Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Administrativo - Proceso Contencioso Administrativo

Examen público de 50 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Proceso Contencioso Administrativo dentro de Derecho Administrativo en Costa Rica.

50 preguntasAvanzado

Derecho AdministrativoBloque temáticoProceso Contencioso AdministrativoNaturaleza y límites de la jurisdicción contencioso-administrativaObjeto de la jurisdicción contencioso administrativa

Preguntas

La empresa "Construcciones del Sol S.A." tiene un contrato administrativo de larga duración con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Debido a una urgente necesidad pública, el Ministerio decide modificar unilateralmente el contrato, lo que causa daños económicos a la empresa. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿cuál es la consecuencia jurídica principal de esta acción del Ministerio?

a)La empresa deberá aceptar la modificación sin derecho a compensación alguna.

b)El Ministerio será responsable por los daños y perjuicios causados.

c)La modificación es nula, ya que los contratos administrativos no pueden ser alterados.

d)La empresa solo podrá reclamar si demuestra dolo o culpa grave del Ministerio.

La empresa "TecnoSoluciones S.A." impugna un acto administrativo emitido por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones que afecta sus intereses. El acto es de carácter general y la empresa busca la anulación de un reglamento. ¿Cuál órgano jurisdiccional es competente para conocer del recurso extraordinario de casación en materia contencioso-administrativa en este caso?

a)El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.

b)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

c)La Sala Constitucional, por tratarse de un reglamento.

d)La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

La empresa "AgroExport S.A." impugna un acto administrativo complejo que involucra tanto a una institución descentralizada (el Consejo Nacional de Producción) como a un órgano con personería instrumental (la Junta Administrativa de un puerto). El acto es una autorización dictada en ejercicio de tutela administrativa. ¿Cuál órgano jurisdiccional es competente para conocer del recurso extraordinario de casación en materia contencioso-administrativa en este supuesto?

a)El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda.

b)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

c)La Sala Constitucional, por la complejidad del acto.

d)La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

El Ministerio de Educación Pública ha establecido una relación especial con la Fundación "EducaFuturo" mediante un contrato administrativo de duración para la gestión de programas educativos. Debido a incumplimientos graves, el Ministerio decide imponer sanciones disciplinarias que incluyen la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la Administración dentro de esta relación. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿hasta dónde pueden alcanzar estas limitaciones y sanciones disciplinarias?

a)Hasta la negación o supresión de los derechos y bienes creados por la Administración.

b)Hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la Administración.

c)Hasta la negación de los derechos propios del particular, pero no la supresión de los bienes.

d)Hasta la supresión de los bienes propios del particular, pero no la negación de los derechos.

La Municipalidad de Cartago emite un acto administrativo discrecional para la aprobación de un proyecto urbanístico. Un grupo de vecinos impugna el acto, alegando que, aunque formalmente discrecional, ignora principios elementales de lógica y conveniencia en la planificación urbana. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué tipo de control puede ejercer el Juez sobre este acto discrecional?

a)Control de legalidad sobre los aspectos reglados y sobre la observancia de sus límites.

b)Control de legalidad sobre los elementos discrecionales, como si ejerciera contralor de legalidad.

c)Control de legalidad sobre los aspectos reglados, pero no sobre los elementos discrecionales.

d)Control de legalidad sobre los límites impuestos por el ordenamiento, pero no sobre principios elementales.

La Dirección General de Migración y Extranjería emite una resolución que deniega una solicitud de residencia a la señora María Rojas. Esta resolución es susceptible de ser recurrida por María. Según el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, ¿cómo debe proceder la Administración respecto a esta resolución?

a)Debe notificar la resolución a la señora Rojas, aplicando las disposiciones de la LGAP.

b)Debe notificar la resolución a la señora Rojas, aplicando únicamente la Ley de Notificaciones Judiciales.

c)No es necesario notificar, ya que la señora Rojas puede consultar el estado de su trámite en línea.

d)Debe publicar la resolución en el Diario Oficial, sin necesidad de notificación personal.

