Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Constitucional - Derecho Procesal Constitucional V02

Examen público de 50 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Derecho Procesal Constitucional dentro de Derecho Constitucional en Costa Rica.

50 preguntasAvanzado

Derecho ConstitucionalBloque temáticoDerecho Procesal ConstitucionalContinuidad en la prestación del servicio público de administración de justiciaImpulso de oficio

Preguntas

María, madre de tres menores, recurre a la Sala Constitucional alegando que el PANI le retiró a sus hijos sin audiencias previas y sin estudios técnicos válidos. Ella busca la devolución de sus hijos. ¿Cuál es la vía procesal adecuada para que la jurisdicción de familia conozca las situaciones suscitadas a partir de las medidas de protección administrativas del PANI, según el Código Procesal de Familia?

a)Un proceso ordinario de familia, dada la complejidad de la situación familiar.

b)Un recurso de amparo, ya que se trata de una violación directa a derechos fundamentales.

c)El proceso de protección cautelar, establecido para personas en condición de vulnerabilidad.

d)Una denuncia administrativa ante el PANI, para que revise sus propias actuaciones.

En un proceso laboral iniciado por Juan contra su empleador, el juez observa que el expediente no ha avanzado debido a la inactividad de las partes. Para asegurar la pronta resolución del caso, el juez decide tomar medidas. ¿Qué principio procesal habilita al juez para dictar, de oficio, medidas dirigidas al avance y finalización del proceso, sin necesidad de gestión de las partes?

a)El principio de oralidad, que prioriza la comunicación directa en el proceso.

b)El principio de celeridad, que busca acelerar el curso del expediente.

c)El principio de informalismo, que flexibiliza las formas procesales.

d)El principio de primacía de la realidad, que prevalece sobre las formas.

La empresa Constructora del Sol S.A. ha establecido una prenda especial sobre los derechos de concesión de una obra pública. Debido a un incumplimiento grave, se inicia un procedimiento de ejecución prendaria. El Banco del Pacífico S.A. desea participar como postor. ¿Qué requisito debe cumplir el Banco del Pacífico S.A. para ser admitido en el procedimiento de ejecución prendaria, según la Ley de Concesión de Obras Públicas?

a)Comunicar su intención a la administración concedente y obtener su autorización previa.

b)Presentar una garantía bancaria equivalente al valor de la prenda ante el juzgado competente.

c)Demostrar que cumple con los requisitos exigidos al concesionario original o al dueño de las acciones.

d)Obtener la aprobación de la Contraloría General de la República para su participación.

En un proceso agrario, el abogado de la parte demandada presenta un escrito con un formato poco convencional, pero que cumple con la finalidad de informar al tribunal. El juez debe decidir si admite o no el escrito. ¿Qué principio rige la formalidad de los actos procesales en el Código Procesal Agrario?

a)Los actos procesales deben seguir formas estrictas establecidas por la ley.

b)Los actos procesales no están sujetos a formas determinadas, salvo excepciones.

c)La forma de los actos procesales es discrecional del juez en todos los casos.

d)La validez de los actos procesales depende de su publicación en el Diario Oficial.

La empresa 'TecnoConcesiones S.A.' ha obtenido una concesión para la construcción y operación de una obra pública. En el contrato de concesión, se establece una prenda especial sobre los derechos del concesionario. Si la concesión se extingue por fuerza mayor, ¿quién será el responsable de las obligaciones crediticias y deudas contraídas por 'TecnoConcesiones S.A.'?

a)La administración concedente, ya que es la garante final de la concesión.

b)El Estado costarricense, por ser el titular último de la obra pública.

c)El concesionario, 'TecnoConcesiones S.A.', frente a sus acreedores.

d)Un interventor provisional nombrado por la administración concedente.

