacidad para obtenerlo, por un tiempo determinado.

c)La suspensión del cargo y la privación de sueldo, durante el tiempo de la condena.

d)La privación del cargo y la incapacidad para obtenerlo, ambas de forma perpetua.

El Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tienen un desacuerdo sobre la competencia para emitir una regulación específica. ¿Qué órgano es competente para dirimir este conflicto según la Constitución Política?

a)Una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría absoluta.

b)La Asamblea Legislativa, mediante una votación de dos tercios de sus miembros.

c)El Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e independencia de los Poderes.

d)La Corte Suprema de Justicia en pleno, por votación de la mayoría simple.

Un grupo de ciudadanos, liderado por Ana, ha presentado una petición formal ante una entidad oficial solicitando información sobre un proyecto público. Han pasado varios meses sin recibir respuesta. ¿Qué garantía constitucional protege a Ana y al grupo en esta situación?

a)El derecho a la información pública, que obliga a la entidad a responder.

b)La libertad de petición y el derecho a obtener pronta resolución.

c)El derecho a la participación ciudadana en asuntos de interés público.

d)La garantía de acceso a la justicia, que asegura una respuesta judicial.

Un abogado, Marco, está asesorando a un cliente que desea iniciar un proceso agrario. Marco le explica que, en virtud del impulso procesal de oficio, los tribunales agrarios están facultados para conducir la tramitación sin necesidad de gestión de partes. Además, ¿qué otra facultad tienen estos tribunales para corregir irregularidades que afecten la validez del proceso?

a)Declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, por iniciativa propia.

b)Aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, sin considerar la legislación laboral.

c)Archivar el expediente si las partes no subsanan las irregularidades detectadas.

d)Remitir el caso a la Sala Constitucional para que declare la nulidad.

Un abogado, al interpretar una disposición legal que restringe la libertad personal de su cliente, busca la aplicación más favorable. Según el Código Procesal Penal, ¿cómo debe interpretarse dicha disposición?

a)De forma extensiva, para abarcar todos los supuestos posibles que limiten la libertad.

b)Mediante analogía, si esta no favorece la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad.

c)Restrictivamente, prohibiéndose la interpretación extensiva y la analogía, salvo que favorezcan la libertad del imputado.

d)De manera amplia, para garantizar la seguridad jurídica y el orden público en el proceso.

En un proceso laboral, el juez Juan Pérez ha acumulado un retraso considerable en el dictado de resoluciones, afectando la celeridad del expediente. ¿Qué consecuencia podría enfrentar el juez Juan Pérez según la Reforma Procesal Laboral?

a)Podrá ser declarado responsable de los daños y perjuicios causados, considerándose su conducta como falta grave.

b)Será amonestado verbalmente por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por el retraso.

c)Se le impondrá una multa económica proporcional al tiempo de retraso acumulado en el expediente.

d)Recibirá una suspensión temporal de sus funciones sin responsabilidad por daños.

Un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa desea interponer una consulta de constitucionalidad sobre un proyecto de ley. ¿En qué momento del trámite legislativo debe presentarse esta consulta, según el Reglamento de la Asamblea Legislativa?

a)Antes de la votación en primer debate y después de la presentación del proyecto.

b)Después de la votación en segundo debate y antes de la sanción presidencial.

c)Después de la votación en primer debate y antes de la del segundo debate.

d)En cualquier momento del trámite, siempre que sea antes de su publicación.

Un trabajador, Juan, necesita publicar un aviso en el periódico oficial como parte de un proceso laboral. Considerando el principio de gratuidad en la Reforma Procesal Laboral, ¿qué aplica a esta situación?

a)Las publicaciones que deban hacerse en el periódico oficial serán gratuitas para Juan.

b)Juan deberá pagar una tarifa reducida por la publicación, conforme a la ley de timbres.

c)La publicación será gratuita solo si Juan demuestra insuficiencia de recursos económicos.

d)Juan debe cubrir el costo total de la publicación, sin exenciones.

