Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Administrativo - Principio de legalidad o juridicidad

Examen público de 40 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Principio de legalidad o juridicidad en Derecho Administrativo costarricense.

40 preguntasEstandar

Derecho AdministrativoTema específicoPrincipio de legalidad o juridicidad

Preguntas

Juan, un ciudadano costarricense, es detenido por la policía sin que se le informen los motivos específicos de su arresto ni los cargos en su contra. Su abogado considera que se está vulnerando su libertad personal. ¿Cuál recurso constitucional es el más adecuado para garantizar su libertad e integridad personales?

a)Un recurso de amparo, ya que protege los derechos y libertades fundamentales en general.

b)Una acción de inconstitucionalidad, para impugnar la actuación policial como contraria a la Constitución.

c)Un recurso de hábeas corpus, pues procede para garantizar la libertad e integridad personales.

d)Una consulta judicial de constitucionalidad, para que la Sala aclare la situación.

Pedro interpone un recurso de amparo contra una resolución judicial firme emitida por un tribunal del Poder Judicial, alegando una violación a sus derechos fundamentales. ¿Cómo debe proceder la Sala Constitucional respecto a este recurso?

a)Debe admitir el amparo, ya que todas las resoluciones judiciales son susceptibles de control constitucional.

b)Debe rechazar el amparo, pues no procede contra resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

c)Debe convertirlo en hábeas corpus si la violación afecta la libertad personal.

d)Debe solicitar un informe al tribunal para evaluar la constitucionalidad de la resolución.

El Juez Carlos, a cargo de un caso de crimen organizado, autoriza la intervención de comunicaciones y delega la escucha material de las grabaciones en un oficial de policía especializado. Esta delegación se realiza bajo su estricta supervisión y control. ¿Es esta delegación conforme a la interpretación actual de la Sala Constitucional?

a)No, porque la escucha de las comunicaciones es una responsabilidad indelegable del juez, según la jurisprudencia tradicional.

b)Sí, porque la Sala Constitucional ha reinterpretado que la escucha material puede delegarse, manteniendo el control judicial indelegable.

c)No, ya que la delegación solo es posible para actos técnicos, no para la escucha del contenido de las comunicaciones.

d)Sí, siempre que el oficial de policía sea un perito juramentado y el juez no tenga conocimientos técnicos.

Durante una investigación penal, la Fiscal Ana autoriza a un oficial de policía a escuchar y transcribir comunicaciones interceptadas, sin que el juez haya revisado previamente el contenido. Posteriormente, la Sala Constitucional determina que esta actuación se realizó sin la debida supervisión judicial. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de las transcripciones realizadas por el oficial?

a)Las transcripciones son válidas, ya que la delegación de la escucha es permitida por la ley.

b)Las transcripciones deben ser anuladas, aunque la intervención original mantenga su validez.

c)Toda la intervención, incluyendo las grabaciones, debe ser anulada por falta de control judicial.

d)El oficial de policía incurre en responsabilidad penal, pero las transcripciones son utilizables como prueba.

La empresa 'TecnoGlobal S.A.' considera que una nueva ley aprobada por la Asamblea Legislativa infringe un principio constitucional fundamental. La empresa desea impugnar esta ley para que sea declarada inconstitucional. ¿Cuál es la vía procesal adecuada para esta impugnación?

a)Un recurso de amparo, ya que protege los derechos fundamentales de las personas jurídicas.

b)Una consulta judicial de constitucionalidad, para que un juez eleve la duda a la Sala.

c)Una acción de inconstitucionalidad, que procede contra leyes que infrinjan normas constitucionales.

d)Un recurso de hábeas corpus, si la ley afecta la libertad de sus representantes legales.

