Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Administrativo - Principio de auto-integración del derecho administrativo

Examen público de 40 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Principio de auto-integración del derecho administrativo en Derecho Administrativo costarricense.

40 preguntasEstandar

Derecho AdministrativoTema específicoPrincipio de auto-integración del derecho administrativo

Preguntas

Una municipalidad ha contratado con la empresa "Servicios Urbanos S.A." para la recolección de basura por cinco años. Debido a un cambio en la normativa ambiental y una creciente necesidad social de reciclaje, la municipalidad decide modificar unilateralmente el contrato para incluir la separación de residuos, lo que implica costos adicionales para la empresa. Si la municipalidad invoca razones de urgente necesidad para alterar el contrato, ¿cuál es la consecuencia jurídica principal para el ente público según la Ley General de la Administración Pública?

a)La municipalidad no será responsable, pues prevalece el interés público sobre los derechos adquiridos.

b)La municipalidad deberá indemnizar a "Servicios Urbanos S.A." por los daños y perjuicios causados.

c)El contrato se considerará nulo de pleno derecho por alteración unilateral de sus términos esenciales.

d)La municipalidad solo podrá suspender temporalmente el contrato, sin modificar sus cláusulas.

La "Empresa de Desarrollo Tecnológico S.A.", un ente público no estatal, se encuentra en un proceso de reestructuración interna y necesita aplicar una normativa sobre contratación de personal especializado. Sin embargo, no existe una norma administrativa específica, escrita o no escrita, que regule este supuesto particular en su ordenamiento. Ante la ausencia de norma administrativa aplicable, ¿qué ordenamiento jurídico debe aplicar su departamento legal para resolver la situación, según la Ley General de la Administración Pública?

a)El derecho público y sus principios, por ser la rama principal que regula a los entes públicos.

b)La jurisprudencia, seguida de los principios generales del derecho público y la costumbre.

c)El derecho privado y sus principios, como mecanismo supletorio de última instancia.

d)Las normas no escritas, como la costumbre y los principios generales de derecho, de forma prioritaria.

El Ministerio de Salud está redactando un nuevo reglamento para la inspección de restaurantes. La norma propuesta establece criterios estrictos que, si bien buscan proteger la salud pública, podrían generar una carga excesiva para los pequeños negocios. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿cómo debe interpretarse esta norma administrativa para garantizar su correcta aplicación?

a)En la forma que mejor garantice la realización del fin público, sin considerar los derechos del particular.

b)Tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza de la conducta a que se refiere.

c)Priorizando la eficiencia de la Administración sobre la dignidad y libertad de los individuos.

d)De manera que se asegure la continuidad del servicio público, adaptándose a la necesidad social.

La Junta Directiva de una institución autónoma decide crear un nuevo servicio público de asesoría legal gratuita para ciudadanos de bajos recursos. Sin embargo, no existe una ley específica que autorice la creación de este servicio. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué condición debe cumplir la institución para considerar autorizado este nuevo servicio público?

a)Que el acto esté regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido.

b)Que se haya indicado el sujeto y el fin del servicio, permitiendo su prestación con reglamentos propios.

c)Que la Administración Pública actúe sometida al ordenamiento jurídico y a la escala jerárquica de sus fuentes.

d)Que no se creen por reglamento potestades de imperio que afecten derechos del particular extraños al servicio.

La Dirección General de Aduanas, una dependencia del Estado, emite una circular interna que, para un caso específico, desaplica un reglamento superior con el fin de agilizar un trámite aduanero. ¿Es válida la actuación de la Dirección General de Aduanas al desaplicar un reglamento superior para un caso concreto, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Sí, si la desaplicación se realiza para garantizar la eficiencia de la Administración Pública.

b)No, porque la Administración está sujeta a todas las normas y no puede desaplicarlas para casos concretos.

c)Sí, si la circular interna es emitida por una autoridad superior competente dentro de la jerarquía.

d)No, a menos que la desaplicación se base en principios generales de derecho que lo autoricen implícitamente.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene un contrato de larga duración con un proveedor de medicamentos. Debido a incumplimientos reiterados, la CCSS decide imponerle una sanción disciplinaria que implica la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la relación contractual. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué tipo de limitaciones no pueden alcanzar las sanciones disciplinarias impuestas por la Administración en estas relaciones especiales?