La Asamblea Legislativa está tramitando un proyecto de ley que modifica sustancialmente las funciones jurisdiccionales de los jueces laborales. Un grupo de diputados argumenta que se requiere una consulta previa a la Corte Suprema de Justicia. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cuándo es obligatoria esta consulta?

a)Cuando el proyecto de ley tenga cualquier incidencia, directa o indirecta, en el Poder Judicial.

b)Cuando el proyecto de ley cree, varíe sustancialmente o suprima órganos o funciones jurisdiccionales o administrativas adscritas al Poder Judicial.

c)Solo cuando el proyecto de ley se refiera a la creación o supresión de tribunales de justicia, no a sus funciones.

d)Únicamente si el proyecto de ley afecta el presupuesto o la autonomía administrativa del Poder Judicial.

Según la Ley de Imprenta de 1872, ¿cuál es el plazo para resolver los recursos de nulidad a que se refiere esta ley?

a)Ocho días, contados desde la recepción del expediente en el Tribunal Supremo.

b)Quince días, contados desde la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo.

c)Treinta días, contados desde la notificación de la resolución impugnada.

d)Diez días hábiles, contados desde la presentación del recurso.

Un acusado en un proceso penal es presionado por las autoridades para que declare contra sí mismo. ¿Qué garantía judicial mínima, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se está vulnerando en este caso?

a)El derecho a ser asistido por un defensor de su elección y comunicarse libremente.

b)El derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.

c)El derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

d)El derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior para su revisión.

María y Juan están en medio de un proceso de divorcio en un tribunal de familia. El expediente ha estado inactivo por varias semanas, y María está preocupada por la demora. Su abogada le explica que, en este tipo de procesos, los tribunales tienen la obligación de actuar de cierta manera para evitar dilaciones.

a)El principio de equilibrio procesal, que busca la igualdad de condiciones entre las partes.

b)El principio de buena fe, que exige una conducta leal y honesta de todos los intervinientes.

c)El principio de impulso procesal de oficio, que promueve la actividad judicial sin gestión de parte.

d)El principio de economía procesal, que busca la reducción de costos y tiempos en el proceso.

Sofía, una madre soltera con recursos económicos limitados, necesita iniciar un proceso de pensión alimentaria para su hijo. Le preocupa el costo de los trámites judiciales, incluyendo tasas, impuestos y timbres.

a)La tramitación estará exenta del pago de tasas, impuestos y timbres de todo tipo.

b)Deberá pagar las tasas y timbres, pero estará exenta de impuestos si demuestra su condición.

c)Solo se le eximirá del pago de timbres, debiendo cubrir las tasas y los impuestos.

d)La gratuidad se aplicará únicamente si la autoridad judicial lo considera necesario.

Don Carlos, de 85 años, es parte en un proceso judicial que lleva más de 10 años en trámite. Su salud se ha deteriorado y su abogado busca que el caso avance con mayor rapidez, invocando la protección especial que le corresponde por su edad.

a)Asegurar que la actuación judicial sea particularmente expedita solo si la salud o vida de la persona está en riesgo.

b)Garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial para la tramitación, resolución y ejecución de decisiones.

c)Promover mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar la vía judicial en estos casos.

d)Adoptar ajustes de procedimiento en todas las etapas, siempre que no afecten la igualdad procesal.

En un juicio ordinario de trabajo de menor cuantía, el Tribunal ha señalado día y hora para la audiencia oral y pública. Durante la preparación, el instructor se da cuenta de que hay varias pruebas que podrían agilizar la resolución si se manejan de forma particular.

a)Gozará de las más amplias facultades para idear y adoptar las formas procedimentales que mejor convengan.

b)Deberá seguir estrictamente las formas procedimentales establecidas en el Código Procesal Civil.

c)Podrá limitar la prueba que considere innecesaria, pero no podrá idear nuevas formas procedimentales.

d)Sus facultades se restringen a la fijación de hechos a probar y la evacuación de la prueba pertinente.

