Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Administrativo - Tutela administrativa

Examen público de 40 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Tutela administrativa en Derecho Administrativo costarricense.

40 preguntasEstandar

Derecho AdministrativoTema específicoTutela administrativa

Preguntas

Un director de departamento ha emitido una resolución que su superior jerárquico considera ilegal y perjudicial para la administración. El superior desea corregir la situación de forma directa.

a)Dar órdenes particulares sobre el modo de ejercicio de las funciones del inferior.

b)Ejercer la potestad disciplinaria contra el director por su actuación.

c)Revocar, anular o reformar de oficio el acto administrativo emitido por el inferior.

d)Delegar sus funciones en otro inferior para que resuelva el asunto.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), una institución descentralizada, tienen un desacuerdo sobre la competencia para autorizar un proyecto de infraestructura.

a)El Tribunal Contencioso Administrativo.

b)El Presidente de la República.

c)La Contraloría General de la República.

d)El Ministro de la Presidencia.

La Municipalidad de Cartago ha lanzado una licitación reducida para la adquisición de mobiliario urbano. El pliego de condiciones no especifica la exigencia de una garantía de cumplimiento ni su porcentaje.

a)Rendir una garantía de cumplimiento por el diez por ciento del monto de la adjudicación.

b)No rendir garantía, ya que el pliego de condiciones no la definió expresamente.

c)Rendir una garantía de cumplimiento por el cinco por ciento del monto de la adjudicación.

d)Esperar a que la Administración le solicite el porcentaje específico de la garantía.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ha contratado a "Servicios Médicos Integrales S.A." para el suministro de equipos. La CCSS desea asegurar la correcta ejecución contractual mediante retenciones porcentuales de las sumas pagadas.

a)Un diez por ciento del total facturado.

b)Un cinco por ciento del total facturado.

c)Un quince por ciento del monto de la adjudicación.

d)Cualquier porcentaje que la Administración considere conveniente.

La empresa "Tecnología Avanzada S.A." entregó un lote de computadoras a la Universidad de Costa Rica (UCR). Tras la inspección, la UCR detecta que varias unidades están defectuosas. El pliego de condiciones no estableció un plazo específico para devoluciones.

a)Quince días hábiles a partir de la entrega de los bienes.

b)Un mes contado a partir de la entrega de los bienes.

c)Tres meses desde la recepción definitiva del objeto contractual.

d)El plazo que determine la Administración al detectar el defecto.

La empresa "Infraestructura Vial S.A." está ejecutando un contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Debido a un huracán, la obra se ha visto paralizada por fuerza mayor. El pliego de condiciones no establece un plazo específico para solicitar la suspensión del plazo del contrato.

a)Dentro de los ocho días hábiles siguientes al conocimiento del evento.

b)Dentro de los cinco días hábiles siguientes al conocimiento del evento.

c)En cualquier momento mientras el contrato esté vigente.

d)Antes de que finalice el plazo original de ejecución del contrato.

María ha sido objeto de una medida de protección administrativa por parte del PANI que le ha retirado a sus hijos. Ella considera que esta medida es injusta y que se ha vulnerado el debido proceso.

a)Suspender o modificar provisionalmente cualquier medida o acuerdo conciliatorio extrajudicial que viole derechos.

b)Anular la resolución administrativa del PANI por vicios de nulidad absoluta.

c)Ordenar la restitución inmediata de los menores a su cargo sin más trámite.

d)Remitir el caso a la Sala Constitucional para que revise el debido proceso.

En una sociedad en comandita simple, el administrador único fallece inesperadamente. La escritura social no prevé esta situación. Juan, un socio comanditario, necesita realizar actos urgentes de mera administración para evitar perjuicios a la sociedad.

a)Durante el término de tres meses, contado a partir de la muerte del administrador.

b)Durante el término de un mes, contado a partir de la muerte del administrador.

c)Hasta que se nombre un nuevo administrador, sin límite de tiempo.

d)Por el tiempo que sea estrictamente necesario para la continuidad de la sociedad.