Un grupo de ciudadanos presenta una acción de inconstitucionalidad contra una ley que, a su juicio, vulnera gravemente los derechos fundamentales. La Sala Constitucional, al analizar el caso, recuerda que las garantías establecidas en el artículo 40 de la Constitución Política son un ejemplo de preceptos constitucionales que miran hacia atrás. ¿Qué característica principal tienen estos preceptos constitucionales?

a)Permiten al poder punitivo estatal actuar libremente para imponer penas.

b)Pueden perder su contenido ante la aprobación de leyes ordinarias si son derogadas.

c)Contienen restricciones al poder punitivo estatal para evitar abusos históricos.

d)Se construyen a partir de una realidad futura que se pretende alcanzar.

La Administración Tributaria inicia un procedimiento contra la empresa 'Comercializadora del Este S.A.' por presuntas irregularidades. El contribuyente alega que el procedimiento se está desarrollando con excesiva lentitud. ¿Qué principio debe guiar la actuación de la Administración Tributaria en la conducción de este procedimiento, según la Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria?

a)La discrecionalidad absoluta, para adaptar el procedimiento a cada caso.

b)La celeridad y eficiencia máximas, respetando el ordenamiento jurídico.

c)La primacía de la buena fe del contribuyente, sin importar la celeridad.

d)La estricta sujeción a los plazos mínimos establecidos, sin posibilidad de aceleración.

En un juicio ordinario de trabajo de menor cuantía, el Tribunal ha señalado día y hora para la audiencia oral y pública. Una vez evacuada la prueba, el Tribunal debe proceder a dictar su fallo. ¿Qué característica debe tener la resolución del Tribunal en este tipo de procesos, según la Ley que Regula el Proceso Laboral en Negocios de menor Cuantía?

a)Debe ser una sentencia formal, con todos los requisitos de una sentencia ordinaria.

b)Debe consignarse en un acta lacónica, dictada de inmediato por el Tribunal.

c)Debe ser un auto motivado, dictado dentro de los cinco días siguientes a la audiencia.

d)Debe ser una resolución que se tomará por unanimidad de los miembros del Tribunal.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil (STIT) es acusado de fomentar actos delictuosos por la participación de uno de sus dirigentes en un bloqueo de carreteras durante una manifestación. Se inicia un juicio para solicitar la disolución del sindicato. ¿Qué tipo de actos pueden ser invocados para la disolución de un sindicato, según la jurisprudencia constitucional, en relación con el artículo 350 del Código de Trabajo?

a)Actos personalísimos de un dirigente sindical, incluso si no tienen relación con la actividad gremial.

b)Decisiones gremiales que fomenten actos delictuosos contra personas o propiedades.

c)Cualquier infracción legal cometida por un miembro del sindicato, sin importar su cargo.

d)La participación en huelgas que sean declaradas ilegales por la autoridad judicial.

Carlos y Damaris fueron acusados de usurpación por despojar violentamente un inmueble para instalar un centro educativo, el cual continuó funcionando en la propiedad. El Tribunal de Apelación de Sentencia declaró la extinción de la acción penal por prescripción, argumentando que la actuación de los implicados se limitó al ingreso violento inicial. Sin embargo, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia revocó esta decisión. ¿Cuál es el criterio de la Sala Tercera respecto al cómputo de la prescripción en delitos de usurpación, como el descrito?

a)La prescripción inicia desde el momento del despojo inicial, sin importar la permanencia de los efectos.

b)La prescripción no puede iniciar su cómputo mientras los efectos del ilícito se mantengan en el tiempo.

c)La prescripción se reduce a la mitad una vez iniciado el procedimiento, sin excepciones por la naturaleza del delito.

d)La prescripción solo se interrumpe si los imputados mantienen la presencia física en el inmueble.

La Asamblea Legislativa aprueba un proyecto de ley en primer debate y lo envía a la Comisión de Redacción para su revisión. Si la Comisión no rinde el informe en el plazo establecido, el Presidente de la Asamblea decide tramitarlo en segundo debate. ¿Qué facultad tiene el Presidente de la Asamblea Legislativa en esta situación, según el Reglamento de la Asamblea Legislativa?

a)Puede solicitar una prórroga a la Comisión de Redacción para que rinda el informe.

b)Debe esperar indefinidamente hasta que la Comisión de Redacción presente el informe.

c)Puede tramitar el proyecto en segundo debate, sin el informe de la Comisión.

d)Debe devolver el proyecto a la Comisión para que lo revise nuevamente.