a)La negación o supresión de los derechos y bienes creados por la Administración.

b)La suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la relación especial.

c)La afectación de los derechos fundamentales del particular, salvo texto legal en contrario.

d)La alteración de los contratos o la violación de los derechos adquiridos con base en ellos.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debe decidir la ubicación de un nuevo puente. Aunque la ley le otorga discrecionalidad para esta decisión, un grupo de ingenieros presenta un informe técnico que demuestra que la ubicación elegida por el MOPT es contraria a reglas unívocas de la ingeniería y generará ineficiencias significativas. Si un particular impugna la decisión del MOPT, ¿qué facultad tiene el Juez para controlar la legalidad de este acto discrecional, según la Ley General de la Administración Pública?

a)El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y sus límites.

b)El Juez podrá controlar la conformidad con reglas unívocas de la ciencia o principios elementales.

c)El Juez solo podrá controlar la discrecionalidad si existe ausencia de ley en el caso concreto.

d)El Juez no tiene contralor sobre los elementos discrecionales, solo sobre los derechos del particular.

La Municipalidad de San José emite un reglamento autónomo para regular el derecho de reunión pacífica en espacios públicos, estableciendo horarios y zonas específicas para su ejercicio. ¿Es válida la emisión de este reglamento autónomo por parte de la Municipalidad, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Sí, si el reglamento es necesario para garantizar el orden público y la convivencia ciudadana.

b)No, porque el régimen jurídico de los derechos constitucionales está reservado a la ley.

c)Sí, si el reglamento no crea potestades de imperio que afecten derechos del particular.

d)No, a menos que el reglamento sea de organización interna y no afecte a terceros.

La Junta de Protección Social (JPS) necesita adquirir equipos informáticos y decide dividir la compra en varios contratos pequeños para evitar el procedimiento de licitación pública, que es más complejo. ¿Es permitida la actuación de la JPS al fragmentar la adquisición de equipos informáticos, según la Ley General de Contratación Pública?

a)Sí, si la fragmentación busca una mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

b)No, porque la Administración no puede fragmentar adquisiciones para variar el procedimiento de contratación.

c)Sí, si se justifica por acto motivado suscrito por el jerarca o por quien él delegue.

d)No, a menos que se trate de segmentos de obra pública que constituyan unidades funcionales.

Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué rango normativo adquieren las normas no escritas, como la costumbre y la jurisprudencia, cuando su función es suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia?

a)Adquieren el rango de un reglamento autónomo del Poder Ejecutivo.

b)Adquieren el mismo rango que una ley formal.

c)Adquieren el rango de una norma subordinada a los reglamentos.

d)Adquieren el rango de la norma escrita que interpretan o integran.

Según la Ley General de la Administración Pública, ¿cuál de las siguientes opciones representa el orden jerárquico correcto de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo?

a)Leyes, Constitución Política, tratados internacionales, decretos ejecutivos.

b)Constitución Política, tratados internacionales, leyes, decretos ejecutivos.

c)Tratados internacionales, leyes, Constitución Política, reglamentos autónomos.

d)Constitución Política, decretos ejecutivos, leyes, reglamentos de entes descentralizados.

El jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP) desea reorganizar la estructura interna de una de sus direcciones. Para ello, emite un reglamento autónomo de organización. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué tipo de representación extrajudicial tiene este jerarca en su ramo?

a)La representación extrajudicial de la Administración Pública en su ramo.

b)La representación del ente o servicio, si hay un gerente o funcionario ejecutivo.

c)La representación legal de todos los entes públicos adscritos al Ministerio.

d)La representación judicial y extrajudicial de la Administración Central.

El Consejo Superior del Poder Judicial está discutiendo un nuevo procedimiento interno para la gestión de expedientes. Un miembro propone que, para lo no dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se consulte a la Procuraduría General de la República. Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cómo debe proceder el Consejo respecto a la consulta a la Procuraduría General de la República?

a)Debe consultarse a la Procuraduría General de la República para garantizar la legalidad.

b)No debe consultarse a la Procuraduría General de la República en ningún caso.

c)La consulta es facultativa, dependiendo de la complejidad del asunto a resolver.

d)Solo debe consultarse si el régimen de los actos del Consejo afecta intereses de la Hacienda Pública.