Un menor de edad, Luis, es sometido a un proceso penal por una conducta que, al momento de cometerse, no estaba tipificada como delito ni contravención en la ley penal. ¿Qué principio fundamental de la justicia penal juvenil se estaría vulnerando en este caso?

a)El principio de lesividad, al no comprobarse un daño a un bien jurídico tutelado.

b)El principio de justicia especializada, al no ser juzgado por órganos específicos.

c)El principio de legalidad, que exige tipificación previa del hecho y de la sanción.

d)El principio de presunción de inocencia, al no haberse comprobado su culpabilidad.

La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional en Costa Rica poseen una característica particular en cuanto a su obligatoriedad. ¿Cuál es esta característica según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Son vinculantes únicamente para las partes involucradas en el caso concreto.

b)Son vinculantes erga omnes, es decir, para todos, incluyendo la propia Sala Constitucional.

c)Son vinculantes erga omnes, salvo para la propia Sala Constitucional.

d)Son meramente orientativos, sin carácter vinculante para otros tribunales.

Carlos, un periodista, publica una noticia en un medio de difusión que contiene información inexacta y agraviante sobre la reputación de Ana. Ana desea ejercer su derecho a que se corrija esta información. ¿Qué derecho le asiste a Ana según la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)El derecho a la honra y dignidad, que le permite demandar al periodista por daños y perjuicios.

b)El derecho a la libertad de expresión, que le permite publicar su versión en cualquier medio.

c)El derecho de rectificación o respuesta, para efectuar su corrección por el mismo órgano de difusión.

d)El derecho a la protección judicial, que le permite solicitar medidas cautelares contra el medio.

La Sala Constitucional, al analizar un caso, considera que las actuaciones impugnadas están razonablemente fundadas en normas vigentes. En este escenario, la Sala debe suspender la tramitación y otorgar un plazo al recurrente para que formalice una acción de inconstitucionalidad. ¿De cuántos días hábiles dispone el recurrente para formalizar dicha acción?

a)Cinco días hábiles.

b)Diez días hábiles.

c)Quince días hábiles.

d)Treinta días hábiles.

La empresa 'Servicios Públicos S.A.' es un ente descentralizado que se encuentra en un conflicto de competencia constitucional con la Contraloría General de la República. ¿Cuál órgano jurisdiccional es el competente para resolver este tipo de conflicto?

a)La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por ser la competente en materia administrativa.

b)El Tribunal Contencioso Administrativo, por tratarse de un conflicto entre entes públicos.

c)La Sala Constitucional, que resuelve conflictos de competencia constitucional entre entes públicos.

d)La Asamblea Legislativa, por ser el órgano que crea los entes descentralizados.

La Municipalidad de San Isidro desea implementar un nuevo programa de reciclaje que requiere la instalación de contenedores especiales en propiedades privadas. Para ello, emite un acto administrativo que obliga a los ciudadanos a permitir dicha instalación. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿cómo debe actuar la Administración Pública en este caso?

a)Solo podrá realizar aquellos actos o prestar servicios públicos que autorice el ordenamiento jurídico.

b)Podrá realizar actos no autorizados si son para el fin público y no afectan derechos fundamentales.

c)Debe actuar sometida al ordenamiento jurídico, pero puede crear nuevas obligaciones si son necesarias.

d)Puede realizar cualquier acto que no esté expresamente prohibido por una norma escrita.

La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación emite una circular interna que establece un nuevo procedimiento para la evaluación del desempeño de los docentes, el cual es más estricto que el reglamento general. Un docente, Carlos, considera que esta circular le perjudica. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué valor tiene esta circular interna frente al ordenamiento general del Estado en perjuicio de Carlos?

a)Tendrá valor si beneficia a la Administración, aunque perjudique al particular.

b)Carecerá de valor ante el ordenamiento general del Estado en perjuicio del particular.

c)Tendrá valor si el particular la invoca en su totalidad, incluso si le perjudica.

d)Será válida si está regulada por un reglamento interno específico del Ministerio.