La empresa de servicios públicos 'Energía Segura S.A.' enfrenta una huelga de sus trabajadores. La administración concedente considera que la interrupción del servicio podría comprometer la economía pública. ¿Qué tipo de servicios públicos pueden ser considerados esenciales, justificando una prohibición absoluta de la huelga, según la jurisprudencia constitucional?

a)Solo aquellos cuya interrupción ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas.

b)Aquellos que sean absolutamente indispensables y susceptibles de comprometer la economía pública.

c)Cualquier servicio público, si el legislador así lo determina sin justificación adicional.

d)Únicamente los servicios que no puedan ser sustituidos por otros medios alternativos.

El Poder Judicial, en su misión institucional para el año 2009, se propuso una serie de objetivos estratégicos. ¿Cuál de los siguientes objetivos se relaciona directamente con la celeridad y la oralidad en los procesos judiciales?

a)Fortalecer la independencia funcional de los servidores judiciales.

b)Promover la celeridad de los procesos y la disminución del retraso judicial.

c)Mejorar la prestación y calidad de los servicios para una justicia transparente.

d)Impulsar la utilización de la tecnología para minimizar requerimientos de materiales.

En un proceso penal por usurpación, el Ministerio Público alega que la acción penal no ha prescrito porque los efectos del delito se mantienen. El Tribunal de Apelación de Sentencia considera que la prescripción debe aplicarse sin importar la naturaleza del delito. ¿Qué principio de interpretación de la ley procesal penal prohíbe las interpretaciones extensivas en perjuicio del encartado, según la Sala Tercera?

a)El principio de plenitud del orden jurídico, que busca dar solución a cualquier caso.

b)El principio de coherencia del orden jurídico, que evita contradicciones en el sistema.

c)El principio de legalidad y tutela judicial efectiva, derivados de los artículos 39 y 41 constitucionales.

d)La obligación de interpretar restrictivamente la ley procesal y la prohibición de analogía.

En el año 1823, la Provincia de Costa Rica estableció en su Segundo Estatuto Político las funciones de las autoridades para la administración de justicia. ¿Qué facultad se otorgaba a estas autoridades en relación con la justicia, según el artículo 33 de dicho Estatuto?

a)Fijar la base de la fuerza armada y la milicia nacional.

b)Señalar el juez constitucional inmediato para causas civiles.

c)Administrar justicia recta y prontamente con arreglo a las leyes.

d)Establecer un juez letrado en la provincia inmediatamente.

En un proceso de consulta de constitucionalidad de un proyecto de ley, la Sala Constitucional debe determinar si la consulta formalmente admitida y notificada interrumpe la votación del proyecto. ¿Qué efecto tiene la admisión y notificación de una consulta de constitucionalidad en el trámite legislativo, según el Reglamento de la Asamblea Legislativa?

a)Interrumpe la votación del proyecto en segundo debate o su sanción y publicación.

b)Suspende el trámite del proyecto por un plazo máximo de treinta días hábiles.

c)Permite continuar con la votación en segundo debate, pero impide la sanción.

d)No tiene efecto interruptivo, salvo que la Sala Constitucional lo ordene expresamente.

La empresa 'Logística Global S.A.' se dedica al transporte marítimo y la carga de bienes perecederos en muelles. Sus trabajadores deciden ir a la huelga. La Sala Constitucional ha analizado la constitucionalidad de prohibir la huelga en ciertos servicios. ¿Qué criterio adicional, además de la vida, salud y seguridad, justifica considerar un servicio público como esencial para prohibir la huelga, según la jurisprudencia constitucional?

a)La afectación a la libertad sindical de los trabajadores involucrados.

b)La posibilidad de que el servicio sea sustituido por medios alternativos.

c)La capacidad de comprometer la economía pública, si es indispensable.

d)La opinión del Comité de Libertad Sindical de la OIT sobre el servicio.