Un juez agrario se enfrenta a un caso donde no existe una norma procesal expresa para resolver una situación particular. Para garantizar la celeridad del proceso, el juez considera aplicar supletoriamente una norma de otro cuerpo legal. Según el Código Procesal Agrario, ¿qué condiciones deben respetarse para la aplicación supletoria de otras normas procesales?

a)Que ofrezcan soluciones más céleres al proceso y respeten los principios de esta ley.

b)Que se apliquen las disposiciones legales que rijan situaciones análogas, usos y costumbres.

c)Que las normas procesales sean de orden público y de obligado acatamiento por las partes.

d)Que se respete la indisponibilidad de las normas procesales, salvo excepciones de interés privado.

La Procuraduría General de la República está elaborando un nuevo manual de procedimientos internos para su personal. Para los aspectos no regulados expresamente en su ley orgánica, el departamento legal busca normas supletorias. Según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ¿cuál de los siguientes ordenamientos rige supletoriamente para lo no dispuesto expresamente en dicha ley?

a)El Código Procesal Agrario y sus principios de celeridad procesal.

b)El Estatuto de Servicio Civil, su Reglamento, y los principios generales de Derecho Administrativo.

c)La Ley General de la Administración Pública, en ausencia de norma administrativa aplicable.

d)El régimen de los actos administrativos, sin consulta a la Procuraduría General de la República.

La Sala Constitucional, en su sentencia 160047540007CO, analizó la constitucionalidad del Reglamento de Actuaciones para el Centro Judicial de Interceptación de Comunicaciones. ¿Cuál fue la conclusión principal de la Sala Constitucional respecto a la delegación de la escucha de las comunicaciones intervenidas?

a)La escucha solo puede ser realizada por el juez, sin posibilidad de delegación en ningún funcionario.

b)La delegación de la escucha en otros funcionarios no es contraria al artículo 24 de la Constitución Política.

c)La delegación de la escucha es válida solo si se realiza de forma conjunta con el juez presente.

d)La escucha es indelegable, pero la responsabilidad y el control de la intervención sí pueden delegarse.

Según la sentencia 160047540007CO de la Sala Constitucional, ¿cuál es una de las razones fundamentales que justifican la revisión de la interpretación del artículo 24 de la Constitución Política sobre la intervención de comunicaciones?

a)La necesidad de que el juez realice personalmente la escucha para garantizar la confidencialidad.

b)La inmutabilidad de las normas constitucionales, que impide su adaptación a nuevas realidades.

c)Los cambios normativos en el ordenamiento penal y la evolución del crimen organizado.

d)La prohibición de delegar cualquier acto material de ejecución de la intervención telefónica.

La Dirección de Contratación Pública está desarrollando un nuevo sistema de información para la gestión de compras. El director, Juan Pérez, debe asegurar que este sistema se integre con otros sistemas existentes. Según la Ley General de Contratación Pública, ¿con qué otros sistemas de información deben integrarse los de la Dirección de Contratación Pública?

a)Con los sistemas de la Contraloría General de la República para fiscalización superior.

b)Con los sistemas de la Administración Financiera, según lo dispongan las direcciones.

c)Con los sistemas del Ministerio de Comercio Exterior para instrumentos internacionales.

d)Con los sistemas de la Proveeduría Nacional, para consolidar requerimientos de consumo.

La Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de Heredia emite una licencia de construcción a la empresa "Edificaciones Modernas S.A.". Posteriormente, se determina que la licencia fue otorgada sin cumplir con un requisito esencial establecido en el plan regulador, el cual es una norma escrita. ¿Cómo se clasifica la infracción en la emisión de esta licencia, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Constituye un vicio del acto por falta de un requisito exigido por el ordenamiento jurídico.

b)Se considera una infracción insustancial que no invalida el acto, pero genera responsabilidad.

c)Es un error material o de hecho que la Administración puede rectificar en cualquier tiempo.

d)Implica una nulidad que sobreviene por la desaparición de una condición exigida.