En un proceso de familia, las partes han presentado sus argumentos iniciales, pero el expediente ha quedado estancado sin que se realicen nuevas actuaciones. El juez desea que el proceso avance de manera continua.

a)El principio de equilibrio procesal, que busca la igualdad de condiciones entre las partes.

b)El principio de impulso procesal de oficio, que promueve la actividad judicial sin gestión de parte.

c)El principio de buena fe, que exige una conducta leal y honesta de todos los intervinientes.

d)El principio de celeridad procesal, que busca la pronta resolución del asunto.

Don Pedro, de 70 años, ha interpuesto un recurso de amparo alegando mora judicial en un proceso penal que lleva 5 años en investigación, sin que se haya dictado auto de apertura a juicio. La Sala Constitucional, por regla general, solo admite estos amparos si el proceso ha concluido.

a)Si el proceso penal es de tramitación compleja y requiere una investigación exhaustiva.

b)Únicamente si se demuestra que la mora judicial es atribuible a un único despacho judicial.

c)Si el imputado ha realizado acciones dilatorias que impiden el avance del proceso.

d)Cuando la Sala estime que existe una infracción grosera que debe ser atendida.

La empresa "Comercializadora del Sol S.A." está siendo auditada por la Administración Tributaria. El procedimiento se ha extendido más de lo esperado, y la empresa desea que se concluya con prontitud.

a)Lograr un máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento jurídico.

b)Priorizar la recaudación fiscal, incluso si ello implica una menor celeridad en el proceso.

c)Conducir el procedimiento con estricto apego a los límites de racionalidad y razonabilidad.

d)Adoptar sus resoluciones con la intención de proteger los intereses legítimos del contribuyente.

Un ciudadano, Juan, es acusado en un proceso criminal. Su abogado busca asegurar que se respeten todas las garantías fundamentales de su cliente, conforme a la Constitución Política de 1847.

a)Ser juzgado por un jurado popular en todos los casos, sin excepción.

b)Tener derecho a un recurso de apelación en todas las instancias judiciales.

c)Ser informado de la naturaleza y causa de la acusación hecha contra él.

d)Que los testigos se le presenten cara a cara, sin posibilidad de excepción.

Un experto en derecho internacional analiza las recomendaciones del GAFI sobre el decomiso de bienes y su relación con los ordenamientos jurídicos nacionales. Se pregunta qué elementos se consideran "principios fundamentales de derecho interno" que deben ser respetados.

a)La capacidad de los Estados para congelar o incautar bienes sin requerir una condena penal.

b)La obligación de los países de contar con sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas.

c)La posibilidad de decomisar bienes sin que se requiera que el imputado demuestre su origen lícito.

d)El derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la protección eficaz de los tribunales.

El Juez de un despacho judicial en San José se excusa de conocer un caso por tener parentesco con una de las partes. No hay otros jueces disponibles en el mismo lugar para suplirlo.

a)El Presidente de la Corte designará a un juez de otro circuito judicial para que conozca el asunto.

b)Serán llamados los suplentes respectivos y, si la causal los comprende, conocerá el titular del despacho.

c)El caso será remitido al Tribunal Superior para que designe a un juez ad-hoc para el conocimiento.

d)Se designará a un servidor de igual categoría del mismo despacho para que asuma la suplencia.

La Asamblea Legislativa ha aprobado una reforma constitucional sin que el proyecto haya sido publicado formalmente en el diario Oficial La Gaceta antes de su votación en primer debate de primera legislatura. Un grupo de ciudadanos impugna la reforma alegando un vicio sustancial de procedimiento.

a)Asegurar la participación ciudadana que propicia la vigencia de los valores de la democracia directa.

b)Cumplir con un protocolo formal para evitar la nulidad de la reforma por vicios de procedimiento.

c)Permitir que los representantes legislativos tengan tiempo suficiente para debatir el proyecto.

d)Garantizar que la decisión se adopte de espaldas al soberano de soberanos en una democracia.