La empresa 'Desarrollos Urbanos S.A.' presenta un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa que busca modificar la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Los diputados debaten si es necesario consultar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuándo se considera que un proyecto de ley versa sobre la organización o funcionamiento del Poder Judicial, según la jurisprudencia constitucional, requiriendo consulta?

a)Cuando contenga normas explícitas que creen, varíen sustancialmente o supriman órganos jurisdiccionales o administrativos adscritos al Poder Judicial.

b)Cuando tenga una incidencia refleja o indirecta en el presupuesto general del Poder Judicial, sin importar la materia.

c)Cuando afecte cualquier aspecto de la labor judicial, incluso si no es sustancial o directo.

d)Siempre que el proyecto de ley sea tramitado mediante un procedimiento especial en la Asamblea Legislativa.

María, una ciudadana, observa que una institución pública no está cumpliendo con los principios de justicia y moralidad en su funcionamiento. Decide buscar una entidad que proteja los intereses de los habitantes y promueva sus derechos.

a)La Contraloría General de la República, fiscalizando el uso de fondos públicos.

b)La Procuraduría General de la República, como representante legal del Estado.

c)La Defensoría de los Habitantes de la República, protegiendo derechos e intereses.

d)El Tribunal Supremo de Elecciones, garantizando la transparencia electoral.

El Poder Judicial de Costa Rica busca asegurar que su labor se alinee con los más altos estándares de servicio. Para el ejercicio económico del 2011, se estableció una misión institucional clara.

a)Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la Constitución Política.

b)Garantizar la protección de los derechos, libertades y el acceso a la justicia de todas las personas sin distinción.

c)Impulsar cambios en la legislación dirigidos hacia una justicia de calidad, oportuna y cumplida.

d)Promover la celeridad de los procesos y la disminución del retraso judicial mediante proyectos específicos.

La Municipalidad de San José emite un reglamento que prohíbe la instalación de antenas de telecomunicaciones en zonas residenciales. La empresa "Conectividad S.A." considera que esto viola su libertad de empresa y la Constitución.

a)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un acto administrativo.

b)La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por mayoría absoluta de sus miembros.

c)El Tribunal Contencioso Administrativo, por ser un acto sujeto al Derecho Público.

d)La Asamblea Legislativa, mediante una ley interpretativa de la Constitución.

La Asamblea Legislativa evalúa anualmente el funcionamiento de la Defensoría de los Habitantes de la República, mediante un informe presentado por esta institución. Este proceso se realiza en un capítulo específico del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.

a)La Defensoría de los Habitantes está adscrita al Poder Ejecutivo, con independencia funcional.

b)La Defensoría de los Habitantes está adscrita al Poder Legislativo, con independencia de criterio.

c)La Defensoría de los Habitantes es un órgano autónomo, sin adscripción a ningún poder.

d)La Defensoría de los Habitantes está adscrita al Poder Judicial, con independencia administrativa.

Juan, un trabajador, presenta una demanda laboral contra su empleador. Durante el proceso, surge una situación para la cual no existe una norma procesal expresamente prevista en el Código de Trabajo. El juez debe decidir cómo proceder para garantizar la tutela de los derechos de las partes.

a)Aplicar analógicamente las disposiciones del Código Procesal Civil, sin restricciones.

b)Ideár el procedimiento más conveniente, garantizando el debido proceso a las partes.

c)Suspender el proceso hasta que se emita una ley que regule la situación específica.

d)Remitir el caso a la Sala Constitucional para que resuelva el vacío normativo.

Pedro es acusado de un delito y se encuentra en proceso penal. Durante el juicio, Pedro no comprende el idioma del tribunal y solicita un traductor. Además, su abogado defensor no se presenta, y Pedro no tiene recursos para contratar uno.

a)Pedro tiene derecho a un traductor gratuito y a un defensor proporcionado por el Estado.

b)Pedro debe costear el traductor y defenderse personalmente si no tiene abogado.

c)El proceso debe suspenderse hasta que Pedro aprenda el idioma del tribunal.

d)El Estado solo proveerá defensor si el delito es grave y la pena es alta.

