Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Constitución Política - Principios constitucionales del régimen de empleo público

Examen público de 40 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Principios constitucionales del régimen de empleo público en Derecho Constitucional costarricense.

40 preguntasEstandar

Derecho ConstitucionalTema específicoPrincipios constitucionales del régimen de empleo público

Preguntas

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece que la rectoría de empleo público recae en el ministro o la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán). ¿Cuál de las siguientes es una de sus responsabilidades principales en esta materia?

a)Negociar las convenciones colectivas en el sector público en representación del Estado.

b)Fiscalizar el cumplimiento de las jornadas laborales y descansos en todas las entidades estatales.

c)Establecer, dirigir y coordinar las políticas generales y normativas administrativas del empleo público.

d)Aprobar los presupuestos salariales de todas las instituciones públicas anualmente.

La empresa "TecnoSoluciones S.A.", dedicada al desarrollo de software, opera en Costa Rica bajo una concesión estatal para la infraestructura digital. Un nuevo gerente, don Ricardo, argumenta que, al ser una empresa privada de tecnología, algunas normas del Código de Trabajo no le aplican. ¿Cuál es la aplicación correcta del Código de Trabajo en este caso?

a)Las disposiciones del Código de Trabajo se aplican solo a empresas públicas, no a privadas como TecnoSoluciones S.A.

b)El Código de Trabajo es de orden público y sus disposiciones se sujetan a todas las empresas, públicas o privadas.

c)TecnoSoluciones S.A. puede exceptuarse de ciertas disposiciones si resultan afectados derechos adquiridos de su concesión.

d)Los empleados extranjeros de TecnoSoluciones S.A. están exentos de las normas del Código de Trabajo por su nacionalidad.

María, una trabajadora de la empresa "Textiles del Sol S.A.", enfrenta una situación laboral no contemplada explícitamente en el Código de Trabajo ni en sus reglamentos. Su abogado debe buscar una solución. ¿Cuál es el orden de prelación correcto para resolver este caso, después de agotar el Código y sus reglamentos?

a)Equidad, costumbre o uso locales, y luego los principios generales de Derecho de Trabajo.

b)Disposiciones contenidas en Convenios y Recomendaciones de la OIT, y luego el derecho común.

c)Leyes supletorias o conexas, principios generales de Derecho de Trabajo, y luego la equidad.

d)Costumbre o uso locales, principios generales de Derecho de Trabajo, y luego el derecho común.

El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública de Electricidad (STEPE) ha negociado una convención colectiva con la gerencia. Los trabajadores de STEPE están bajo una relación de empleo de naturaleza pública (estatutaria). ¿Cuál es la situación jurídica de esta convención, según la interpretación de la Sala Constitucional?

a)La convención colectiva es plenamente válida y aplicable, ya que fue negociada de buena fe por las partes.

b)La convención colectiva es compatible con el Derecho de la Constitución si se ha venido prorrogando o modificando.

c)La convención colectiva es inconstitucional para el personal regido por la relación de empleo estatutaria.

d)La validez de la convención depende de si los jueces laborales determinan que se rigen por Derecho común.

Juan trabaja como conserje en una Municipalidad. El salario mínimo nacional fue ajustado, pero el presupuesto municipal no previó este aumento para su puesto. ¿Cómo debe proceder la Municipalidad respecto al salario de Juan, según el Código de Trabajo?

a)La Municipalidad no está obligada a aplicar el salario mínimo si su presupuesto no lo permite.

b)El salario de Juan se rige por el presupuesto público, por lo que no le aplica el salario mínimo nacional.

c)Juan debe negociar individualmente con la Municipalidad para que su salario sea ajustado al mínimo.

d)La Municipalidad debe hacer las rectificaciones necesarias en su presupuesto para que Juan no devengue salario inferior al mínimo.

El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de una institución autónoma, cuyos trabajadores están bajo un régimen de empleo de naturaleza pública (estatutaria), decide ir a huelga para exigir mejoras salariales. ¿Cuál es la situación jurídica de esta huelga, considerando la interpretación de la Sala Constitucional sobre el artículo 375 del Código de Trabajo?

a)La huelga es legal si se cumplen los requisitos de votación y conciliación previa, sin importar el régimen de empleo.

b)La huelga es permitida si los trabajadores no participan de la gestión pública y sus relaciones se regulan por Derecho común.

c)La legalidad de la huelga debe ser determinada por los Tribunales de Trabajo, quienes resolverán el conflicto.

d)La huelga es inconstitucional, ya que el artículo 375 prohíbe la huelga en los servicios públicos para personal estatutario.