María solicita a la Municipalidad de Heredia un permiso para construir una pequeña ampliación en su casa. La Municipalidad, tras revisar su solicitud, le otorga un acto administrativo que le autoriza a realizar la obra bajo ciertas condiciones. Según el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, ¿cómo se clasifica este acto administrativo?

a)Es una autorización, con motivo y contenido discrecional.

b)Es una licencia, con motivo y contenido reglados.

c)Es un permiso, que tolera o permite realizar algo específico.

d)Es un trámite, que busca obtener un derecho o eliminar una restricción.

La empresa 'Innovaciones Tecnológicas S.A.' solicitó una autorización para operar un nuevo servicio de telecomunicaciones. Transcurrido el plazo legal sin que la Administración se pronunciara, la empresa desea aplicar el silencio positivo. Según la Ley N° 8990, ¿qué debe presentar la empresa para que se tengan por aprobadas las solicitudes de autorización?

a)Un informe técnico que demuestre el cumplimiento de todos los requisitos.

b)Una solicitud formal de silencio positivo ante el jerarca administrativo.

c)Una declaración jurada autenticada que conste el cumplimiento de requisitos.

d)Una resolución judicial que declare la aplicación del silencio positivo.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), un ente público, emite un reglamento que contradice directamente una ley aprobada por la Asamblea Legislativa en materia de tarifas eléctricas. Un usuario, don Ricardo, se ve afectado por esta contradicción. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué prevalece en la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo?

a)Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes.

b)Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana.

c)Las leyes y los demás actos con valor de ley.

d)Los reglamentos de los entes descentralizados, como el ICE.

La Junta de Protección Social (JPS) establece un nuevo sistema de incentivos para sus vendedores de lotería, que incluye la suspensión temporal de sus derechos de venta si no cumplen ciertas metas. Un vendedor, don José, alega que esta medida es excesiva. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué tipo de sanciones disciplinarias pueden imponerse en las relaciones especiales creadas por actos administrativos de duración?

a)Pueden alcanzar la negación o supresión de los derechos y bienes creados.

b)Pueden suspender temporalmente los derechos y bienes, pero no suprimirlos.

c)No pueden afectar los derechos creados, solo imponer multas económicas.

d)Solo pueden aplicarse si existe una ley expresa que las autorice para cada caso.

Un ciudadano, don Fernando, presenta una solicitud de permiso de uso de suelo ante la Municipalidad de Alajuela, pero su petición es contraria a las regulaciones de zonificación establecidas en el plan regulador vigente. La Municipalidad rechaza la solicitud. Según el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, ¿puede don Fernando exigir responsabilidad a la Administración o al funcionario público por este rechazo?

a)Sí, siempre que la solicitud haya sido presentada en tiempo y forma.

b)No, cuando las peticiones no sean legítimas o sean contrarias al orden público.

c)Sí, si el funcionario no le informó previamente sobre la ilegalidad de su petición.

d)No, a menos que el funcionario haya actuado con dolo o culpa grave en el rechazo.

En el Código Procesal Civil, el principio de instrumentalidad establece que al aplicar la norma procesal, el tribunal deberá tomar en cuenta que su finalidad es:

a)Garantizar la igualdad de las partes en el proceso.

b)Asegurar la celeridad y la concentración de la actividad procesal.

c)Evitar el fraude procesal y cualquier conducta dilatoria.

d)Dar aplicación a las normas de fondo.

La Dirección General de Migración y Extranjería emite un acto administrativo que concede la residencia a un extranjero, pero se descubre que el funcionario que lo dictó omitió un requisito sustancial exigido por el ordenamiento jurídico. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué constituye la falta o defecto de un requisito del acto administrativo?

a)Constituirá un vicio del acto, que lo hará inválido si es sustancial.

b)Solo causará responsabilidad disciplinaria si la infracción es insustancial.

c)Será una infracción insustancial que no invalidará el acto, pero sí al funcionario.

d)No afectará la validez del acto si el móvil del funcionario fue correcto.