El Estado de "Libertad" se encuentra en una situación de grave peligro público que amenaza su seguridad. El gobierno decide suspender algunas garantías establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para hacer frente a la emergencia. Sin embargo, debe respetar los derechos que no pueden ser suspendidos.

a)El derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.

b)El derecho a la vida y la prohibición de la esclavitud y servidumbre.

c)El derecho a la propiedad privada y el derecho de circulación y residencia.

d)El derecho a la nacionalidad y los derechos políticos de los ciudadanos.

La Procuraduría General de la República, en representación del Estado, ha interpuesto una demanda contencioso-administrativa. Antes del dictado de la sentencia de juicio, la Procuraduría decide desistir del proceso.

a)El desistimiento debe ser autorizado por el Procurador General o Adjunto.

b)El desistimiento requiere únicamente la voluntad del abogado director del caso.

c)El desistimiento de la Administración Pública no es permitido en esta vía.

d)El desistimiento solo es válido si se presenta después de la sentencia de primera instancia.

El Ministerio de Salud ha experimentado una interrupción prolongada en la prestación de servicios esenciales debido a la falta de recursos presupuestarios y equipos obsoletos. Los ciudadanos afectados interponen un recurso, alegando la violación de sus derechos fundamentales.

a)La interrupción es justificable por la carencia presupuestaria y falta de equipos.

b)El servicio público debe prestarse de forma continua y regular, sin aducir carencias.

c)La continuidad del servicio público es un principio de rango legal, no constitucional.

d)La administración puede escoger a sus usuarios si los recursos son limitados.

Un abogado, durante un proceso judicial, consigna en un escrito frases injuriosas y despectivas contra el juez que conoce el caso. El juez, al percatarse de la falta, debe imponer una corrección disciplinaria.

a)El juez impondrá de plano una multa de uno a cinco días al abogado.

b)El juez solo puede amonestar verbalmente al abogado por la falta cometida.

c)El juez debe remitir el caso al Colegio de Abogados para que imponga la sanción.

d)El juez impondrá una suspensión temporal al abogado, sin multa económica.

La Facultad de Cirugía Dental, como entidad reguladora de la profesión, debe establecer un procedimiento para imponer correcciones disciplinarias a sus miembros. El Fiscal de la Directiva debe iniciar este proceso.

a)El Fiscal levantará la información y se dará audiencia al interesado por ocho días.

b)La Directiva impondrá la corrección de plano, sin necesidad de audiencia previa.

c)El Fiscal debe obtener la aprobación de la Junta General antes de iniciar la información.

d)La audiencia al interesado será por un término de quince días, improrrogables.

La Directiva de la Facultad de Cirugía Dental considera imponer una corrección disciplinaria a uno de sus miembros por una falta grave en el ejercicio de su profesión. La Directiva debe elegir entre las sanciones que le permite la ley.

a)Advertencia, multa hasta cincuenta colones, reprensión o suspensión temporal.

b)Expulsión definitiva de la Facultad o inhabilitación perpetua para la profesión.

c)Multa hasta cien colones, suspensión temporal o servicio comunitario obligatorio.

d)Amonestación pública, multa sin límite o revocación de la licencia profesional.

En un proceso judicial, un abogado presenta un recurso de apelación contra una resolución que impone una corrección disciplinaria por injurias a un juez. El recurso debe ser interpuesto ante el órgano competente.

a)Si la multa fue impuesta por un juez, cabrá apelación ante el superior.

b)Si la multa fue impuesta por una sala, cabrá recurso de revocatoria y apelación.

c)Si la multa fue impuesta por un alcalde, no cabrá recurso alguno.

d)Si la multa fue impuesta por la Corte Plena, cabrá apelación ante la Sala Constitucional.