Durante una manifestación sindical, algunos líderes del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (SITRA) bloquearon una vía pública, lo que podría tipificarse bajo el artículo 263 bis del Código Penal. La empresa patronal solicita la disolución del sindicato basándose en este hecho. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿es procedente la disolución del sindicato por esta causal?

a)Sí, porque el bloqueo de vías públicas es un acto delictuoso que justifica la disolución del sindicato.

b)Sí, si se comprueba que la actividad sindical fomentó directamente el acto delictuoso contra personas o propiedades.

c)No, porque las acciones tipificadas en el artículo 263 bis del Código Penal no pueden usarse para disolver un sindicato.

d)No, a menos que el acto delictuoso haya generado la muerte de terceras personas o graves afectaciones a la salud.

La Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley que establece la prohibición absoluta de huelga en ciertos servicios judiciales, como los de familia y pensiones alimentarias. Un grupo de diputados cuestiona si este proyecto debió ser consultado a la Corte Suprema de Justicia. Según la jurisprudencia constitucional, ¿es obligatoria la consulta en este caso?

a)No, porque la definición de políticas criminales es resorte exclusivo del Poder Legislativo.

b)Sí, si la incidencia del proyecto en el Poder Judicial es indirecta o secundaria, pero relevante.

c)No, si el proyecto no crea, modifica sustancialmente o suprime órganos o funciones jurisdiccionales.

d)Sí, porque la determinación de servicios judiciales no suspendibles afecta sustancialmente el funcionamiento del Poder Judicial.

El Estatuto de Servicio Civil establece un marco legal para los servidores públicos. Si surge un caso no previsto en esta ley, sus reglamentos o leyes supletorias o conexas, ¿cuál es la primera fuente a la que se debe recurrir para resolverlo?

a)Los principios generales de Servicio Civil, seguidos por la equidad.

b)El Código de Trabajo, seguido por la Ley de Seguro Social.

c)Los principios y leyes de derecho común, seguidos por la costumbre local.

d)La Ley de Seguro Social, seguida por los principios generales de Derecho de Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) ha iniciado una acción judicial basada en una convención colectiva. Otro sindicato, el Sindicato de Profesionales Médicos (SIPROMED), también afectado por la convención, desea participar en el litigio. ¿Bajo qué condición puede SIPROMED apersonarse en el litigio?

a)Solo si SIPROMED fue parte firmante de la convención colectiva original.

b)Si la solución del litigio tiene un interés colectivo para los miembros de SIPROMED.

c)Únicamente si la acción fue intentada por un individuo y no por otro sindicato.

d)Si SIPROMED demuestra que la convención colectiva le ocasiona un perjuicio individual directo.

La empresa "AgroExport S.A." y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (SITRA) han firmado una convención colectiva. La duración estipulada es de dos años. ¿Qué sucede si ninguna de las partes denuncia la convención con un mes de anticipación al vencimiento?

a)La convención colectiva se prorrogará automáticamente por un período igual al estipulado.

b)La convención colectiva se dará por terminada, debiendo las partes negociar una nueva.

c)La convención colectiva se extenderá por un plazo indefinido hasta que una parte la denuncie.

d)La convención colectiva se someterá a arbitraje obligatorio para definir su continuidad.

La Municipalidad de San Isidro ha firmado un contrato de mantenimiento de parques con la empresa "Jardines Verdes S.A." por cinco años. A los dos años, la Municipalidad decide unilateralmente modificar sustancialmente el contrato para incluir nuevas áreas verdes y reducir el pago mensual, alegando una "urgente necesidad" de optimizar recursos públicos. "Jardines Verdes S.A." se opone a la modificación. ¿Cuál es la consecuencia jurídica para la Municipalidad de San Isidro si la modificación unilateral del contrato se realiza bajo la alegación de urgente necesidad?

a)La Municipalidad deberá indemnizar a "Jardines Verdes S.A." por los daños y perjuicios causados.

b)La modificación es nula de pleno derecho, ya que los contratos no pueden ser alterados unilateralmente.

c)La Municipalidad no incurrirá en responsabilidad alguna, pues prevalece el principio de servicio público.

d)La Municipalidad solo deberá compensar a "Jardines Verdes S.A." por los costos directos de la adaptación.

