Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Derecho Administrativo - Fuentes y Principios del Derecho Administrativo V03

Examen público de 50 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Fuentes y Principios del Derecho Administrativo dentro de Derecho Administrativo en Costa Rica.

50 preguntasAvanzado

Derecho AdministrativoBloque temáticoFuentes y Principios del Derecho AdministrativoPrincipio de legalidad o juridicidadPrincipio de igualdad

Preguntas

Una municipalidad decide modificar un contrato de servicio público de recolección de basura con la empresa "Limpieza S.A." para introducir nuevas rutas y horarios, alegando la necesidad de mejorar la eficiencia y adaptación del servicio a las necesidades de la comunidad. Esta modificación implica un aumento significativo en los costos operativos de la empresa, no previsto en el contrato original. ¿Cómo debe proceder la municipalidad respecto a los derechos adquiridos por "Limpieza S.A." según la Ley General de la Administración Pública?

a)La municipalidad puede alterar el contrato sin responsabilidad, dado que prevalecen los principios de eficiencia y adaptación del servicio público.

b)La municipalidad no puede alterar el contrato ni violar los derechos adquiridos, salvo por razones de urgente necesidad, siendo responsable por daños.

c)La municipalidad debe indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios, pero solo si la alteración del contrato no se justifica en la eficiencia.

d)La municipalidad puede alterar el contrato unilateralmente, siempre que la empresa tenga la opción de rescindirlo sin penalización alguna.

El Ministerio de Salud decide crear un nuevo servicio público de atención psicológica gratuita para adolescentes, mediante un reglamento ejecutivo. Este reglamento establece que el Ministerio tendrá la potestad de citar obligatoriamente a los adolescentes para valoraciones, incluso sin consentimiento de los padres, si lo considera necesario para el fin del servicio. ¿Es válida la potestad de citación obligatoria establecida por el Ministerio de Salud en su reglamento, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Sí, porque el servicio público está autorizado al indicar el sujeto y el fin, permitiendo al ente prestarlo según sus reglamentos.

b)No, porque los reglamentos no pueden crear potestades de imperio que afecten derechos del particular extraños a la relación de servicio.

c)Sí, siempre que el acto esté regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea impreciso.

d)No, porque la Administración Pública solo puede realizar actos o prestar servicios que autorice el ordenamiento jurídico, según la escala jerárquica.

La Dirección General de Migración y Extranjería, en el ejercicio de su discrecionalidad, deniega una solicitud de residencia a un extranjero basándose en un informe técnico que contradice principios unívocos de la ciencia económica sobre la viabilidad de su inversión, y en una interpretación de la ley que un juez considera ilógica. El extranjero afectado presenta un recurso. ¿Qué tipo de control puede ejercer el juez sobre la decisión discrecional de la Dirección General de Migración y Extranjería, según la Ley General de la Administración Pública?

a)El juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto discrecional y la observancia de sus límites.

b)El juez podrá controlar la conformidad con reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad.

c)El juez solo podrá controlar la discrecionalidad si esta se da por ausencia de ley en el caso concreto, no por contradicción de principios.

d)El juez no tiene competencia para controlar los elementos discrecionales, ya que estos están sometidos únicamente a la eficiencia y razonabilidad.

Un ente público descentralizado, al resolver un conflicto contractual interno, se encuentra con una laguna en su normativa administrativa escrita y no escrita. El abogado de una de las partes argumenta que debe aplicarse directamente el Código Civil. ¿Cuál es el orden correcto de aplicación de fuentes para integrar la laguna en el ordenamiento administrativo, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Se aplicará directamente el derecho privado y sus principios, ya que el ordenamiento administrativo es independiente de otros ramos.

b)Se aplicará la jurisprudencia, luego los principios generales del derecho público, la costumbre y finalmente el derecho privado.

c)Se aplicarán las normas no escritas con rango de ley, como la costumbre y la jurisprudencia, antes de cualquier otra fuente.

d)Se aplicarán los principios generales del derecho público, luego la costumbre, la jurisprudencia y, por último, el derecho privado.