Un abogado, que no ha pagado una multa impuesta como corrección disciplinaria en un proceso judicial, ha dejado transcurrir el plazo de tres días concedido para su pago. El funcionario judicial debe aplicar las consecuencias legales correspondientes.

a)El profesional en Derecho quedará suspendido en el ejercicio de la profesión.

b)La multa se convertirá en prisión, a razón de cien colones por día multa.

c)Se le concederá un nuevo plazo de diez días para realizar el pago de la multa.

d)Se le impondrá una sanción adicional de amonestación pública por el incumplimiento.

En un proceso civil ordinario, la abogada Laura representa a su cliente, quien ha presentado una demanda por incumplimiento contractual. Después de la fase de prueba, el expediente permanece inactivo por varios meses sin que ninguna de las partes realice gestiones. El juez, al revisar el caso, decide tomar medidas para que el proceso avance.

a)El principio de impulso procesal, que busca evitar la paralización y promover la celeridad.

b)El principio de concentración, que exige desarrollar la actividad procesal en la menor cantidad de actos.

c)El principio de oralidad, que establece la expresión oral como medio fundamental de comunicación.

d)El principio de instrumentalidad, que considera la finalidad de la norma procesal para aplicar las normas de fondo.

El fiscal Juan Pérez investiga un caso complejo de fraude. Durante la investigación, surge una duda sobre la interpretación de una norma procesal que podría restringir la libertad personal del imputado, Carlos Soto. El fiscal debe decidir cómo interpretar esta disposición.

a)De forma extensiva, siempre que favorezca la eficacia de la investigación penal.

b)De forma restrictiva, prohibiéndose la interpretación extensiva y la analogía si no favorecen al imputado.

c)De forma analógica, si no existe una norma expresa que regule la situación planteada.

d)De forma literal, sin considerar el espíritu y finalidad de la norma para evitar subjetividades.

En un caso de derecho comercial, la jueza Ana María se enfrenta a una situación para la cual no existe una norma procesal expresa en el Código Procesal Civil. Para resolver el vacío legal, debe recurrir a la integración del derecho.

a)Aplicando analógicamente normas de carácter sancionatorio o excepcionales, si contemplan supuestos semejantes.

b)Supliendo el vacío ideando procedimientos con aplicación de principios generales del derecho, sin considerar los constitucionales.

c)Acudiendo a la aplicación analógica de otras disposiciones que contemplen supuestos semejantes, salvo normas sancionatorias.

d)Remitiéndose directamente a los principios constitucionales, sin intentar primero la aplicación analógica de otras normas.

El abogado defensor, Luis Rojas, presenta un recurso de apelación en un proceso penal, pero el tribunal o el fiscal constatan un defecto formal saneable en su gestión.

a)Rechazar de plano el recurso, sin posibilidad de corrección, por incumplimiento formal.

b)Comunicar el defecto al interesado y otorgarle un plazo no superior a diez días para corregirlo.

c)Comunicar el defecto al interesado y otorgarle un plazo razonable, sin especificar un máximo de días.

d)Comunicar el defecto al interesado y otorgarle un plazo no superior a cinco días para corregirlo.

La empresa "Comercializadora del Norte S.A." y su contraparte, "Distribuidora del Sur Ltda.", deciden, mediante un acuerdo privado, renunciar de manera anticipada a ciertas normas procesales para agilizar un futuro litigio. Ambas partes solicitan al tribunal que autorice dicho acuerdo.

a)No, porque las partes no pueden disponer o renunciar anticipadamente a las normas procesales, salvo excepciones legales.

b)Sí, si el tribunal lo autoriza expresamente, ya que las partes tienen autonomía de la voluntad en el proceso.

c)Sí, siempre que el acuerdo no afecte el orden público ni los derechos fundamentales de terceros.

d)No, porque solo se permite la renuncia a normas procesales mediante mecanismos alternos de solución de conflictos.

El juez penal, al resolver un caso, considera aplicar una pena o medida de seguridad basándose en una interpretación extensiva de una norma que no tipifica expresamente el hecho como punible. El imputado, Marcos Solís, alega que esto vulnera sus derechos.

a)El principio de juez natural, que garantiza que nadie será juzgado por jueces designados especialmente para el caso.

b)El principio de legalidad, que exige que nadie sea sancionado por un hecho no tipificado como punible.

c)La regla de interpretación restrictiva, que prohíbe la analogía si no favorece la libertad del imputado.

d)El principio de plazo razonable, que asegura una decisión judicial definitiva en un tiempo adecuado.