El Poder Ejecutivo emite un reglamento autónomo para regular el ejercicio de un derecho constitucional, sin que exista una ley previa que lo desarrolle. La Asociación de Ciudadanos por los Derechos Fundamentales (ACIDEFU) considera que este reglamento es inválido. ¿Qué establece la Ley General de la Administración Pública respecto a los reglamentos autónomos en materia de derechos constitucionales?

a)Están permitidos, siempre que no contradigan la Constitución Política.

b)Están prohibidos en esta materia, reservada a la ley.

c)Son válidos si son reglamentos ejecutivos correspondientes a una ley.

d)Requieren la aprobación previa de la Asamblea Legislativa para su vigencia.

La Dirección General de Migración y Extranjería, un ente público, decide renunciar a su potestad de imperio de controlar la entrada de ciertos extranjeros al país, mediante un acuerdo interno con una empresa privada. ¿Es válida la renuncia de la Dirección General de Migración y Extranjería a su potestad de imperio, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Sí, si se realiza mediante un acto o contrato bilateral y oneroso.

b)No, porque las potestades de imperio son irrenunciables e intransmisibles.

c)Sí, siempre que el acuerdo interno sea aprobado por el Poder Ejecutivo.

d)No, a menos que la renuncia sea temporal y claramente limitada en su contenido.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) decide construir una nueva planta hidroeléctrica. Para ello, emite un acto administrativo que no está regulado expresamente por ninguna norma escrita en cuanto a su motivo o contenido, aunque sí se alinea con el fin público de generación eléctrica. ¿Se considerará autorizado este acto administrativo del ICE, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Sí, si se alinea con el fin público de generación eléctrica, aunque sea de forma imprecisa.

b)No, porque la Administración solo puede realizar actos que autorice el ordenamiento jurídico.

c)Sí, siempre que el acto sea necesario para el mejor desarrollo de las relaciones especiales.

d)No, a menos que el acto sea autorizado por los principios generales de derecho.

La Contraloría General de la República emite un reglamento autónomo de organización que entra en conflicto con una norma no escrita, específicamente un principio general de derecho, que ha sido utilizado para integrar una ley. ¿Cuál es la jerarquía de la norma que prevalecerá en este conflicto, según la Ley General de la Administración Pública?

a)El reglamento autónomo prevalecerá, por ser una norma escrita de un ente descentralizado.

b)Ambas normas tienen el mismo rango, por lo que se aplicará la más favorable a la Administración.

c)La norma no escrita prevalecerá, ya que tiene el rango de la ley que integra.

d)La Constitución Política prevalecerá, por ser la norma suprema del ordenamiento jurídico.

Carlos es un empleado público con sueldo de nombramiento del Gobierno. Ha sido electo Diputado al Poder Legislativo. ¿Qué debe hacer Carlos para poder ejercer su cargo como Diputado, según la Constitución Política de 1847?

a)Debe hacer voluntaria dimisión de su encargo como empleado público, la cual deberá admitírsele.

b)Puede mantener ambos cargos, siempre que el Poder Legislativo apruebe su doble función.

c)Debe solicitar una licencia sin goce de sueldo de su cargo público mientras dure su función como Diputado.

d)Puede ejercer ambos cargos, pero no podrá obtener ningún otro destino de elección popular.

¿Cuál es el fin principal de la jurisdicción constitucional, según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Garantizar la supremacía de las leyes ordinarias y su aplicación uniforme en la República.

b)Resolver conflictos de competencia entre los Poderes del Estado y entes descentralizados.

c)Garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional vigente.

d)Proteger los derechos y libertades fundamentales exclusivamente contra actos del Poder Ejecutivo.