La empresa "Desarrollos Sostenibles S.A." ha presentado una solicitud de permiso ambiental ante el Ministerio de Ambiente y Energía. Han transcurrido los plazos establecidos por la Ley General de la Administración Pública para la resolución del procedimiento, sin que la Administración haya emitido respuesta. La empresa considera que se ha producido una morosidad administrativa. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cuál es la vía idónea para determinar si la Administración Pública ha cumplido los plazos legales en este caso?

a)Un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, por tratarse de un derecho fundamental.

b)La jurisdicción contencioso-administrativa, por ser un cauce idóneo para cuestiones de legalidad ordinaria.

c)Un recurso de revisión ante el mismo Ministerio, agotando la vía administrativa.

d)Una denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, para que investigue la morosidad.

Un abogado analiza un caso de derecho administrativo donde no existe una norma administrativa escrita aplicable directamente. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué rama del derecho se aplicará en ausencia de norma administrativa aplicable, escrita o no escrita?

a)El derecho público y sus principios.

b)El derecho privado y sus principios.

c)El derecho constitucional, por su supremacía.

d)El derecho internacional, si existe un tratado aplicable.

La Asamblea Legislativa está discutiendo un proyecto de ley que afecta directamente la competencia de la Universidad de Costa Rica. Antes de la aprobación final, se plantea la necesidad de cumplir con un requisito constitucional específico. Según la Constitución Política, ¿qué debe hacer la Asamblea Legislativa en relación con este proyecto de ley?

a)Deberá oír previamente al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

b)Deberá obtener la aprobación del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

c)Deberá oír previamente a la Sala Constitucional, por tratarse de un tema universitario.

d)No requiere ninguna consulta previa, ya que la Asamblea Legislativa es soberana.

La empresa "Servicios Públicos S.A." ha sido objeto de un acto administrativo que considera ilegal y que le ha causado un daño patrimonial. Su abogado, la Licenciada Laura Méndez, busca una vía para obtener reparación por las injurias y daños recibidos. Según la Constitución Política, ¿qué derecho fundamental asiste a la empresa en este caso?

a)El derecho a no declarar contra sí misma en ningún procedimiento.

b)El derecho a que se le haga justicia pronta, cumplida y sin denegación.

c)El derecho a un recurso de hábeas corpus para garantizar su libertad personal.

d)El derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros.

La empresa "Logística Rápida S.A." recibe una notificación de un acto administrativo que le impone una multa. Sin embargo, antes de que el acto sea comunicado formalmente, la Administración inicia el cobro de la multa. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué opción tiene "Logística Rápida S.A." respecto a la impugnación de este acto?

a)Podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome conocimiento del inicio de la ejecución.

b)Deberá esperar la comunicación formal del acto para que inicie el plazo de impugnación.

c)Solo podrá impugnarlo si demuestra que la ejecución le causó un daño irreparable.

d)El acto es nulo de pleno derecho por ser ejecutado antes de su comunicación.

El señor Carlos Solano obtuvo un permiso de construcción para su vivienda, el cual le reconoce un derecho subjetivo. La Municipalidad de San Isidro, por un cambio en su política urbanística, decide revocar dicho permiso. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿cuál es un requisito indispensable para que la Municipalidad pueda revocar válidamente este acto declaratorio de derechos subjetivos?

a)Que la revocación sea declarada por el Concejo Municipal, sin necesidad de dictamen externo ni justificación adicional.

b)Que la revocación sea hecha por el jerarca del ente respectivo, previo dictamen favorable de la Contraloría General de la República.

c)Que se demuestre que el permiso fue obtenido mediante fraude o vicio de nulidad absoluta, lo cual es un requisito esencial.

d)Que la revocación se realice por razones de oportunidad o conveniencia, sin responsabilidad de indemnización alguna.

La Junta de Protección Social emitió un acto administrativo declaratorio de derechos que, posteriormente, se determina que es absolutamente nulo, y esta nulidad es evidente y manifiesta. La Junta desea anularlo en vía administrativa. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué requisito es indispensable para que la Junta de Protección Social pueda declarar administrativamente la nulidad absoluta de este acto?

a)Que la declare el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República.

b)Que la declare el jerarca del ente respectivo, sin necesidad de dictamen si la nulidad es manifiesta.

c)Que la declare el ministro del ramo, si se trata de la Administración central del Estado, o el órgano superior supremo en otros entes.

d)Que la declare el órgano superior supremo de la jerarquía administrativa, previo dictamen favorable de la Contraloría General de la República.