La empresa "Innovaciones Tecnológicas S.A." ha desarrollado un software único para la Administración Pública mediante un contrato de compra pública innovadora. La Administración desea asegurarse ciertos derechos sobre la propiedad intelectual derivada de esta actividad.

a)Reservar la titularidad exclusiva de la creación y los derechos de propiedad intelectual.

b)Reservar el derecho de uso y explotación, libre de obligaciones o gravámenes adicionales.

c)Exigir la cesión total de los derechos de propiedad intelectual a la Administración.

d)Limitar la extensión de las licencias a terceros por parte del contratista.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) está evaluando la selección de un fiduciario para un fideicomiso público. Para ello, debe considerar diversos elementos para la preselección de las entidades interesadas.

a)El análisis comparativo considerando costo-beneficio y la capacidad gerencial operativa del fiduciario.

b)La razonabilidad de la comisión de fiducia y la experiencia en contratos de fideicomisos.

c)La propuesta técnica con el esquema de organización administrativa y técnica ofrecida.

d)Todos los elementos mencionados en las opciones anteriores son correctos.

La empresa "Logística Express S.A." ha presentado una solicitud a la Administración para una autorización necesaria para la continuidad de la ejecución de un contrato público. Han transcurrido 12 días hábiles sin que la Administración haya resuelto o comunicado una decisión.

a)La inobservancia del plazo originará responsabilidad administrativa del funcionario incumpliente.

b)La solicitud se entenderá como rechazada por silencio administrativo negativo.

c)El contratista deberá interponer un recurso de revocatoria para impulsar la resolución.

d)La Administración tendrá un plazo adicional de 10 días hábiles para resolver la gestión.

La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado incumplimientos graves por parte de la empresa "Servicios Integrales S.A." en un contrato de consultoría. La CGR decide ejecutar la garantía de cumplimiento.

a)Notificar al contratista la resolución de ejecución de la garantía de forma inmediata.

b)Iniciar el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento grave.

c)Dar audiencia al contratista por cinco días hábiles, adjuntando la prueba del reclamo.

d)Solicitar al contratista la presentación de una nueva garantía que satisfaga el monto.

Un ciudadano presenta una queja ante la Defensoría de los Habitantes de la República, alegando una irregularidad en una resolución emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) relacionada con la declaratoria de elección de un cargo público.

a)Iniciar una investigación de oficio para esclarecer la actuación del TSE.

b)Requerir al TSE toda la documentación e información necesaria para la investigación.

c)Comunicar la irregularidad a la Corte Suprema de Justicia para su conocimiento.

d)Abstenerse de intervenir, ya que no tiene competencia en esta materia específica.

María interpone un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le ha retirado a su hijo sin seguir el debido proceso, afectando su derecho a la lactancia y el vínculo afectivo. La Sala Constitucional, al analizar el caso, determina que los agravios versan sobre actuaciones del PANI dentro del procedimiento de protección.

a)Declarar sin lugar el recurso, remitiendo el caso a la jurisdicción especializada de familia.

b)Conocer el fondo del asunto, ya que se trata de una violación al debido proceso.

c)Declarar con lugar el recurso, ordenando la restitución inmediata del menor a María.

d)Remitir el caso al Ministerio Público para investigar posibles delitos del PANI.

La Defensoría de los Habitantes de la República, durante una investigación, determina que una acción de la Municipalidad de Alajuela es ilegal y arbitraria, afectando a varios ciudadanos.

a)Sustituir la acción ilegal de la Municipalidad con una propia y legal.

b)Imponer una sanción económica directa al funcionario responsable de la acción.

c)Recomendar y prevenir al órgano respectivo la rectificación correspondiente.

d)Denunciar el hecho ante la Contraloría General de la República para su investigación.

Según la Constitución Política, los funcionarios públicos son considerados simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone. ¿Qué no pueden arrogarse los funcionarios públicos?

a)La representación del pueblo en actos públicos.

b)La facultad de interpretar las leyes en casos complejos.

c)La potestad de dictar reglamentos internos.

d)Facultades no concedidas expresamente en la ley.