María, funcionaria de la Dirección de Contratación Pública, está a cargo de un proceso de licitación para adquirir equipos tecnológicos. Durante el proceso, recibe una oferta que, aunque cumple los requisitos técnicos, proviene de una empresa de un familiar cercano.

a)Debe priorizar la oferta de la empresa familiar si es la más económica, aplicando el principio de valor por el dinero.

b)Debe actuar de manera proba, íntegra y transparente, conforme a los principios éticos que rigen la Administración.

c)Puede aceptar la oferta si no hay una prohibición expresa en el pliego de condiciones, invocando la libre concurrencia.

d)Debe consultar a la Autoridad de Contratación Pública para que emita un lineamiento específico para este caso.

Pedro es sorprendido cultivando dos plantas de marihuana en su jardín para consumo personal, sin intención de tráfico. El fiscal evalúa si la conducta de Pedro debe ser perseguida penalmente, considerando la jurisprudencia de la Sala Tercera.

a)Que el cultivo de cualquier cantidad de marihuana es siempre un delito, sin excepción, por afectar la salud pública.

b)Que la conducta es atípica si el cultivo es para consumo personal, ya que el bien jurídico tutelado no se ve afectado de manera relevante.

c)Que, aunque formalmente se adecúe a un delito, podría ser insignificante si no lesiona o pone en peligro de manera significativa el bien jurídico tutelado.

d)Que debe aplicar el criterio de oportunidad por mínima culpabilidad, ya que el hecho es insignificante y no afecta el interés público.

El Poder Legislativo aprueba una nueva ley que modifica las condiciones para la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros, estableciendo requisitos más estrictos. Juan, un ciudadano extranjero, había iniciado el proceso de compra de una propiedad antes de la promulgación de esta nueva ley.

a)La nueva ley debe aplicarse inmediatamente a Juan, ya que las leyes son de acatamiento obligatorio desde su publicación.

b)La nueva ley no puede aplicarse a Juan, pues ninguna disposición legislativa puede arreglar hechos pasados.

c)La ley puede aplicarse a Juan si así lo dispone expresamente una norma transitoria incluida en la misma ley.

d)La aplicación de la ley a Juan dependerá de si los nuevos requisitos son más beneficiosos o perjudiciales para él.

Un juez se enfrenta a un caso en el que no existe una norma escrita aplicable, ni un uso o costumbre que regule la situación.

a)Los principios generales del Derecho, que se aplicarán en defecto de norma escrita, uso o costumbre.

b)La jurisprudencia de las salas de casación, que informa el ordenamiento jurídico de forma reiterada.

c)La doctrina de los autores más reconocidos, como fuente supletoria del derecho.

d)La equidad, para resolver el caso de la manera más justa posible, sin apego a otras fuentes.

María interpone una demanda laboral contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por un despido que considera injustificado. Durante el proceso, su abogado invoca la primacía de la realidad sobre las formalidades contractuales.

a)Debe aplicar la primacía de la realidad sin restricciones, ya que es un principio fundamental del derecho laboral.

b)Debe aplicar la primacía de la realidad, siempre y cuando no contravenga el principio de legalidad que rige al Estado.

c)No puede aplicar la primacía de la realidad, pues el Estado siempre se rige por la norma escrita y las formalidades.

d)Puede aplicar la primacía de la realidad solo si existe una autorización expresa de la Ley General de la Administración Pública.

El principio de prohibición de analogía en la ley penal establece que:

a)Permite la aplicación de normas penales a casos similares no regulados, si favorece al reo.

b)Exige que toda sanción penal esté expresamente tipificada en la ley, sin interpretaciones extensivas.

c)Limita la interpretación de la ley penal a su sentido literal, excluyendo cualquier otra forma de interpretación.

d)Prohíbe la imposición de cualquier sanción mediante aplicación analógica de la ley penal.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) necesita adquirir un software especializado para la gestión de expedientes médicos. Para ello, su departamento legal evalúa diversas figuras contractuales, incluyendo algunas no tradicionales en el sector público.

a)Utilizar instrumentalmente cualquier figura contractual que satisfaga el fin público, justificada por acto motivado del jerarca.

b)Limitarse a las figuras contractuales expresamente tipificadas en la Ley General de Contratación Pública para garantizar la seguridad jurídica.

c)Adoptar figuras contractuales no tradicionales solo si existe una ley especial que las autorice para el sector público.

d)Emplear figuras contractuales atípicas únicamente si se obtiene la aprobación previa de la Contraloría General de la República.