Un partido político presenta sus nóminas de candidatos a regidores para las elecciones municipales. La nómina provincial incluye 10 puestos, con 5 hombres y 5 mujeres, pero los dos primeros puestos son ocupados por hombres. ¿Cumple esta nómina con los principios de participación política por género establecidos en el Código Electoral?

a)Sí, porque la nómina cumple con la paridad al tener un cincuenta por ciento de mujeres y un cincuenta por ciento de hombres.

b)No, porque la nómina debe utilizar el mecanismo de alternancia por sexo, impidiendo que dos personas del mismo sexo estén consecutivamente.

c)Sí, ya que la paridad horizontal en los encabezamientos no es una obligación para los partidos políticos según la Sala Constitucional.

d)No, porque la paridad implica que la diferencia entre hombres y mujeres no puede ser superior a uno, lo cual se cumple en este caso.

La Administración Tributaria impone una sanción a la empresa "Comercio S.A." por una infracción. La empresa alega que la sanción fue impuesta sin seguir un procedimiento claro y sin darle oportunidad de defensa, y que la normativa tributaria no detalla el procedimiento. ¿Qué normativa debe aplicar la Administración Tributaria para garantizar el debido proceso en este caso, según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios?

a)Debe aplicar las disposiciones generales del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública.

b)Debe apegarse únicamente a los principios de legalidad y debido proceso, sin necesidad de una norma procedimental expresa.

c)Debe crear un procedimiento específico mediante reglamento, ya que la normativa tributaria no lo detalla.

d)Debe aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, por ser la normativa procesal general en ausencia de otra.

La Municipalidad de Cartago implementa un programa de condonación de impuestos para adultos mayores en pobreza. Sin embargo, establece que aquellos clasificados en pobreza extrema recibirán un porcentaje de condonación mayor que los clasificados solo en pobreza. ¿Es válida esta diferenciación de porcentajes de condonación según la Ley de Apoyo municipal para adultos mayores en pobreza?

a)Sí, porque la ley permite establecer diferenciaciones basadas en la condición de pobreza o pobreza extrema.

b)No, porque no podrán establecerse condonaciones ni exenciones diferenciadas, ni aplicar diferenciación de porcentajes.

c)Sí, siempre que la diferenciación se justifique en estudios del IMAS sobre la condición de pobreza.

d)No, a menos que la municipalidad realice una adecuada campaña de divulgación para informar sobre la diferenciación.

La empresa "Exportaciones del Sur S.A." es objeto de un procedimiento administrativo por parte del Ministerio de Comercio Exterior, relacionado con la aplicación de una medida que afecta sus intereses bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. La empresa alega que no se le ha permitido presentar pruebas ni formular alegatos. ¿Qué garantías deben observarse en este procedimiento administrativo, según el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile?

a)Las garantías de audiencia, de legalidad y del debido proceso consagradas en sus respectivas legislaciones.

b)Únicamente las garantías de legalidad y debido proceso, ya que la audiencia es un aspecto discrecional de la administración.

c)Las garantías de independencia e imparcialidad judicial, así como el derecho de defensa, según la jurisprudencia.

d)Las garantías de transparencia y publicidad administrativas, para asegurar el control ciudadano efectivo y oportuno.

Durante una inspección de rutina en una fábrica, el personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos ejerce una potestad de autoridad para ordenar la clausura temporal de una sección por riesgo inminente. El propietario de la fábrica cuestiona la decisión, alegando que excede los límites de la discrecionalidad. ¿Qué límites deben observarse al ejercer esta potestad de autoridad, según la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica?

a)Debe efectuarse según los límites generales de razonabilidad, proporcionalidad y empleo del procedimiento técnico.

b)Debe someterse a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr un ejercicio eficiente.

c)Debe estar limitada por los derechos del particular frente a ella, salvo que exista un texto legal en contrario.

d)Debe ser controlada por el juez sobre los aspectos reglados del acto discrecional y la observancia de sus límites.