En un procedimiento administrativo disciplinario del Ministerio de Educación Pública (MEP) por una denuncia de abuso sexual contra un menor estudiante, las partes proponen una conciliación para evitar un proceso largo y desgastante.

a)No, la conciliación no procede en los procedimientos administrativos disciplinarios por estas causales.

b)Sí, siempre que ambas partes, incluyendo el menor, estén de acuerdo con la conciliación.

c)Sí, si el órgano instructor considera que la conciliación es la mejor vía para el interés superior del menor.

d)No, a menos que la conciliación sea supervisada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

La Defensoría de los Habitantes de la República cuenta con órganos especiales para el cumplimiento de sus atribuciones. ¿Cuál de los siguientes es un órgano especial mencionado explícitamente en la ley?

a)Una Defensoría para la protección de los derechos laborales.

b)Una Defensoría para la protección de la persona adulta mayor.

c)Una Defensoría para la protección de los derechos de los consumidores.

d)Una Defensoría para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Dirección de Contratación Pública están coordinando actividades para la implementación de capítulos de compras públicas de instrumentos comerciales internacionales vigentes en Costa Rica.

a)Incluir una herramienta tecnológica en el sistema digital unificado para identificar contrataciones cubiertas.

b)Establecer nuevos plazos mínimos de recepción de ofertas para todas las contrataciones públicas.

c)Modificar el ámbito de cobertura de los instrumentos comerciales internacionales vigentes.

d)Excluir la aplicación de la Ley General de Contratación Pública a estas contrataciones.

Un funcionario público del Ministerio de Educación Pública (MEP) recibe una denuncia de maltrato físico contra un estudiante menor de edad. El funcionario, siguiendo el procedimiento establecido, debe abstenerse de interrogar al menor.

a)Trasladar la denuncia a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública.

b)Realizar un interrogatorio preliminar para verificar la veracidad de los hechos denunciados.

c)Comunicar la denuncia al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para su intervención inmediata.

d)Archivar la denuncia si no hay pruebas suficientes para iniciar un procedimiento.

Doña Elena, abuela de Juan, ha encontrado un testamento de los padres de Juan donde designan a su tío Pedro como tutor testamentario. Doña Elena desea que se discierna el cargo a Pedro.

a)Presentar una solicitud ante el juez, indicando el protocolo o expediente del testamento.

b)Solicitar al juez que prevenga al tío Pedro para que acepte el cargo en un plazo de cinco días.

c)Acompañar el testamento original o una certificación del mismo en su solicitud al juez.

d)Publicar edictos por quince días para convocar a todos los posibles tutores legítimos.

El tío Pedro fue designado como tutor testamentario de Juan. El juez le previno para que se presentara a aceptar el cargo en el plazo legal, pero Pedro no lo hizo. Pedro no es uno de los parientes obligados a aceptar la tutela.

a)Se le señalará un nuevo plazo de tres días, bajo apercibimiento de daños y perjuicios.

b)Se tendrá la tutela por renunciada y se procederá a elegir un nuevo tutor.

c)Perderá los derechos que pudiera tener a la sucesión del menor, por su no aceptación.

d)El juez procederá a la apertura de un testamento cerrado para buscar un tutor subsidiario.

Tras agotar las vías para nombrar un tutor testamentario y legítimo para el menor Carlos, el juez constata que no hay parientes obligados a desempeñar la tutela, o que ninguno de los requeridos la aceptó.

a)Declarar la imposibilidad de nombrar un tutor y remitir el caso al Patronato Nacional de la Infancia.

b)Proceder a nombrar un tutor dativo al menor, quien deberá prestar juramento de fidelidad.

c)Requerir por tercera vez a los parientes, bajo apercibimiento de sanciones económicas.

d)Solicitar al testador que nombre uno o más tutores subsidiarios para el menor.

María ha sido nombrada tutora dativa de su sobrino menor, Pedro. Para poder ejercer plenamente la tutela, el juez le ha solicitado que garantice las resultas de su administración.

a)Un informe detallado de los gastos proyectados para la manutención del menor.

b)El inventario y avalúo de todos los bienes del menor, para que el juez ordene la garantía.

c)Una declaración jurada de solvencia económica, acompañada de sus estados de cuenta bancarios.

d)Un plan de inversión de los bienes del menor, aprobado por el Patronato Nacional de la Infancia.