La ciudadana Elena García ha estado esperando una decisión judicial definitiva en un proceso penal por un tiempo considerable. Ella considera que el proceso se ha extendido más allá de lo razonable.

a)Derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo máximo de seis meses, preferentemente por escrito.

b)Derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo razonable, priorizando la tramitación escrita para mayor seguridad jurídica.

c)Derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo establecido por el tribunal, mediante audiencias públicas.

d)Derecho a una decisión judicial definitiva en un plazo razonable, prefiriéndose la tramitación oral mediante audiencias.

Don José, de 85 años, ha estado involucrado en un proceso penal por más de 20 años, sin que se haya llegado a una sentencia definitiva. Su abogado interpone un recurso de amparo alegando mora judicial. La Sala Constitucional debe decidir si admite el recurso, considerando que el proceso aún no ha concluido.

a)Cuando exista una infracción grosera que deba ser atendida, como la prolongación excesiva del proceso para un adulto mayor.

b)Únicamente si el proceso ha superado los 25 años de tramitación, sin importar la condición de vulnerabilidad del justiciable.

c)Si el Ministerio Público ha incumplido reiteradamente los plazos procesales, sin que el tribunal haya aplicado sanciones.

d)Solo si el tutelado ha agotado todas las vías recursivas ordinarias y extraordinarias dentro del proceso penal.

María es detenida en la aduana con $12,000 en efectivo que no declaró. El Ministerio de Hacienda declara la pérdida inmediata del dinero a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas, sin darle a María oportunidad de demostrar el origen lícito de los fondos. María considera que esto viola su derecho al debido proceso.

a)La medida constituye una sanción penal sin sentencia judicial, violando el principio de juez natural.

b)La pérdida patrimonial sin defensa vulnera el debido proceso, al no permitir demostrar la licitud del dinero.

c)La confiscación de dinero en efectivo es siempre inconstitucional, sin importar su origen o la omisión de declaración.

d)La responsabilidad objetiva por no declarar dinero es inaplicable, ya que siempre se requiere probar la culpa.

El Poder Judicial de Costa Rica busca cumplir con su misión fundamental de administrar justicia. Para el año 2012, se establecieron directrices claras sobre cómo debía llevarse a cabo esta labor.

a)Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con la Constitución.

b)Promover la celeridad de los procesos y la disminución del retraso judicial mediante proyectos específicos.

c)Fortalecer la aplicación de la oralidad y los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los procesos.

d)Garantizar la protección de los derechos, libertades y el acceso a la justicia de todas las personas.

En un proceso civil, el abogado de la parte actora solicita que todos los actos procesales se realicen por escrito, argumentando que esto proporciona mayor seguridad y registro. El tribunal debe decidir si accede a esta solicitud.

a)El proceso deberá ajustarse al principio de inmediación, y en caso de duda, se escogerá la escritura.

b)El proceso deberá ajustarse al principio de concentración, y solo serán escritos los actos autorizados por la ley.

c)El proceso deberá ajustarse al principio de publicidad, y en caso de duda, el tribunal decidirá según su criterio.

d)El proceso deberá ajustarse al principio de oralidad, y en caso de duda, el tribunal escogerá siempre la oralidad.

Carlos es acusado de tentativa de hurto simple por intentar sustraer una cajetilla de cigarros valorada en mil trescientos colones de un supermercado. El Tribunal de Apelación de Sentencia lo absuelve, argumentando que la insignificancia del valor del bien no afecta el bien jurídico tutelado. El Ministerio Público recurre esta decisión.

a)La antijuridicidad material se configura solo con una afectación significativa del bien jurídico tutelado.

b)El legislador eliminó los topes mínimos de valor, por lo que toda lesión al bien jurídico debe sancionarse.

c)La doctrina no hace referencia a la "insignificancia" sino a la ausencia de afectación al bien jurídico tutelado.

d)La insignificancia de la lesión tiene relación con el ofendido, especialmente si es una empresa de gran poderío económico.