Según la Ley General de la Administración Pública, ¿cuál de las siguientes fuentes ocupa el rango más alto en la jerarquía del ordenamiento jurídico administrativo?

a)Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana, en su respectivo ámbito.

b)La Constitución Política, como la norma suprema del ordenamiento jurídico.

c)Las leyes y los demás actos con valor de ley, aprobados por el órgano legislativo.

d)Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, para su ejecución.

Una municipalidad decide otorgar un beneficio fiscal a los adultos mayores en condición de pobreza, pero excluye a aquellos que, aunque también son adultos mayores, no alcanzan el umbral de pobreza establecido por el IMAS, a pesar de enfrentar dificultades económicas significativas. Un grupo de estos adultos mayores excluidos alega violación al principio de igualdad. ¿Cómo debe interpretarse el principio de igualdad en este contexto, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Ley de Apoyo municipal para adultos mayores en pobreza?

a)El Estado debe construir un entramado jurídico que trate a quienes están en iguales condiciones de hecho de igual forma, sin exclusiones.

b)El principio de igualdad exige un trato idéntico para todos los adultos mayores, sin importar su condición económica.

c)La ley prohíbe establecer condonaciones o exenciones diferenciadas, pero permite la exclusión de grupos no clasificados en pobreza.

d)El principio de igualdad permite compensar situaciones de hecho producidas por alteraciones, lo que justifica la exclusión de quienes no están en pobreza.

En la interpretación de la Ley de Arbitraje, ¿qué debe tenerse en cuenta para promover la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe?

a)Su origen internacional y la promoción de la uniformidad.

b)Su origen internacional y la observancia de la buena fe.

c)Su origen internacional, la uniformidad y la buena fe.

d)Los principios generales en que se basa la ley.

Carlos es sorprendido por la policía cultivando dos plantas de cannabis sativa en el patio de su casa, las cuales, por su tamaño y estado, apenas podrían producir una cantidad mínima de sustancia. Carlos alega que son para su consumo personal y que no tiene intención de traficar.

a)Debe considerarla insignificante si la cantidad es mínima y no hay intención de tráfico, aplicando el artículo 28 constitucional.

b)Debe considerarla insignificante solo si la ley expresamente lo autoriza para el cultivo de cannabis sativa.

c)No puede considerarla insignificante, ya que el cultivo de cannabis sativa siempre pone en peligro la salud pública.

d)No puede aplicar el principio de insignificancia, pues este solo se aplica a delitos de bagatela y no a los de drogas.

Un juez penal autoriza la intervención telefónica de un sospechoso de crimen organizado. Debido a la complejidad del lenguaje cifrado utilizado por la banda y la necesidad de una respuesta rápida, el juez considera delegar la escucha material de las comunicaciones a un analista criminal especializado, manteniendo él la supervisión y el control general de la medida.

a)No, porque la escucha de las comunicaciones es una responsabilidad indelegable del juez, según el artículo 24 constitucional.

b)Sí, siempre que el juez mantenga la responsabilidad indelegable sobre la aplicación y control de la intervención.

c)No, ya que solo el juez puede imponerse de primera mano del contenido de las intervenciones.

d)Sí, pero únicamente si el analista criminal escucha de manera conjunta y en presencia física del juez.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inicia un proceso de compra de medicamentos. Para asegurar la mejor adquisición, la institución busca que la contratación maximice el valor de los recursos públicos invertidos y promueva la gestión por resultados, bajo las mejores condiciones de precio y calidad.

a)El principio de integridad, buscando la honestidad y buena fe en la conducta de los intervinientes.

b)El principio de valor por el dinero, orientando la contratación a maximizar los recursos públicos.

c)El principio de transparencia, haciendo accesibles todos los actos de la actividad contractual.

d)El principio de eficacia y eficiencia, respondiendo al cumplimiento de los fines institucionales.