En un proceso de familia, el juez debe aplicar el sistema procesal establecido por el Código Procesal de Familia. Se pregunta cuál es el sistema procesal preferente para los procedimientos que regula.

a)El sistema procesal escrito, con aplicación del principio de publicidad.

b)El sistema procesal mixto, combinando oralidad y escritura según la etapa.

c)El sistema procesal inquisitivo, con énfasis en la investigación judicial.

d)El sistema procesal de oralidad, con aplicación del principio de privacidad.

Un funcionario del Poder Judicial, el Lic. Soto, es nombrado para un cargo que le otorga derecho a recibir pago por dedicación exclusiva. Sin embargo, él desea ejercer su profesión fuera del Poder Judicial en sus horas libres.

a)Puede ejercer su profesión fuera del Poder Judicial si no hay superposición horaria y la Corte lo autoriza.

b)Está prohibido ejercer la profesión por la que fue nombrado fuera del Poder Judicial, incluso con licencia.

c)Puede ejercer su profesión si renuncia al pago por dedicación exclusiva y no es administrador de justicia.

d)La prohibición no aplica si no se desempeña como asesor o defensor público.

La Magistrada Ana María Solano, miembro propietario de la Sala Constitucional, desea tomar sus vacaciones anuales. El plan de vacaciones general del Poder Judicial establece un período específico para todos los jueces.

a)Se someten al plan de vacaciones establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b)La Sala Constitucional fijará las fechas, asegurando una mayoría de magistrados propietarios.

c)El Presidente de la Corte Suprema de Justicia las determinará, sin excepciones.

d)Se coordinan con la Asamblea Legislativa para evitar interrupciones en sus funciones.

En un proceso civil ordinario, las partes, la empresa "Constructora del Valle S.A." y el Sr. Carlos Rojas, han dejado de realizar gestiones por un período prolongado, lo que ha paralizado el expediente. El tribunal observa esta inactividad.

a)Declarar la caducidad del proceso si las partes no lo impulsan en un plazo determinado.

b)Esperar la solicitud de alguna de las partes para reanudar el procedimiento.

c)Adoptar de oficio las disposiciones necesarias para el avance y finalización del proceso.

d)Archivar el expediente provisionalmente hasta que las partes muestren interés.

En una audiencia de un proceso civil, el juez debe decidir si una determinada actuación procesal se realiza de forma oral o escrita. La ley no especifica claramente la forma para este acto en particular.

a)El tribunal escogerá siempre la oralidad como medio fundamental de comunicación.

b)Se optará por la escritura, ya que garantiza un registro más permanente de las actuaciones.

c)El juez decidirá según su criterio, priorizando la eficiencia del proceso.

d)Se requerirá el acuerdo de las partes para determinar la forma de la actuación.

El Juez Carlos Mora debe interpretar una norma procesal que parece ambigua en su redacción. Para ello, considera varios elementos.

a)El sentido literal de las palabras, sin atender a otros elementos.

b)Los antecedentes históricos de la norma y su evolución legislativa.

c)La realidad social del momento, despojándose de formalismos innecesarios.

d)Su carácter instrumental, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad.

Durante un proceso civil, el abogado de la parte demandada, Lic. Roberto Castro, realiza gestiones dilatorias evidentes y asume actitudes que el tribunal considera contrarias a la buena fe procesal.

a)Aplicar el régimen disciplinario, incluyendo amonestaciones, multas o suspensión del abogado.

b)Rechazar de plano la gestión dilatoria, sin aplicar ninguna otra sanción al abogado.

c)Remitir el caso al Colegio de Abogados para que sea este el que imponga las sanciones.

d)Declarar la nulidad de todas las actuaciones realizadas por el abogado en el proceso.

En un proceso judicial que busca garantizar el derecho a la educación de un menor de edad, las partes han permanecido inactivas por un tiempo considerable. El juez evalúa la posibilidad de declarar la deserción del proceso.

a)La deserción y el desistimiento son procedentes si las partes lo solicitan expresamente.

b)No cabrán la deserción ni el desistimiento, y el juez impulsará el proceso hasta sentencia.

c)El juez podrá declarar la deserción si la inactividad supera un plazo de seis meses.

d)Solo el desistimiento es improcedente, la deserción puede ser declarada por el juez.