Durante el proceso de nombramiento de un tutor para el menor Luis, surge una controversia sobre la capacidad de la persona propuesta para ejercer la tutela. Los interesados presentan sus argumentos ante el juez.

a)Por medio de un proceso ordinario, dada la complejidad del asunto.

b)Conforme a los trámites señalados para los incidentes.

c)A través de un procedimiento sumario, con audiencia única.

d)Mediante una consulta al Patronato Nacional de la Infancia, que será vinculante.

En la comunidad de San Isidro, se ha detectado que varios menores de edad no cuentan con un tutor legal, lo que los deja en una situación de vulnerabilidad.

a)La Procuraduría General de la República.

b)El Patronato Nacional de la Infancia.

c)La Defensoría de los Habitantes.

d)El Ministerio de Educación Pública.

El tutor de la menor Sofía ha sido negligente en la administración de sus bienes, causando un perjuicio económico significativo. Un familiar de Sofía, preocupado por la situación, desea solicitar la remoción del tutor.

a)Únicamente el Patronato Nacional de la Infancia, como ente rector.

b)Cualquier persona interesada en la administración de los bienes del menor.

c)Solamente el juez de familia, de oficio, al detectar la negligencia.

d)La Procuraduría General de la República, en representación del interés público.

Un abogado defensor argumenta que las medidas de seguridad no pueden aplicarse a un menor inimputable en el proceso penal juvenil, ya que la Ley de Justicia Penal Juvenil establece un catálogo taxativo de sanciones y las medidas de seguridad no están incluidas.

a)Las sanciones de la ley especial son equiparables a las medidas de seguridad, por su naturaleza socio-educativa.

b)No se pueden equiparar, pues las medidas de seguridad tienen una naturaleza curativa y no son sanciones.

c)Ambas son formas de respuesta estatal con fines de prevención especial positiva y reinserción social.

d)La ley especial es omisa, por lo que se aplica supletoriamente el régimen sancionatorio de adultos.

El Consejo Superior del Poder Judicial ha emitido una resolución administrativa que afecta los intereses de un funcionario judicial. El funcionario considera que la resolución es injusta y desea impugnarla.

a)Recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia, en un plazo de cinco días.

b)Recurso de reconsideración, que debe interponerse dentro del plazo de tres días.

c)Recurso de revisión ante la Sala Constitucional, sin un plazo preestablecido.

d)Recurso contencioso administrativo, en un plazo de dos meses hábiles.

Los padres de la menor Laura deben garantizar la administración de sus bienes, pero han sido morosos en cumplir con este requisito. El Tribunal ha constatado la falta de garantía.

a)Ordenar la suspensión de la responsabilidad parental sobre los bienes.

b)Nombrar un administrador especial para los bienes de la menor.

c)Remitir el caso al Patronato Nacional de la Infancia para su intervención.

d)Establecer un plazo adicional para que los padres presenten la garantía.

La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia cumple diversas funciones en el Poder Judicial. ¿Cuál de las siguientes es una de sus atribuciones principales?

a)Dirigir y coordinar las actividades administrativas de los despachos judiciales.

b)Autenticar firmas de funcionarios judiciales en documentos que deban enviarse al exterior.

c)Tramitar el nombramiento del personal de apoyo de todos los tribunales del circuito.

d)Velar por el giro oportuno y adecuado de los depósitos judiciales y su contabilización.

La Municipalidad de San José ha sido demandada en un proceso contencioso-administrativo. ¿Cuál entidad legalmente le corresponde la representación y defensa de la Municipalidad en este proceso?

a)La Procuraduría General de la República, por ser una entidad pública.

b)La Asesoría Legal de la Municipalidad, según la legislación común.

c)Un abogado externo contratado específicamente para el caso.

d)La Defensoría de los Habitantes, en su función de tutela administrativa.