La Procuraduría General de la República desea ejercer la acción penal en un caso de delitos contra la hacienda pública. El Ministerio Público ya está actuando en el caso, pero la Procuraduría considera que tiene facultades para actuar directamente.

a)La Procuraduría General de la República no puede ejercer la acción penal si ya la ejerce el Ministerio Público.

b)La Procuraduría General de la República puede ejercerla directamente, subordinándose a las decisiones del Ministerio Público.

c)La Procuraduría General de la República puede ejercerla directamente, sin subordinarse a las actuaciones del Ministerio Público.

d)La Procuraduría General de la República solo puede ejercerla si el Ministerio Público se inhibe de actuar en el caso.

María, una ciudadana, presenta una solicitud ante una oficina de la Municipalidad de San José. Sin embargo, la oficina receptora no es la competente para resolver su petición, aunque pertenece al mismo ente público. ¿Qué debe hacer la Municipalidad de San José, según el principio del informalismo en favor del administrado?

a)Rechazar la solicitud y pedir a María que la presente ante la oficina correcta.

b)Trasladar inmediatamente la solicitud al órgano competente para conocerla y resolverla.

c)Archivar la solicitud, ya que la incompetencia relativa no obliga a la Administración a actuar.

d)Devolver la solicitud a María para que subsane el error de presentación en un plazo determinado.

Don Pedro, una persona mayor de 80 años, se encuentra en medio de un proceso judicial donde su salud se ha deteriorado gravemente, poniendo en riesgo su vida. Su abogado solicita al tribunal que se agilice la tramitación del caso. ¿Qué tipo de actuación judicial se requiere en este caso, según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores?

a)Una actuación judicial que garantice la debida diligencia y el tratamiento preferencial.

b)Una actuación judicial que promueva ajustes de procedimiento en todas las etapas.

c)Una actuación judicial particularmente expedita, dado el riesgo para su salud o vida.

d)Una actuación judicial que asegure el acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones.

El Ministerio de Educación Pública desea emitir un reglamento para regular un aspecto fundamental del derecho a la educación, que es un derecho constitucional. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la regulación de los derechos constitucionales, según la Ley General de la Administración Pública?

a)El régimen jurídico de los derechos constitucionales está reservado a la ley, sin perjuicio de reglamentos ejecutivos.

b)Los reglamentos autónomos pueden regular los derechos constitucionales, siempre que no los restrinjan.

c)Los decretos del Poder Ejecutivo tienen plena potestad para desarrollar los derechos constitucionales.

d)La costumbre y los principios generales de derecho son las fuentes primarias para regular los derechos constitucionales.

La Asamblea Legislativa vota un proyecto de reforma constitucional en primer debate sin que se haya realizado su publicación previa en el diario oficial. Un grupo de ciudadanos presenta un recurso ante la Sala Constitucional alegando este vicio. ¿Cuál es la postura de la Sala Constitucional respecto a la omisión de la publicidad previa en una reforma constitucional?

a)Es una formalidad menor que puede sanearse con una publicación posterior a la votación.

b)Rompe la legitimidad del diálogo en democracia y no puede convalidarse después de la votación.

c)Solo afecta la validez formal del acto, pero no su contenido sustantivo si hay consenso.

d)Permite la participación ciudadana, aunque sea posterior, cumpliendo con el principio democrático.

Lic. Soto, un funcionario del Ministerio de Hacienda, se encuentra tramitando un caso para el cual no existe una norma administrativa escrita aplicable. Para resolver el vacío legal, debe recurrir a la integración del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el orden de aplicación de las fuentes para integrar el ordenamiento administrativo escrito, según la Ley General de la Administración Pública?

a)La costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho público y el derecho privado.

b)El derecho privado, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho público.

c)La jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado.

d)Los principios generales del derecho público, la jurisprudencia, el derecho privado y la costumbre.

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