Un ciudadano, el Sr. Fernández, presenta una solicitud ante una oficina pública que no es la competente para resolver su asunto. La oficina receptora debe determinar cómo proceder.

a)Si es incompetencia absoluta, la solicitud debe ser trasladada al órgano competente.

b)Si es incompetencia relativa, la solicitud debe ser rechazada y el administrado debe presentarla de nuevo.

c)Si es incompetencia relativa, la solicitud debe ser trasladada al órgano competente.

d)En ambos casos de incompetencia, la solicitud debe ser devuelta al administrado.

En un proceso civil, las partes, la Sra. Laura y el Sr. Miguel, han actuado con temeridad y mala fe en el ejercicio de sus derechos procesales, causando perjuicios a la contraparte. El tribunal lo constata.

a)El tribunal declarará la temeridad en sentencia y condenará al responsable al pago de daños y perjuicios.

b)El tribunal solo podrá imponer multas disciplinarias a las partes, sin condenar a daños y perjuicios.

c)La condena por daños y perjuicios solo procede si se inicia un proceso separado para tal fin.

d)El tribunal desestimará la demanda si se comprueba el uso de un proceso para un móvil prohibido por la ley.

El Sr. Gómez, un ciudadano, interpone un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. La Sra. Pérez, quien tiene un interés directo en el resultado del recurso pero no es la actora principal, desea intervenir en el proceso.

a)La Sra. Pérez puede intervenir como parte principal, ya que tiene un interés directo en el resultado.

b)La Sra. Pérez no puede intervenir, ya que solo las partes principales están legitimadas en el amparo.

c)La Sra. Pérez puede intervenir como coadyuvante, sin ser directamente afectada por la sentencia.

d)La Sra. Pérez solo puede intervenir si la sentencia le afectará de manera directa e inmediata.

La Administración Tributaria debe conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia. Además, debe respetar el ordenamiento jurídico y los derechos e intereses legítimos del contribuyente.

a)La Administración Tributaria debe adoptar sus resoluciones con estricto apego al ordenamiento jurídico.

b)La Administración Tributaria puede tomar decisiones discrecionales sin límites de racionalidad.

c)La Administración Tributaria debe priorizar la celeridad sobre el respeto a los derechos del contribuyente.

d)La Administración Tributaria debe presumir la culpabilidad del infractor en ilícitos tributarios.

Don Pedro, un delincuente primario, fue condenado hace doce años por un delito menor. Ha mantenido una conducta intachable desde entonces y ha satisfecho todas las responsabilidades civiles derivadas de su condena. Ahora desea solicitar la cancelación del asiento de su condenatoria en el Registro Judicial. ¿Qué requisitos debe cumplir don Pedro para que la Secretaría de Justicia ordene la cancelación del asiento de su condenatoria, según la normativa aplicable?

a)Haber observado buena conducta y que la condena no sea por delitos políticos.

b)Que las responsabilidades civiles estén satisfechas y que hayan transcurrido diez años desde el cumplimiento de la condena.

c)Haber observado buena conducta, tener satisfechas las responsabilidades civiles y haber transcurrido los términos legales.

d)Que la condena no sea por cuasidelitos y que el reo haya cumplido la pena en su totalidad.

Según el Código Civil, ¿cuál es la característica fundamental del contrato de préstamo, ya sea comodato o mutuo?

a)Es un contrato oneroso.

b)Es un contrato gratuito.

c)Es un contrato conmutativo.

d)Es un contrato aleatorio.

La Licda. Ana, funcionaria pública encargada de la tesorería de una institución, sustrajo ₡3,000 de los caudales cuya administración le había sido confiada. Al ser descubierta, se le imputa el delito de sustracción de fondos. ¿Cuál es la pena de prisión aplicable a la Licda. Ana por la sustracción de ₡3,000, según la Reforma Códigos Penal de 1924?

a)Prisión en su grado primero.

b)Prisión en sus grados segundo a tercero.

c)Prisión en sus grados tercero a cuarto.

d)Prisión en sus grados quinto a sexto.