Un fiscal investiga a Ana por el hurto de un objeto de muy bajo valor, que apenas supera el umbral de la insignificancia. El fiscal considera que, aunque la conducta es formalmente típica, la lesión al bien jurídico es mínima y la culpabilidad de Ana es exigua.

a)La insignificancia como atipicidad se aplica solo a delitos de peligro abstracto, mientras que el criterio de oportunidad es para delitos de resultado.

b)La insignificancia como atipicidad implica que no hay delito, mientras que el criterio de oportunidad se aplica cuando el delito existe pero se renuncia a la persecución.

c)La distinción radica en la proporcionalidad, donde la atipicidad implica que no hay lesión significativa, y el criterio de oportunidad, que la persecución es desproporcionada.

d)La insignificancia como atipicidad es una decisión judicial, mientras que el criterio de oportunidad es una facultad exclusiva del Ministerio Público.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está diseñando un nuevo sistema de votación electrónica para las próximas elecciones nacionales. Para asegurar la validez y legitimidad del proceso, el TSE debe garantizar que el sistema cumpla con los principios constitucionales del sufragio.

a)La autonomía de la función electoral, que implica la independencia del TSE en la organización del sufragio.

b)La obligación del Estado de inscribir de oficio a los ciudadanos y proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio.

c)Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilite a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho.

d)La representación para las minorías, asegurando que sus votos sean ponderados de manera especial.

Carlos, un funcionario público, es acusado de un delito cometido en el ejercicio de sus funciones. La ciudadanía, a través de una organización no gubernamental, desea presentar una denuncia penal contra él.

a)La acción penal es pública, permitiendo a cualquier ciudadano exigirla por sus actos.

b)La acción penal es privada, requiriendo que la víctima directa presente la denuncia.

c)La acción penal es semipública, necesitando la autorización de la Procuraduría General de la República.

d)La acción penal es exclusiva del Ministerio Público, sin participación ciudadana directa.

Un ciudadano, Juan, es detenido por la policía por una conducta que, aunque moralmente reprochable, no está expresamente tipificada como delito en el Código Penal. El abogado de Juan argumenta que no puede ser sancionado.

a)Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas no establecidas previamente.

b)La moralidad pública es un bien jurídico tutelado, por lo que la conducta de Juan es sancionable por analogía.

c)El juez puede imponer una sanción si la conducta de Juan es evidentemente perjudicial para la sociedad, aunque no esté tipificada.

d)La sanción es posible si la conducta de Juan se asemeja a un delito ya existente, aplicando una interpretación extensiva de la ley.

Carlos es imputado en un proceso penal. Durante la investigación, el fiscal omite notificarle un derecho fundamental establecido en el Código Procesal Penal, lo que afecta su defensa. Si esta omisión se considera una inobservancia de una regla de garantía establecida en favor de Carlos, ¿cuál es la consecuencia jurídica según el Código Procesal Penal?

a)No podrá hacerse valer en su perjuicio.

b)Conllevará la nulidad absoluta de todo el proceso.

c)Permitirá la aplicación de una pena mayor.

d)Deberá ser saneada por el juez de oficio.

En un caso penal, el Juez Montes aplica una norma de forma extensiva para limitar la libertad de un imputado, argumentando que es necesaria para la seguridad pública. ¿Es válida la interpretación extensiva aplicada por el Juez Montes en este contexto, según el Código Procesal Penal?

a)Sí, si la seguridad pública lo justifica.

b)No, pues se prohíbe si no favorece la libertad.

c)Sí, si la norma es ambigua y requiere aclaración.

d)No, solo si la interpretación es restrictiva.