En ausencia de disposición expresa en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, ¿cuál es el orden de aplicación supletoria de las fuentes del ordenamiento jurídico, en lo que fueren compatibles?

a)El Código de Procedimiento Civiles, seguido por las demás normas escritas y no escritas.

b)Los demás Libros de esta ley, el Código Procesal Contencioso-Administrativo y las demás normas.

c)La Ley Orgánica del Poder Judicial, luego el Código Procesal Contencioso-Administrativo.

d)Las normas no escritas, luego el Código de Procedimiento Civiles y el Derecho común.

La Dirección de Migración y Extranjería implementa un nuevo sistema para la tramitación de visas que reduce significativamente los tiempos de espera y simplifica los formularios. ¿Qué principios de la actuación administrativa se están aplicando en este caso, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.

b)Legalidad, jerarquía, especialidad y publicidad.

c)Proporcionalidad, razonabilidad, imparcialidad y buena fe.

d)Debido proceso, contradicción, inmediación y oralidad.

La Dirección de Contratación Pública está evaluando dos normativas de igual rango para un procedimiento de compra. Una es una disposición específica de un reglamento de contratación y la otra es un principio general de la Ley General de la Administración Pública. Existe una duda sobre cuál aplicar. En este caso de duda, ¿qué debe prevalecer para la Dirección de Contratación Pública, según la Ley General de la Administración Pública?

a)La disposición específica del reglamento de contratación, por ser una norma especial.

b)Los criterios de interpretación de la jurisprudencia administrativa más reciente.

c)Los principios y normas de la Ley General de la Administración Pública.

d)La normativa que resulte más favorable para el interés público en el caso concreto.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) inicia un procedimiento administrativo para la expropiación de un terreno necesario para la construcción de una carretera. Este procedimiento se encuentra pendiente de resolución cuando entra en vigencia una reforma al Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública. ¿Cómo se regirá el procedimiento de expropiación del MOPT, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Se regirá por el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública, por estar pendiente.

b)Continuará rigiéndose por sus normas de procedimientos especiales, al ser una excepción.

c)Se aplicarán supletoriamente las normas del Libro Segundo, si no hay disposición expresa.

d)Los términos y plazos se contarán a partir de la vigencia de la nueva ley.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desea contratar un servicio que incluye tanto la investigación y desarrollo de una nueva tecnología médica como su posterior implementación comercial. La empresa "Innovación Salud S.A." presenta una oferta que abarca ambas etapas. ¿Qué debe incluir la oferta de "Innovación Salud S.A." en el marco de esta compra pública innovadora integrada, según el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública?

a)Ambas etapas, la pre-comercial y la comercial, dentro de la misma oferta.

b)Únicamente la etapa pre-comercial, dejando la comercial para un nuevo procedimiento.

c)Solo la etapa comercial, si la investigación y desarrollo ya fue realizada.

d)La etapa pre-comercial, con la opción de presentar la comercial si es MIPYME.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) necesita adquirir equipos especializados para un proyecto de energía renovable. Aunque la necesidad es integral, el ICE decide promover varios concursos separados para diferentes componentes del equipo, debido a que no contaba con la disponibilidad presupuestaria completa al momento de la decisión inicial. ¿Se considera esta actuación del ICE una fragmentación ilícita, según el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública?

a)Sí, porque la fragmentación es ilícita cuando se promueven varios concursos para el mismo objeto.

b)Sí, porque la Administración no puede fragmentar sus operaciones respecto a necesidades previsibles.

c)No, porque la falta de disponibilidad presupuestaria inicial justifica la promoción de varios concursos.

d)No, si existe una justificación técnica que acredite la integralidad del proyecto.

La Proveeduría Nacional del Ministerio de Educación Pública (MEP) necesita adquirir mobiliario de oficina. Para optimizar recursos, decide agrupar la compra de sillas, escritorios y archivadores en un solo procedimiento, aunque son bienes distintos. ¿Se considera esta agrupación una fragmentación ilícita, según el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública?

a)Sí, porque la fragmentación es ilícita cuando se agrupan bienes distintos en un solo procedimiento.

b)Sí, si la agrupación de bienes distintos impide la más amplia participación de oferentes.

c)No, porque la adquisición de bienes distintos entre sí no se considera fragmentación.

d)No, si la Proveeduría Nacional justifica técnicamente la integralidad de la compra.