Un abogado analiza la fundamentación de una sentencia de la Sala Constitucional y observa que se aplicaron principios generales del derecho. Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ¿a qué está sometida únicamente la Sala Constitucional y su jurisdicción?

a)A la Constitución, la ley y principios públicos.

b)A la Constitución, la ley y jurisprudencia.

c)A la Constitución, la ley y la LGAP.

d)A la Constitución y a la ley.

La empresa "Construcciones del Futuro S.A." interpone un recurso en un proceso de contratación pública, pero el objeto del recurso se refiere a una materia que la Ley General de Contratación Pública excluye de su alcance. Según el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, ¿cuál será la consecuencia inmediata para el recurso interpuesto por "Construcciones del Futuro S.A."?

a)Será admitido, pero se remitirá a la vía administrativa ordinaria para su resolución.

b)Será rechazado de plano por inadmisible, debido a incompetencia en razón de la materia.

c)Se le dará un plazo de subsanación para que adecúe el recurso a la materia competente.

d)Será tramitado, pero la resolución final declarará la incompetencia del órgano.

La empresa "Transportes Seguros S.A." se dedica al transporte de materiales peligrosos en Costa Rica. Para cumplir con la normativa, uno de sus vehículos debe someterse a una revisión técnica. Según la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, ¿qué requisito específico debe cumplir este vehículo en relación con la revisión técnica?

a)Contar con un permiso especial del MOPT para cada viaje.

b)Contar con el documento aprobado que acredite la revisión técnica semestral.

c)Someterse a una revisión técnica anual, sin necesidad de documento específico.

d)Cumplir las disposiciones del reglamento de la ley, sin revisión técnica obligatoria.

La empresa "Desarrollos Urbanos S.A." desea interponer un juicio contra la Municipalidad de Alajuela por un litigio cuya cuantía asciende a ₡1.500.000. Según la Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cuál órgano jurisdiccional es competente para conocer de este litigio?

a)El Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por exceder la cuantía de mil colones.

b)El Juez Civil, dado que la cuantía supera el límite de los juzgados menores.

c)El Tribunal Contencioso Administrativo, por tratarse de un litigio contra una Municipalidad.

d)El Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, solo si el litigio es de naturaleza administrativa.

Un funcionario público, Juan Pérez, es despedido de una institución autónoma. Juan considera que el acto de despido es ilegal y desea impugnar su validez y solicitar su reinstalación. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cuál jurisdicción es competente para conocer la pretensión de Juan Pérez de impugnar la validez del acto de despido y solicitar su reinstalación?

a)La jurisdicción laboral, ya que toda controversia en relaciones de empleo público es de su competencia.

b)La jurisdicción contencioso-administrativa, si la pretensión es materialmente laboral como el pago de salarios caídos.

c)La jurisdicción contencioso-administrativa, si se cuestiona la validez o disconformidad sustancial del acto administrativo.

d)La jurisdicción laboral, si el funcionario no participa de la gestión pública del respectivo ente público.

La empresa "Servicios Municipales S.A." tiene un contrato de concesión con una municipalidad. Surge una controversia sobre la interpretación de una cláusula contractual que afecta la legalidad de una decisión administrativa. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cuáles son los criterios determinantes para deslindar el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso-administrativa de otros órdenes jurisdiccionales especializados?

a)La naturaleza del ente público involucrado y la cuantía del litigio.

b)El tipo de acto administrativo emitido y la fecha de su emisión.

c)El contenido material o sustancial de la pretensión y el régimen jurídico aplicable.

d)La existencia de un daño patrimonial y la posibilidad de una condena en abstracto.

Don Ricardo, un ciudadano costarricense, desea emprender un negocio innovador que no está expresamente regulado por ninguna ley, ni prohibido. Las autoridades municipales le indican que, al no existir una regulación específica, no puede llevar a cabo su actividad. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cuál es la única limitación que se le puede imponer a las acciones privadas de don Ricardo en este contexto?

a)Que infrinjan una ley o una prohibición expresa.

b)Que cuenten con la aprobación previa de la autoridad administrativa.

c)Que estén explícitamente permitidas por una regulación específica.

d)Que no afecten los intereses económicos de terceros.