María y Juan, ambos ciudadanos costarricenses, solicitan un permiso de construcción a la Municipalidad de San José. María es propietaria de un terreno en una zona residencial de alta densidad, mientras que Juan es propietario de un terreno en una zona rural de baja densidad. La municipalidad aplica requisitos y plazos diferentes para cada solicitud, basándose en la zonificación. María alega violación al principio de igualdad.

a)No, porque el principio de igualdad exige que no se hagan diferencias entre ciudadanos en cualquier situación.

b)Sí, porque la igualdad no concede un derecho a ser equiparado sin distinción de circunstancias.

c)No, ya que la igualdad implica un trato idéntico para todas las personas ante la Administración Pública.

d)Sí, siempre que la diferenciación se base en criterios de eficiencia administrativa y no en la zonificación.

La Municipalidad de Talamanca impone una sanción a la empresa "Turismo Sostenible S.A." por incumplimiento de una normativa municipal. La empresa alega que la sanción fue ejecutada de inmediato sin que se le permitiera defenderse previamente en un procedimiento administrativo.

a)La ejecución de la sanción es válida si la empresa no presentó recursos en el plazo establecido.

b)La ejecución es válida si la sanción se refiere a una falta de pago, según el Código Municipal.

c)La ejecución es inválida, pues debe resolverse el procedimiento de acuerdo con las normas del debido proceso.

d)La ejecución es inválida, ya que toda sanción administrativa requiere aprobación judicial previa.

Un ciudadano costarricense es detenido por una autoridad sin una orden judicial ni justificación legal clara, y es retenido en un lugar no designado públicamente para tales fines. El ciudadano alega que se ha cometido un delito en su contra.

a)Se ha cometido el delito de traición a la Patria, por arrogarse la soberanía.

b)Se ha cometido el delito de sedición, por asumir la representación del pueblo.

c)Se ha cometido el delito de detención arbitraria, según la Constitución Federal de Centro América.

d)Se ha cometido el delito de abuso de autoridad, por no cumplir los deberes que la ley impone.

Una empresa de medios de comunicación planea difundir un reportaje sobre las creencias religiosas de una comunidad minoritaria en Costa Rica. Para cumplir con la normativa vigente, la empresa debe asegurarse de que la difusión de estos temas observe ciertos principios.

a)Los principios de libertad de expresión y de información, garantizando la pluralidad de ideas.

b)Los principios de respeto, dignidad e igualdad de todos los seres humanos.

c)Los principios de objetividad y veracidad, evitando la manipulación de la información.

d)Los principios de no discriminación y de protección de la intimidad de las personas.

Ana es víctima de un delito y desea recurrir una sentencia absolutoria que considera injusta. Ana no se constituyó como querellante ni actora civil en el proceso penal. Para poder interponer el recurso de apelación de sentencia, Ana debe cumplir con un requisito específico según la normativa procesal penal vigente.

a)Debe solicitar la instancia al Ministerio Público para que este interponga los recursos pertinentes.

b)Puede interponer el recurso directamente, ya que la víctima tiene derecho a la tutela judicial efectiva.

c)Debe constituirse como querellante o actor civil antes de interponer cualquier recurso.

d)Puede interponer el recurso directamente, si el Ministerio Público no lo ha hecho en el plazo legal.