Juan ha sido condenado y se le ha concedido la suspensión del proceso a prueba, con la condición de residir en un lugar determinado. ¿Quién es el encargado de vigilar el cumplimiento de esta condición y de informar al tribunal?

a)El Ministerio Público, como parte acusadora del proceso penal.

b)Una oficina especializada adscrita a la Dirección General de Adaptación Social.

c)El juez de ejecución de la pena, directamente y sin intermediarios.

d)La policía judicial, por ser la encargada de la investigación penal.

Carlos interpone un recurso de hábeas corpus alegando que una autoridad administrativa ha restringido ilegítimamente su derecho de libre permanencia en el territorio nacional. La Sala Constitucional, al analizar el caso, determina que la actuación impugnada no se refiere a la libertad o integridad personales, sino a una disposición administrativa que afecta su derecho al trabajo. ¿Cómo debe proceder la Sala Constitucional en este caso?

a)Declarar sin lugar el hábeas corpus y remitir a Carlos a la vía contencioso-administrativa.

b)Conceder a Carlos un término de tres días para que convierta el recurso a amparo.

c)Rechazar de plano el recurso por improcedencia de la vía y archivar el expediente.

d)Declarar que no es hábeas corpus, sino amparo, y continuar la tramitación como amparo.

María interpone un recurso de amparo contra una disposición administrativa que considera lesiva a sus derechos. ¿Cuál es el efecto inmediato de la interposición de este amparo sobre la aplicación de dicha disposición?

a)Suspende los efectos de la disposición para todos los ciudadanos afectados.

b)Suspende la aplicación de la disposición únicamente para la recurrente María.

c)No suspende los efectos de la disposición, pero sí su validez legal.

d)La Sala Constitucional debe decidir si suspende o no los efectos de la disposición.

En un proceso contencioso-administrativo, el juez debe decidir si otorga o deniega una medida cautelar solicitada por la parte actora. ¿Cuál principio debe considerar especialmente el juez para tomar esta decisión?

a)El principio de legalidad, asegurando que la medida esté expresamente prevista en la ley.

b)El principio de celeridad, para resolver la solicitud en el menor tiempo posible.

c)El principio de proporcionalidad, ponderando el interés público y los daños a terceros.

d)El principio de autonomía de la voluntad de las partes involucradas.

Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes para todos, excepto para:

a)La Sala Constitucional misma, en su función de intérprete supremo.

b)Los tribunales de primera instancia, en la aplicación de la ley.

c)El Poder Ejecutivo, en la emisión de actos administrativos.

d)El Poder Legislativo, en la creación de nuevas leyes.

María ha sido detenida por una autoridad judicial y considera que su detención es ilegítima. ¿Cuál recurso constitucional procede para garantizar su libertad e integridad personales contra esta acción?

a)Un recurso de amparo, por tratarse de una violación a un derecho fundamental.

b)Un recurso de hábeas corpus, por afectar su libertad e integridad personales.

c)Una acción de inconstitucionalidad, para impugnar la norma aplicada.

d)Un proceso contencioso-administrativo, para revisar la legalidad del acto.

María, una trabajadora de la CCSS, fue suspendida sin goce de salario por no vacunarse contra el COVID-19. Ella considera que la dilación en su procedimiento administrativo es una violación a sus derechos. ¿Cuál es la vía judicial idónea para que María impugne la dilación del procedimiento administrativo?

a)Un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, por violación a la justicia pronta.

b)Un proceso ordinario laboral ante los tribunales de trabajo, por afectación salarial.

c)Una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, para que investigue la mora.

d)Un proceso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por cuestión de legalidad.

Juan interpone un recurso de amparo contra una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que considera lesiva a sus derechos fundamentales en materia electoral. ¿Es procedente este recurso de amparo?

a)Sí, porque el amparo protege todos los derechos y libertades fundamentales.

b)Sí, siempre que la resolución no esté fundada en un acto administrativo eficaz.

c)No, porque el amparo no procede contra actos del TSE en materia electoral.

d)No, si la acción u omisión fue legítimamente consentida por Juan.

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