La Municipalidad de Puntarenas identifica que la señora Carmen ha construido una pequeña estructura en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre sin contar con ningún permiso o concesión. La Municipalidad desea proceder con el desalojo y la destrucción de la construcción. Según la jurisprudencia de la Sala Tercera, ¿cuál es la situación jurídica respecto a la procedencia de estas acciones?

a)Procede el desalojo y la destrucción de las construcciones en la zona pública de la ZMT.

b)No procede el desalojo de pobladores u ocupantes en la zona pública de la ZMT.

c)El desalojo solo procede si la construcción se encuentra en la zona restringida de la ZMT.

d)La destrucción de construcciones no está permitida, solo el desalojo de los ocupantes.

Siguiendo el caso anterior, la Municipalidad de Puntarenas ha iniciado el proceso de desalojo y destrucción de la estructura de la señora Carmen en la zona pública de la ZMT. La señora Carmen, asesorada legalmente, busca una forma de suspender temporalmente estas acciones. Según la jurisprudencia de la Sala Tercera, ¿por cuánto tiempo podría suspenderse el desalojo y la destrucción de la construcción?

a)Por 24 meses, según lo previsto en la Ley 9073.

b)Por 12 meses, si se demuestra la buena fe de la ocupante.

c)Por un plazo indefinido, hasta que se regularice la situación.

d)No procede ninguna suspensión, el desalojo es inmediato.

La Ley 16, en su Artículo 1°, estableció la derogación de ciertas disposiciones legales. ¿Qué tipo de requisito fue derogado por esta norma para entablar ciertos juicios?

a)El juicio previo de conciliación.

b)La presentación de pruebas documentales.

c)La notificación personal a las partes.

d)El pago de timbres judiciales.

Según el Artículo 2° de la Ley 16, en los juicios civiles y criminales, no habrá reserva de pruebas. ¿Qué derecho tienen las partes contendientes en consecuencia?

a)Presenciar las declaraciones de testigos y repreguntarles recíprocamente.

b)Solicitar la reserva de ciertas pruebas para proteger información sensible.

c)Excluir a la parte contraria de presenciar las declaraciones de testigos.

d)Presentar pruebas únicamente por escrito, sin necesidad de debate oral.

La Asociación Oratorios Salesianos Don Bosco solicita la exoneración de derechos de aduanas para la importación de materiales destinados a la ampliación de una escuela. Para que esta exoneración sea válida, ¿qué requisito deben cumplir los materiales según la Ley 3202?

a)Deben ser previamente determinados mediante listas aprobadas por el MEP.

b)Pueden ser producidos en Costa Rica si no hay suficiente oferta local.

c)Deben ser usados en cualquier obra de la Asociación, no solo las específicas.

d)La aprobación de las listas corresponde directamente al Ministerio de Hacienda.

La Tesorería Nacional ha incurrido en una omisión al no girar recursos a una entidad titular, lo que podría generar responsabilidad administrativa. El Director de la Tesorería, don Fernando, busca conocer el procedimiento aplicable para determinar dicha responsabilidad. Según la Ley 10495, ¿cómo se determinará la responsabilidad administrativa en este caso?

a)De conformidad con la Ley General de la Administración Pública y demás aplicables.

b)Mediante un procedimiento especial establecido por la Contraloría General de la República.

c)A través de un juicio ordinario ante los tribunales contencioso-administrativos.

d)Por decisión directa de la Tesorería Nacional, sin necesidad de un procedimiento formal.

La empresa "Construcciones Modernas S.A." ya había objetado previamente un pliego de condiciones en un concurso de contratación pública. Posteriormente, la Administración modifica una cláusula de ese mismo pliego y "Construcciones Modernas S.A." desea impugnar nuevamente el pliego.

a)Únicamente el contenido del pliego objeto de modificación.

b)Cualquier cláusula del pliego, incluyendo las no modificadas.

c)Solo las cláusulas que no fueron objeto de la objeción inicial.

d)El recurso será rechazado por haberse ejercido previamente.