El Gobierno de la República de Costa Rica se caracteriza por ser popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Además, su ejercicio recae en el pueblo y en tres Poderes distintos e independientes entre sí.

a)El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sin que ninguno pueda delegar funciones propias.

b)El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, con independencia de los Poderes del Estado.

c)El Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, con rango e independencia de los Poderes del Estado.

d)El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, con la posibilidad de delegar funciones propias en casos excepcionales.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia debe ejercer funciones de asistencia y supervisión durante un proceso arbitral internacional con sede en Costa Rica, según lo establecido en la Ley para armonizar la normativa del Arbitraje Costarricense.

a)Las funciones a que se refieren los artículos 11.3), 11.4), 13.3), 14, 16.3) y 34.2) de la Ley de Arbitraje.

b)Las funciones a que se refieren los artículos 8, 9, 10, 17 H, 17 I, 17 J, 35 y 36 de la Ley de Arbitraje.

c)Las funciones a que se refieren los artículos 1, 2 y 6 de la Ley de Arbitraje, para arbitrajes domésticos.

d)Las funciones a que se refieren los artículos 2A y 6 de la Ley de Arbitraje, para promover la uniformidad de su aplicación.

Un funcionario público, encargado de la evaluación de ofertas en un proceso de contratación, acepta un viaje con todos los gastos pagados ofrecido por una de las empresas participantes.

a)Salvaguardar el interés público y denunciar actividades contrarias.

b)Abstenerse de utilizar atribuciones para beneficio propio o de terceros.

c)Rechazar pagos, regalos o dádivas ofrecidas directa o indirectamente.

d)No establecer intereses privados incompatibles con su puesto.

Durante la investigación de un caso de trata de personas, la Fiscalía decide permitir la presencia de medios de comunicación en la entrevista a una víctima, argumentando el interés público en el caso.

a)El principio de protección de la vida e integridad física de la víctima.

b)El principio de igualdad y no discriminación de las personas.

c)El principio de confidencialidad de la información y actividad administrativa.

d)El principio de no revictimización de la persona afectada.

Un funcionario del Ministerio de Hacienda se niega a aceptar un certificado de personería jurídica emitido por el Registro Nacional, alegando que no cumple con sus formatos internos, a pesar de ser un documento válido.

a)Una falta grave por incumplir el procedimiento de coordinación institucional.

b)Una falta muy grave por rechazar documentos expedidos válidamente por otros órganos.

c)Una falta grave por exigir más requisitos de los establecidos en la ley.

d)Una falta muy grave por no emitir la resolución confirmatoria del silencio positivo.

La empresa "Construcciones Modernas S.A." es contratista de un convenio marco para obras públicas. Durante la ejecución de un proyecto, la calidad de los materiales utilizados disminuye significativamente respecto a lo ofertado inicialmente.

a)Mantener la calidad y condiciones ofrecidas inicialmente.

b)Ejecutar fielmente la contratación según el pliego de condiciones.

c)Responder por los daños causados por sus colaboradores.

d)Proporcionar la información solicitada por la Administración.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desea implementar un nuevo esquema de contratación para servicios de telemedicina que no está expresamente regulado en el ordenamiento jurídico. Para ello, debe emitir un reglamento de tipo abierto.

a)Que la figura se constituya como más ventajosa respecto de otras figuras contractuales típicas.

b)Que se cumplan las condiciones básicas para su utilización, como que la Administración sea una de las partes.

c)Que se respeten el principio de legalidad y los principios de contratación pública.

d)Que se ajuste a los requisitos pertinentes y procedimientos de la Ley General de Contratación Pública.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) implementa un nuevo sistema de gestión de pagos que busca optimizar el uso de sus recursos financieros, tecnológicos y humanos para obtener los mejores resultados al menor costo posible.

a)El principio de simplicidad en la gestión financiera pública.

b)El principio de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

c)El principio de unidad de caja para la concentración de ingresos y egresos.

d)El principio de bienestar de la ciudadanía en la gestión financiera.

El Servicio Fitosanitario del Estado inicia un procedimiento sancionatorio contra un agricultor por el uso indebido de plaguicidas.

a)Los principios de transparencia y rendición de cuentas.

b)Los principios de eficiencia y eficacia en la gestión.

c)Los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

d)Los principios de legalidad y debido proceso.

