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La empresa 'Transportes Rápidos S.A.' tiene un contrato de concesión con el Estado para operar una ruta de autobuses por diez años. Debido a una urgente necesidad social, la Administración Pública decide alterar las condiciones del servicio, afectando los derechos adquiridos por la empresa. Según la Ley General de la Administración Pública, ¿qué consecuencia jurídica se deriva de esta alteración?
a)El contrato de concesión se anulará automáticamente sin compensación alguna.
b)La Administración Pública será responsable por los daños y perjuicios causados.
c)La empresa deberá adaptarse sin derecho a reclamar indemnización.
d)La alteración solo procederá si la empresa acepta las nuevas condiciones.