En un proceso de familia, María solicita la suspensión del curso de las actuaciones porque existe un proceso penal pendiente contra su cónyuge, Juan, y ella considera que la resolución del caso penal es necesaria para decidir sobre el objeto del litigio familiar. No es posible la acumulación de procesos.

a)Sí, si la autoridad judicial lo considera necesario para decidir sobre una cuestión prejudicial.

b)No, porque la existencia de un proceso penal pendiente nunca da lugar a prejudicialidad.

c)Sí, si ambas partes lo solicitan y por un plazo no mayor a tres meses.

d)No, porque la prejudicialidad solo aplica en materia civil y comercial.

Un juzgado civil de San José y un juzgado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda de Alajuela se declaran ambos competentes para conocer de un mismo asunto.

a)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

b)La Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

c)El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo.

d)La Corte Suprema de Justicia en Pleno.

La empresa "Inversiones del Norte S.A." desea impugnar un acuerdo de su junta directiva. La actividad principal de la empresa se ejerce en Liberia, Guanacaste, donde se ubica su organización empresarial más importante.

a)El tribunal del lugar donde se ejerce la actividad principal de la empresa.

b)El tribunal del domicilio del demandado, si fuera una persona física.

c)El tribunal del lugar donde se encuentre el bien inmueble principal de la empresa.

d)El tribunal del domicilio del demandante, a elección de este.

María, una jueza, se encuentra en una situación donde su hermano es juez superior y podría conocer en grado de sus resoluciones. Ella desea saber si puede administrar justicia en este contexto.

a)No, si su hermano es cónyuge, ascendiente o descendiente, hermano, cuñado, tío o sobrino carnal.

b)Sí, siempre que se declare inhibida para conocer los asuntos en que haya intervenido su pariente.

c)No, si es pariente por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado inclusive de un integrante de un tribunal colegiado.

d)Sí, si la relación familiar es entre magistrados suplentes que accidentalmente integren una Sala.

Un tribunal se declara incompetente por razón de la materia en un proceso. Esta decisión no ha adquirido firmeza. Una de las partes desea que la cuestión de competencia sea resuelta.

a)La cuestión se resolverá conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

b)La cuestión se resolverá por el tribunal inmediato superior de los dos jueces que sostienen la competencia.

c)La providencia en que un juez se declare incompetente no da lugar a promover competencia.

d)La incompetencia por razón de la materia puede decretarse de oficio en cualquier estado del proceso.

Un tribunal debe interpretar una norma procesal para aplicarla a un caso concreto. El abogado de una de las partes argumenta que se debe priorizar el sentido literal de las palabras.

a)El tribunal debe considerar su carácter instrumental, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad.

b)El tribunal debe priorizar el sentido propio de sus palabras, sin considerar el contexto.

c)El tribunal debe despojarse de formalismos innecesarios, sin importar el espíritu de la norma.

d)El tribunal debe aplicar la norma de forma inmediata, sin interpretación alguna.

La empresa estatal "Transportes Nacionales S.A." (una empresa pública) se ve envuelta en un litigio con un proveedor privado por el incumplimiento de un contrato de servicios. El proveedor desea demandar a la empresa estatal. ¿Ante cuál jurisdicción debe el proveedor privado interponer la demanda contra "Transportes Nacionales S.A."?

a)La jurisdicción civil ordinaria, por tratarse de un contrato entre partes.

b)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, por ser una empresa pública.

c)La jurisdicción comercial, dado que el litigio surge de una relación contractual mercantil.

d)La jurisdicción laboral, si el conflicto involucra a un empleado de la empresa pública.

En un proceso contencioso-administrativo, la empresa "TecnoConstrucciones S.A." demanda al Ministerio de Obras Públicas por la anulación de un acto administrativo. Durante el proceso, surge una cuestión prejudicial directamente relacionada con el caso, pero que no pertenece a la materia contencioso-administrativa. ¿Cómo debe proceder la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda respecto a esta cuestión prejudicial, según el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)Remitirá la cuestión a la jurisdicción especializada correspondiente para su resolución vinculante.

b)Suspenderá el proceso contencioso-administrativo hasta que la jurisdicción competente resuelva la cuestión.

c)Conocerá y decidirá la cuestión prejudicial, pero su decisión no producirá efecto fuera del proceso.

d)Declarará su incompetencia para conocer la cuestión, lo que implicará el archivo del proceso principal.