La empresa "Construcciones del Sol S.A." fue adjudicataria de un contrato con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Sin embargo, durante la ejecución, se detecta un vicio intrascendente en el procedimiento de selección del contratista que no afecta la sustancia del contrato. ¿Qué efecto tendrá este vicio en la validez del contrato administrativo, según el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública?

a)El contrato será nulo de pleno derecho, por afectar la legalidad del procedimiento.

b)El contrato será anulable, requiriendo una declaración judicial para su invalidez.

c)No le afectarán aquellos vicios intrascendentes del procedimiento de selección del contratista.

d)La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por el vicio detectado.

La empresa 'Desarrollos Sostenibles S.A.' solicitó un permiso de construcción a la Municipalidad de San Isidro hace tres meses. El plazo legal para que la Municipalidad resuelva es de dos meses, y la empresa cumplió con todos los requisitos. La Municipalidad no se ha pronunciado. ¿Qué debe hacer la empresa para aplicar el silencio positivo, según la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos?

a)Presentar una solicitud de pronto despacho ante la Municipalidad, esperando una resolución en cinco días hábiles.

b)Señalar mediante declaración jurada que la Administración no resolvió y que cumplió los requisitos.

c)Interponer un recurso de amparo por violación al derecho de petición, sin necesidad de declaración jurada.

d)Esperar un plazo adicional de diez días hábiles, tras el cual el silencio positivo operará automáticamente.

El señor Carlos Solís solicitó una licencia para la construcción de un nuevo restaurante. La Municipalidad no resolvió en el plazo establecido. Sin embargo, el restaurante se ubicaría en una zona de protección ambiental y su actividad podría generar residuos peligrosos. ¿Podría Carlos aplicar el silencio positivo en este caso, según la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos?

a)Sí, porque el silencio positivo opera de pleno derecho al vencer el plazo de resolución sin pronunciamiento.

b)Sí, siempre que presente una declaración jurada confirmando el cumplimiento de todos los requisitos.

c)No, porque las licencias en materia de salud pública y ambiente están exceptuadas de su aplicación.

d)No, a menos que la Municipalidad no haya señalado expresamente la excepción en el Catálogo Nacional de Trámites.

María obtuvo un permiso de funcionamiento para su negocio mediante la aplicación del silencio positivo, habiendo presentado la declaración jurada correspondiente a la Administración. Ahora, María necesita la resolución confirmatoria para poder operar legalmente. ¿En qué plazo debe la Administración emitir la resolución o acto administrativo confirmatorio, según la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos?

a)En un plazo de diez días hábiles posteriores a la recepción de la declaración jurada.

b)Inmediatamente, una vez verificada la declaración jurada presentada por María.

c)En un plazo de cinco días hábiles, si no hay objeciones a la declaración jurada.

d)En un plazo de dos días hábiles posteriores a la recepción de la declaración jurada.

Un funcionario público, Juan, se niega a emitir la resolución confirmatoria de un permiso que operó por silencio positivo, a pesar de que el administrado presentó la declaración jurada en tiempo y forma. Según la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, ¿qué tipo de falta comete Juan?

a)Una falta muy grave, por incumplir el procedimiento para la aplicación del silencio positivo.

b)Una falta grave, por no responder a un administrado sobre el estado de un trámite.

c)Una falta grave, por exigir más requisitos de los establecidos en la ley.

d)Una falta muy grave, por rechazar documentos expedidos válidamente por otros órganos.

La empresa 'TecnoCorp S.A.' interpuso un recurso de amparo contra una sentencia firme dictada por un Tribunal Civil, alegando que la interpretación de una norma legal en dicha sentencia violaba sus derechos fundamentales. Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ¿procede el recurso de amparo en este caso?

a)Sí, porque el amparo protege los derechos fundamentales contra cualquier actuación que los viole.

b)Sí, si la sentencia firme contiene una interpretación errónea o aplicación indebida de la norma.

c)No, porque no procede el amparo contra resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

d)No, a menos que la sentencia firme sea una norma de acción automática que afecte directamente a la empresa.