Durante la fase de investigación de un delito, la Fiscal Laura solo presenta al juez las pruebas que incriminan al imputado, omitiendo deliberadamente aquellas que podrían favorecer su defensa. ¿Qué principio procesal se estaría vulnerando con la actuación de la Fiscal Laura, según el Código Procesal Penal?

a)El principio de legalidad.

b)El principio de independencia judicial.

c)El principio de objetividad.

d)El principio de igualdad procesal.

Un agente de policía, sin la debida autorización judicial, realiza una diligencia de allanamiento en la casa de Juan y obtiene pruebas. El juez, al conocer el origen de estas pruebas, debe decidir sobre su validez. ¿Cómo deben ser valoradas estas pruebas obtenidas con inobservancia de las formas y condiciones previstas en el Código Procesal Penal, según el artículo 175?

a)Podrán ser valoradas si son relevantes para el caso.

b)Serán valoradas si el defecto es subsanable.

c)Podrán ser utilizadas como presupuestos de la decisión.

d)No podrán ser valoradas para fundar una decisión judicial.

La empresa "Construcciones del Sol S.A." impugna un acto administrativo de la Municipalidad de Cartago, alegando que, aunque formalmente legal, fue emitido con una finalidad distinta a la prevista por la ley. ¿Qué tipo de infracción al ordenamiento jurídico estaría alegando la empresa, según el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)Desviación de poder.

b)Incompetencia del órgano.

c)Vicio de forma.

d)Nulidad absoluta.

La "Asociación de Vecinos por el Ambiente", un grupo sin personalidad jurídica, desea demandar a una entidad pública por daños ambientales que afectan los intereses legítimos de sus miembros. ¿Tiene capacidad procesal esta asociación para demandar ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, según el artículo 9?

a)No, por carecer de personalidad jurídica formal.

b)Sí, si comprueba la titularidad de la situación lesionada.

c)No, solo si está integrada en una persona jurídica.

d)Sí, si cuenta con el aval de todos sus miembros.

Un grupo de ciudadanos, "Defensores del Patrimonio", busca impugnar una disposición reglamentaria que afecta un sitio histórico, sin que exista un acto de aplicación individual que les perjudique directamente. ¿Están legitimados estos ciudadanos para impugnar directamente dicha disposición reglamentaria, según el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)No, pues requieren un acto de aplicación individual.

b)Sí, si invocan la afectación de derechos subjetivos.

c)Sí, si ostentan un interés legítimo colectivo.

d)No, solo si la ley lo dispone por acción popular.

María, funcionaria pública encargada de un proceso de contratación, recibe un obsequio costoso de una empresa participante en la licitación, aunque no cree que esto afecte su imparcialidad. ¿Debe María rechazar este obsequio, según el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública?

a)No, si no genera un conflicto real de intereses.

b)Sí, si el obsequio es de alto valor económico.

c)No, si no compromete la transparencia del proceso.

d)Sí, independientemente de que genere o no conflicto.

El Juez Pérez debe resolver un litigio civil donde no existe una norma escrita, uso o costumbre que regule específicamente la situación planteada por las partes. ¿Cómo debe proceder el Juez Pérez para fallar en este caso, según la Ley Orgánica del Poder Judicial?

a)Declarar la imposibilidad de fallar por vacío legal.

b)Aplicar los principios generales del derecho.

c)Remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia.

d)Fallar según su criterio de equidad.

La Municipalidad de San José se niega a proporcionar a un ciudadano información sobre el presupuesto detallado de un proyecto público, alegando que es información interna y no pública. ¿Qué principio que rige el derecho de acceso a la información pública estaría vulnerando la Municipalidad, según la Ley Marco de Acceso a la Información Pública?

a)El principio de transparencia.

b)El principio de facilitación.

c)El principio de rendición de cuentas.

d)El principio de oportunidad.

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