Un sindicato del sector público convoca a una huelga para protestar contra una política económica del gobierno que, según sus miembros, afecta directamente sus intereses salariales y condiciones de vida. El gobierno la declara ilegal, argumentando que es una "huelga política".

a)Es legal si la política pública afecta directamente los intereses económicos o sociales de los trabajadores.

b)Es ilegal, ya que las huelgas políticas de cualquier índole están prohibidas por la ley.

c)Su legalidad depende de si la huelga tiene conexión directa con la relación de empleo.

d)Es legal solo si no tiene una duración superior a 48 horas y no se reitera por el mismo motivo.

Un juez laboral es solicitado para disolver un sindicato porque su secretario general fue condenado penalmente por un delito de lesiones culposas cometido durante una manifestación no relacionada con la actividad sindical.

a)Es procedente, ya que la condena penal de un dirigente afecta la probidad de la organización.

b)Es improcedente, pues no se puede trasladar una sanción personalísima a la colectividad sindical.

c)Es procedente si el delito fue cometido en el ejercicio de sus cargos, afectando el orden público.

d)Es improcedente, salvo que el sindicato haya fomentado directamente el acto delictuoso.

La Asamblea Legislativa aprueba una ley que modifica sustancialmente los plazos procesales en materia laboral y establece nuevas obligaciones para los jueces de trabajo, sin consultar previamente a la Corte Suprema de Justicia.

a)Sí, porque el legislador tiene libertad de configuración de los procedimientos judiciales.

b)No, porque la falta de consulta constituye un vicio de inconstitucionalidad de procedimiento.

c)Sí, si las modificaciones no crean o suprimen órganos jurisdiccionales.

d)No, si la ley no fue aprobada por una mayoría calificada de dos tercios.

Una persona es acusada de un hecho que, al momento de su comisión, no estaba expresamente tipificado como punible en la ley penal.

a)No podrá ser sancionada por ese hecho, conforme al principio de legalidad.

b)Podrá ser sancionada si el hecho es similar a otro ya tipificado por analogía.

c)Podrá ser sancionada si el hecho es grave y afecta el orden público.

d)No podrá ser sancionada, salvo que una ley posterior lo tipifique retroactivamente.

La Sala Constitucional ha señalado que el principio de igualdad y no discriminación es un elemento esencial en un ámbito específico del servicio público.

a)En la administración de los recursos públicos y la gestión financiera.

b)En la prestación de servicios de salud y educación pública.

c)En el servicio público de administración de justicia.

d)En la contratación pública y la selección de proveedores.

La Constitución Política, en su parte orgánica, enuncia principios rectores de la función y organización administrativas que deben orientar a todas las administraciones públicas en su quehacer.

a)La eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad.

b)La transparencia, rendición de cuentas y probidad.

c)La legalidad, jerarquía y publicidad.

d)La imparcialidad, objetividad y buena fe.

La Fuerza Pública establece un retén en una carretera principal sin una notitia criminis específica ni indicios fundados de un delito. Durante el retén, un oficial detiene a Carlos y le exige revisar el interior de su vehículo, a lo que Carlos se niega. El oficial procede con la revisión sin su consentimiento.

a)Sí, porque la vigilancia en carretera no es ilegítima y busca mantener el orden público.

b)No, porque el retén carece de razones objetivas concretas y la revisión requiere consentimiento libre y expreso.

c)Sí, si el oficial tenía una sospecha individualizada, aunque no fuera una notitia criminis formal.

d)No, solo si se demuestra que el oficial actuó con dolo o mala fe al realizar la revisión.

Un funcionario municipal, siguiendo una orden de su superior, le indica a la empresa "Construcciones Rápidas S.A." que detenga una obra por supuestas irregularidades. La orden es comunicada personalmente al representante legal, pero la empresa considera que es arbitraria y que no tiene fundamento legal.

a)No, porque la orden conserva su vigor jurídico y debe ser cumplida, aunque sea anulable.

b)Sí, si la orden es palmariamente arbitraria o imposible de cumplir, el incumplimiento halla soporte.

c)No, salvo que se demuestre que el funcionario carecía de competencia para emitirla.

d)Sí, si la empresa presenta objeciones de parecer o licitud por las vías que el sistema jurídico avala.