El señor Pérez desea interponer una acción de inconstitucionalidad contra una ley que considera lesiona sus derechos. Actualmente, no tiene ningún asunto pendiente ante los tribunales donde pueda invocar esa inconstitucionalidad. Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ¿puede el señor Pérez interponer la acción de inconstitucionalidad en estas circunstancias?

a)Sí, si la inconstitucionalidad se invoca como medio razonable para amparar su derecho lesionado.

b)No, porque es necesario un asunto pendiente de resolver ante los tribunales para interponerla.

c)Sí, si demuestra que la ley es una norma de acción automática que le afecta directamente.

d)No, a menos que sea el Contralor General o el Procurador General de la República.

El Defensor de los Habitantes considera que una nueva ley de impuestos es inconstitucional y afecta a la colectividad en su conjunto. Desea interponer una acción de inconstitucionalidad sin que exista un caso previo pendiente de resolución. Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ¿puede el Defensor de los Habitantes interponer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto?

a)No, porque siempre es necesario un asunto pendiente de resolver ante los tribunales.

b)Sí, pero solo si la inconstitucionalidad se invoca en un recurso de hábeas corpus o amparo.

c)No, a menos que la lesión sea individual y directa, lo cual no ocurre en este caso.

d)Sí, porque no necesita caso previo cuando se trata de la defensa de intereses de la colectividad.

Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el objeto principal de la jurisdicción constitucional es garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, así como:

a)Su uniforme interpretación y aplicación, y los derechos y libertades fundamentales.

b)La protección de los intereses económicos del Estado y sus instituciones.

c)La resolución de conflictos entre particulares y la Administración Pública.

d)La revisión de sentencias judiciales firmes en cualquier materia.

La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes para todos, con una única excepción. ¿Cuál es esta excepción, según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Para los tribunales inferiores, que pueden apartarse si motivan su decisión.

b)Para el Poder Ejecutivo, en el ejercicio de sus potestades reglamentarias.

c)Para la propia Sala Constitucional, que puede variar su criterio.

d)Para el Poder Legislativo, al emitir nuevas leyes que contradigan la jurisprudencia.

Un abogado presenta un recurso de hábeas corpus en nombre de su cliente. La Sala Constitucional debe resolverlo con celeridad. El abogado necesita saber cómo se cuentan los plazos en este tipo de recurso. Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, ¿cómo se cuentan los plazos por días en materia de hábeas corpus?

a)Son naturales, sin interrupción ni suspensión por ningún incidente.

b)Son hábiles, y pueden prorrogarse por motivos justificados.

c)Son hábiles, pero se suspenden si la Sala lo considera necesario.

d)Son naturales, pero se interrumpen por la inercia de las partes.

El Código Procesal Contencioso-Administrativo, en su Título XI, Capítulo Único, establece la derogación de una ley anterior. ¿Cuál es la ley que fue derogada por el Código Procesal Contencioso-Administrativo?

a)La Ley General de la Administración Pública, número 6227.

b)El Código Procesal Civil, en sus artículos 547, 548 y 549.

c)La Ley de la Jurisdicción Constitucional, número 7135.

d)La Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, número 3667.

El señor Guillermo Zúñiga Trigueros, en calidad de Alcalde, indujo al señor Cornelio Urbina Paniagua a cancelar una dádiva para la aprobación de permisos de un proyecto urbanístico. Según la jurisprudencia de la Sala Tercera, ¿qué tipo penal se configura cuando un funcionario público induce a alguien a dar o prometer indebidamente un beneficio patrimonial?

a)Extorsión, por la coacción ejercida sobre la voluntad del particular.

b)Estafa, por el engaño o deformación de hechos para obtener el beneficio.

c)Concusión, que abarca tanto obligar como inducir a un beneficio indebido.

d)Exacción ilegal, por la exigencia de pagos no amparados legalmente.

El oficial Víctor Hugo Mejías Arguedas, agente encubierto en un caso de concusión, modificó su testimonio en el debate tras consultar una bitácora personal. La defensa alegó inconsistencias. Según la jurisprudencia de la Sala Tercera, ¿cómo debe valorarse esta situación en la fundamentación descriptiva de la prueba?

a)Implica una inconsistencia que invalida el testimonio, requiriendo su supresión del análisis.

b)No significa inconsistencia si el testigo aclaró los detalles, especialmente con el transcurrir del tiempo.

c)Requiere la transcripción literal de todo el testimonio para verificar la veracidad de la aclaración.

d)Genera un vicio absoluto si la modificación favorece los intereses de la fiscalía o actor civil.

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