Don Carlos, un ciudadano, sufre daños en su propiedad debido a la negligencia de un funcionario del Ministerio de Salud durante una inspección. Don Carlos desea reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. ¿Cuál jurisdicción es competente para conocer de la pretensión de don Carlos por la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios?

a)La jurisdicción civil ordinaria, por tratarse de un reclamo de daños y perjuicios.

b)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, por la naturaleza del reclamo.

c)La jurisdicción penal, si se demuestra que la negligencia del funcionario constituye un delito.

d)La Sala Constitucional, mediante un recurso de amparo por violación de derechos fundamentales.

La empresa "Constructora del Valle S.A." participa en un proceso de licitación pública con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). La empresa considera que uno de los actos preparatorios del proceso de contratación administrativa tiene un efecto propio que le causa un perjuicio directo. ¿Cuál jurisdicción es competente para conocer de la impugnación de este acto preparatorio con efecto propio, según el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, por la materia de contratación administrativa.

b)La Contraloría General de la República, como órgano contralor de la Hacienda Pública.

c)La jurisdicción civil ordinaria, si el acto preparatorio no ha generado un contrato formal.

d)La Sala Constitucional, si se alega una violación al debido proceso en la licitación.

En un proceso, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda se estima incompetente de oficio y remite el expediente a otro tribunal. Una de las partes se manifiesta inconforme con esta resolución. ¿Qué recurso procede para resolver esta inconformidad, según la Ley de Creación del Tribunal Superior Contencioso Administrativo?

a)Un recurso de apelación ante el Tribunal Superior Contencioso Administrativo.

b)Una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional.

c)Una consulta a la Sala de Casación, sin ulterior recurso.

d)Un recurso de revocatoria ante el mismo Juzgado que dictó la resolución.

Un ciudadano impugna una resolución de la Municipalidad de Heredia alegando que, aunque la resolución parece legal en su forma, fue emitida con la intención de favorecer a un particular en detrimento del interés público, lo que constituye una desviación de poder. ¿Cómo se considera la desviación de poder dentro de los motivos de ilegalidad que comprende la Jurisdicción Contencioso-Administrativa?

a)Como una causal de nulidad relativa, que solo puede ser alegada por la Administración.

b)Como una infracción al ordenamiento jurídico, por acción u omisión.

c)Como un vicio de forma, que no afecta la validez sustancial del acto.

d)Como una irregularidad menor, que no es objeto de conocimiento de esta jurisdicción.

Un estudiante de derecho está estudiando la definición de Administración Pública para los fines del Código Procesal Contencioso-Administrativo. ¿Cuál de las siguientes entidades se considera Administración Pública para los fines del Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)Las empresas privadas que realizan funciones de interés público.

b)Los Poderes Legislativo y Judicial, en todas sus funciones.

c)Las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos.

d)La Administración central y la Administración descentralizada.

Un funcionario judicial, el Lic. Roberto, se encuentra en un proceso judicial y se le prohíbe expresar su opinión respecto de negocios judiciales que está llamado a fallar. ¿Qué pena se le impondrá al Lic. Roberto si contraviene esta prohibición, según la Ley Orgánica del Poder Judicial?

a)Una amonestación escrita por parte de la Corte Suprema de Justicia.

b)La destitución inmediata del cargo, sin derecho a apelación.

c)La pena que establece el artículo 389 del Código Penal.

d)Una suspensión temporal de sus funciones por un período determinado.

La empresa "Desarrollos Sostenibles S.A." ha presentado una demanda ordinaria que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye exclusivamente a la vía civil de Hacienda. ¿Cómo se tramitará este proceso, según el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)Conforme a las reglas del Código Procesal Civil, por ser una vía civil.

b)De conformidad con la presente Ley, es decir, el Código Procesal Contencioso-Administrativo.

c)Con arreglo a la ley específica que corresponda a cada uno de ellos, si son sumarios.

d)Mediante un procedimiento especial establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

María, una funcionaria pública, es despedida de su cargo en una institución autónoma. Ella considera que el procedimiento administrativo de despido fue irregular y busca impugnar la validez del acto administrativo.

a)La jurisdicción laboral, por tratarse de una relación de empleo público.

b)La jurisdicción civil, al ser un asunto de carácter patrimonial.

c)La jurisdicción contencioso-administrativa, por la disconformidad sustancial con el ordenamiento jurídico-administrativo.

d)La jurisdicción constitucional, para proteger sus derechos fundamentales.