El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) está evaluando el desempeño de uno de sus órganos, el cual ha mostrado dificultades para coordinar sus acciones con otros organismos regionales, generando duplicidad de esfuerzos y resultados limitados.

a)La eficiencia y eficacia, asegurando la unidad y coherencia de su acción intrarregional.

b)La publicidad de sus resoluciones y el procedimiento abierto al acceso de las personas.

c)La observancia y ejecución de los propósitos y principios de su Protocolo.

d)La garantía del respeto del derecho en la interpretación y ejecución de sus instrumentos.

Una persona menor de edad estudiante presenta una denuncia por maltrato emocional contra un docente del Ministerio de Educación Pública (MEP). El procedimiento disciplinario se inicia, y la familia de la menor solicita que se garantice la igualdad de condiciones para todas las partes involucradas.

a)El principio de protección, que considera primordial la integridad física de la persona.

b)El principio de igualdad y equilibrio procesal, en todas sus etapas o instancias.

c)El principio de confidencialidad, para proteger la identidad de las personas denunciantes.

d)El principio de justicia restaurativa, para la integración y rehabilitación de la víctima.

¿Cuál de los siguientes NO es un fin de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos?

a)Propiciar la obtención y aplicación de recursos públicos según economía, eficiencia y eficacia.

b)Desarrollar sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el sector público.

c)Definir el marco de responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados.

d)Establecer el orden jerárquico de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo.

La Oficina Nacional de Semillas (Ofinase) debe resolver un caso de presunta violación de un derecho de obtención vegetal. Durante el proceso, se presentan pruebas técnicas y testimoniales contradictorias.

a)Las reglas de la sana crítica, observación científica, razonabilidad, racionalidad y buena fe.

b)Los principios de legalidad y debido proceso, conforme al Código Procesal Penal.

c)La interpretación restrictiva, prohibiendo la analogía en todo caso.

d)Los principios generales de Derecho, a falta de disposición expresa en la ley.

La Administración Tributaria inicia un procedimiento sancionatorio contra la empresa "Comercio S.A." por una infracción. La empresa alega que la Administración no ha seguido un procedimiento claro y que la normativa tributaria no detalla los pasos a seguir.

a)Deberán aplicarse las disposiciones generales del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública.

b)La Administración Tributaria puede establecer su propio procedimiento interno, dada la falta de norma expresa.

c)El procedimiento debe basarse en los principios de legalidad y debido proceso, sin necesidad de una norma expresa.

d)Se aplicarán supletoriamente las normas del Código Procesal Civil, por ser la ley común.

Un tribunal colegiado del Poder Judicial debe distribuir la carga de trabajo entre sus jueces. Inicialmente, los jueces intentan fijar los criterios de distribución por acuerdo interno, pero no logran ponerse de acuerdo.

a)El coordinador del órgano decidirá la distribución de la carga de trabajo.

b)El Consejo Superior del Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia fijará las reglas.

c)Se aplicarán los criterios que hayan fijado los jueces con anterioridad, buscando equidad.

d)El juez que conozca de un proceso tendrá la facultad de ordenar lo que corresponda.

La empresa "Servicios Públicos S.A." presenta una demanda contra la Administración Pública por una cuestión de responsabilidad patrimonial derivada de un acto administrativo. La empresa busca que se le indemnice por los daños sufridos.

a)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá de la materia de contratación administrativa.

b)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá de las cuestiones de responsabilidad patrimonial.

c)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá de los procesos ordinarios de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

d)La Jurisdicción Contencioso-Administrativa conocerá de las conductas regidas por el Derecho público de personas privadas.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debe resolver un caso relacionado con la inscripción de un partido político. La ley electoral no contiene una disposición expresa para un aspecto particular del procedimiento.

a)Se aplicarán las disposiciones generales del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública.

b)El Tribunal podrá crear una norma específica para resolver la situación, dada la laguna legal.

c)Se estará a los principios generales de Derecho para resolver la situación.

d)La apreciación de la prueba se hará conforme a las reglas de la sana crítica, sin más.