María desea donar óvulos para ayudar a una pareja con problemas de fertilidad. Una clínica privada le ofrece una compensación económica por su donación. ¿Es legal que María reciba una compensación económica por la donación de sus óvulos, según la Ley General sobre el VIH SIDA?

a)Sí, siempre que la compensación sea razonable y aprobada por el Ministerio de Salud.

b)No, toda donación de óvulos debe ser gratuita y se prohíbe su comercialización.

c)Sí, si la donación se realiza en una clínica privada y no en un centro público.

d)No, a menos que exista una necesidad urgente y no haya donantes altruistas.

La Procuraduría General de la República, en representación de la Administración Pública, desea desistir de un proceso contencioso-administrativo. ¿Qué requisito debe cumplir la Procuraduría para que el desistimiento sea válido, según el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)Presentar un acuerdo del superior jerárquico supremo de la entidad pública.

b)Obtener la autorización del Procurador General de la República o su adjunto.

c)Informar al juez tramitador y esperar su aprobación sin más trámite.

d)Presentar un acuerdo de la Junta Directiva de la entidad pública involucrada.

Carlos es acusado de un delito que no estaba tipificado como punible en la ley penal al momento de su comisión. Su abogado argumenta que no puede ser sancionado. ¿Qué principio fundamental del derecho penal invoca el abogado de Carlos, según el Código Penal?

a)El principio de culpabilidad.

b)El principio de legalidad.

c)El principio de proporcionalidad.

d)El principio de resocialización.

Don Roberto, un ciudadano, interpone un recurso de amparo alegando que en un proceso administrativo se cometió una irregularidad procesal menor que, a su juicio, afectó su derecho de defensa. La Sala Constitucional debe determinar si este tipo de vicio es suficiente para admitir el amparo.

a)El amparo es procedente ante cualquier vicio in procedendo que el litigante pretenda arreglar.

b)El amparo es procedente si la irregularidad procesal es una violación grave y burda al debido proceso.

c)El amparo es procedente solo para enmendar infracciones a los elementos esenciales del debido proceso.

d)El amparo es procedente si la irregularidad procesal es de carácter sustantivo.

María, madre de tres menores, ha visto cómo el PANI le ha retirado la custodia de sus hijos sin audiencias previas ni estudios técnicos válidos, entregándolos a familiares. Ella busca la devolución de sus hijos y considera que las actuaciones del PANI vulneran sus derechos.

a)Las situaciones suscitadas por medidas administrativas del PANI se conocen mediante el Proceso de Protección Cautelar.

b)El Proceso de Protección Cautelar requiere patrocinio letrado y solo puede ser solicitado por los padres.

c)La jurisdicción de familia no puede examinar las decisiones de fondo del PANI, solo los vicios de debido proceso.

d)El Proceso de Protección Cautelar es una actividad cautelar previa a un proceso de fondo.

La empresa "Logística Rápida S.A." interpuso un proceso contencioso-administrativo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes hace un año. Su abogado, el Lic. Fernández, ha estado inactivo en el proceso, sin realizar ninguna gestión dirigida a su efectiva prosecución durante los últimos siete meses. El Ministerio, al notar esta inactividad, desea solicitar la caducidad del proceso. ¿Qué efecto tendría la declaratoria de caducidad del proceso en la pretensión de "Logística Rápida S.A."?

a)La pretensión podrá ejercitarse nuevamente, aunque el proceso se extinga y el expediente se archive.

b)La pretensión se extinguirá definitivamente, impidiendo cualquier acción futura sobre el mismo objeto.

c)El proceso se suspenderá hasta que el actor demuestre una causa justificada para su inactividad.

d)El tribunal ordenará la continuación del proceso de oficio, dada la naturaleza pública del asunto.

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