La Dirección General de Tributación estima que una resolución dictada por el Tribunal Fiscal Administrativo no se ajusta al ordenamiento jurídico y desea impugnarla.

a)Obtener la aprobación de la Contraloría General de la República.

b)Adjuntar la autorización escrita emanada del Ministerio de Hacienda.

c)Presentar un recurso de apelación ante la Sala Primera.

d)Demostrar un interés directo y actual en el asunto.

La Dirección General de Tributación estima que una resolución dictada por el Tribunal Fiscal Administrativo no se ajusta al ordenamiento jurídico y desea impugnarla. ¿Qué requisito debe cumplir la Dirección para iniciar un juicio contencioso-administrativo contra dicho fallo, según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios?

a)Adjuntar la autorización escrita emanada del Ministerio de Hacienda.

b)Presentar un informe motivado al Tribunal Fiscal Administrativo.

c)Obtener un dictamen favorable del órgano legal correspondiente.

d)Demostrar un interés directo y actual en la impugnación.

En un proceso de familia, María solicita la suspensión del curso de las actuaciones porque existe un proceso penal pendiente contra su cónyuge, Juan, y ella considera que la resolución del caso penal es necesaria para decidir sobre el objeto del litigio familiar. No es posible la acumulación de procesos. ¿Puede el juez decretar la suspensión del proceso de familia por prejudicialidad?

a)Sí, si la autoridad judicial lo considera necesario y la cuestión penal es el objeto principal de otro proceso pendiente.

b)No, porque la existencia de un proceso penal pendiente en ningún caso dará lugar a prejudicialidad en materia de familia.

c)Sí, pero solo si ambas partes lo solicitan y el plazo no excede de tres meses prorrogables.

d)No, a menos que la cuestión penal sea de menor cuantía y no afecte el fondo del asunto familiar.

Un juzgado civil de San José y un juzgado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda de Alajuela se declaran ambos competentes para conocer de un mismo asunto. ¿Cuál órgano es competente para resolver este conflicto de jurisdicción, según la Ley de Creación del Tribunal Superior Contencioso Administrativo?

a)La Sala de Casación, sin ulterior recurso, dentro de ocho días siguientes.

b)El Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en su función de alzada.

c)La Corte Plena, mediante un acuerdo vinculante para ambos juzgados.

d)El Juez de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de mayor antigüedad.

Un tribunal agrario se declara incompetente de oficio por razón de la materia en un proceso. Esta decisión no ha adquirido firmeza. Una de las partes, la empresa "Agropecuaria del Sur S.A.", desea que la cuestión de competencia sea resuelta por el superior. ¿Cuál es el plazo para que la parte muestre su inconformidad con la declaratoria de incompetencia, según el Código Procesal Agrario?

a)Dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.

b)Dentro del plazo de tres días, y si se decide en audiencia, deberá plantearse en esta.

c)En cualquier momento antes de la audiencia de prueba, si la incompetencia es por la materia.

d)Dentro del plazo conferido para contestar la demanda, si la incompetencia es de oficio.

Un tribunal debe interpretar una norma procesal para aplicarla a un caso concreto. El abogado de una de las partes argumenta que se debe priorizar el sentido literal de las palabras, mientras que la contraparte sostiene que debe buscarse la intención del legislador. ¿Qué principio de interpretación debe aplicar el tribunal si no hay norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, según la Ley General de la Administración Pública?

a)La jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado.

b)La costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de derecho, en ese orden de prelación.

c)El derecho privado y sus principios, como primera opción supletoria.

d)Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana.

Don Carlos, un ciudadano, sufre daños en su propiedad debido a la negligencia de un funcionario del Ministerio de Salud durante una inspección. Don Carlos desea reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. ¿Cuál jurisdicción es competente para conocer de la pretensión de don Carlos por la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios, según el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)La Jurisdicción Civil, por tratarse de un reclamo de daños y perjuicios entre particulares.

b)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, por la materia de responsabilidad patrimonial.

c)La Jurisdicción Penal, si se demuestra que la negligencia constituye un delito.

d)La Jurisdicción Laboral, si el funcionario actuó en el ejercicio de sus funciones.

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