Un inspector de tránsito, sin una orden judicial ni indicios claros, ingresa a la propiedad privada de Carlos, un establecimiento de reparación de vehículos, para investigar una supuesta infracción de tránsito que ocurrió en la vía pública. Carlos se opone, pero el inspector insiste en su potestad. ¿Cómo debe ejercerse esta potestad de investigación según la Ley de Tránsito y el principio de interdicción de la arbitrariedad?

a)La potestad es excepcional y debe ejercerse guardando los límites de razonabilidad, proporcionalidad y normalidad.

b)La potestad es discrecional y permite el ingreso siempre que se justifique la necesidad de la investigación.

c)El ingreso a propiedades privadas requiere siempre una orden judicial previa, sin excepciones.

d)La potestad de investigación es absoluta para proteger la seguridad vial, sin límites expresos.

Juan, un aspirante a conductor, realiza su prueba práctica de manejo. Al finalizar, el evaluador le informa verbalmente que ha reprobado, sin especificar los errores cometidos ni los ítems evaluados. Juan solicita una revisión, pero se le indica que no hay un mecanismo para ello. ¿Qué principios se están vulnerando en este proceso de evaluación?

a)Los principios de celeridad y economía procesal, al no agilizar la resolución.

b)Los principios de publicidad, imparcialidad e igualdad, al no dar a conocer los parámetros.

c)Los principios de razonabilidad, publicidad e igualdad, y la garantía de mecanismos de revisión.

d)Los principios de instrumentalidad y buena fe procesal, al no buscar la verdad real.

En 2020, Pedro comete un acto que, en ese momento, no estaba tipificado como delito en la legislación penal costarricense. En 2022, se aprueba una nueva ley que tipifica dicho acto como delito y se intenta aplicar retroactivamente a Pedro. ¿Qué principio fundamental del derecho penal se estaría vulnerando en este caso?

a)El principio de legalidad, que prohíbe la condena por acciones no delictivas al momento de cometerse.

b)El principio de proporcionalidad, al imponer una pena que no corresponde a la gravedad del acto.

c)El principio de lesividad, al sancionar una conducta que no daña un bien jurídico tutelado.

d)El principio de justicia especializada, al no ser juzgado por órganos competentes.

La Municipalidad de San José implementa un nuevo sistema para la gestión de patentes comerciales. Para ello, establece requisitos que no son claros, no se publicitan adecuadamente y no permiten al administrado conocer el estado de su trámite. María, una comerciante, se siente perjudicada por la falta de transparencia. ¿Qué principios generales de la actividad administrativa se están incumpliendo?

a)Los principios de instrumentalidad y dispositivo, al no permitir la iniciación del proceso.

b)Los principios de reglas claras y objetivas, transparencia, publicidad y legalidad.

c)Los principios de inmediación y oralidad, al no haber contacto directo con el funcionario.

d)Los principios de preclusión y concentración, al no cumplir los plazos establecidos.

Un juez debe resolver un caso complejo relacionado con la protección de la micro, pequeña y mediana producción pecuaria. La ley específica no contempla un supuesto particular, generando una laguna legal. El juez considera aplicar un principio general del derecho para resolver el conflicto. ¿Cómo debe proceder el juez según el ordenamiento jurídico costarricense?

a)Aplicará los principios generales del Derecho solo si no existe uso o costumbre aplicable.

b)Aplicará los principios generales del Derecho en defecto de norma escrita, uso o costumbre.

c)Aplicará los principios generales del Derecho con carácter informador del ordenamiento jurídico.

d)Aplicará los principios generales del Derecho para interpretar, integrar y delimitar el ordenamiento escrito.

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