La Municipalidad de Alajuela está desarrollando su propio reglamento interno para la gestión de recursos humanos, incluyendo la planificación del trabajo y la evaluación del desempeño de sus empleados. Un proyecto de ley propone que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) emita directrices y reglamentos de alcance general en estas materias para todas las municipalidades. ¿Cómo ha interpretado la Sala Constitucional la injerencia de Mideplán en la gestión de recursos humanos de las municipalidades?

a)Es constitucional que Mideplán emita directrices, siempre que las municipalidades estén sujetas a la ley en materia de gobierno.

b)Las municipalidades deben coordinar con Mideplán, pero no están obligadas a seguir sus directrices.

c)Es inconstitucional que Mideplán imponga directrices y reglamentos, pues vulnera la autonomía política y administrativa municipal.

d)La autonomía municipal solo aplica a la fijación de impuestos, no a la gestión de recursos humanos.

¿Cuál es el carácter de la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional, según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Son vinculantes erga omnes, salvo para la propia jurisdicción constitucional.

b)Son vinculantes únicamente para las partes involucradas en el caso concreto.

c)Tienen carácter meramente orientativo, sin fuerza vinculante obligatoria.

d)Son vinculantes para todos los Poderes del Estado, sin excepción alguna.

El Poder Judicial ha establecido su propio marco normativo para la evaluación del desempeño de sus funcionarios, diseñado para garantizar la eficiencia de la función judicial y proteger a los servidores de injerencias externas. Un proyecto de ley propone que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) emita lineamientos y principios generales para la evaluación del desempeño aplicables a todo el sector público, incluyendo el Poder Judicial. ¿Cómo ha interpretado la Sala Constitucional la aplicación de lineamientos de Mideplán sobre la evaluación del desempeño en el Poder Judicial?

a)Es constitucional que Mideplán emita lineamientos, siempre que el Poder Judicial los adapte a su normativa interna.

b)Es inconstitucional que Mideplán imponga lineamientos, ya que la evaluación del desempeño es consustancial a la independencia judicial.

c)El Poder Judicial debe coordinar con Mideplán, pero la decisión final sobre la evaluación recae en la Corte Plena.

d)La independencia judicial solo aplica a la función jurisdiccional, no a la gestión administrativa de personal.

Pedro, un ciudadano costarricense, desea viajar al extranjero por motivos personales. ¿Qué derecho le asiste en relación con su traslado, según la Constitución Política de 1847?

a)El derecho de trasladarse a cualquier país o lugar, siempre que esté libre de toda responsabilidad.

b)El derecho de trasladarse a cualquier país o lugar, previa autorización del Poder Ejecutivo.

c)El derecho de trasladarse a cualquier país o lugar, si no tiene deudas pendientes con el Estado.

d)El derecho de trasladarse a cualquier país o lugar, salvo prohibición judicial expresa.

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), busca establecer un sistema único y unificado de remuneración para la función pública. ¿Qué principio constitucional se vería afectado si Mideplán impone este sistema a las universidades públicas, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional?

a)El principio de legalidad, al no existir una ley específica que autorice a Mideplán.

b)La libertad de cátedra, al limitar la capacidad de las universidades para atraer talento.

c)La autonomía universitaria, que les permite establecer su propio régimen salarial.

d)El principio de igualdad, al crear disparidades salariales entre instituciones.

La Corte Suprema de Justicia desea remover a uno de sus Secretarios por ineptitud en el desempeño de su cargo. ¿Qué establece la Constitución Política de 1847 respecto a esta potestad del Tribunal?

a)El Tribunal puede removerlo, previa justificación de su ineptitud o faltas.

b)El Tribunal puede removerlo, pero requiere la aprobación del Poder Ejecutivo.

c)El Tribunal no puede removerlo, ya que los Secretarios gozan de inamovilidad absoluta.

d)El Tribunal puede removerlo, si el Poder Legislativo lo autoriza por mayoría simple.

Juan, un funcionario público, es despedido sin responsabilidad patronal. La Sala Constitucional ha analizado la figura de la inhabilitación temporal para reingresar al servicio público. ¿Qué se busca garantizar con esta inhabilitación, según la jurisprudencia?

a)La moralidad y la legalidad de la Administración, protegiéndola de conductas irregulares.

b)El derecho del funcionario a una segunda oportunidad, una vez cumplido el plazo.

c)La estabilidad laboral de los funcionarios públicos, evitando despidos arbitrarios.

d)La autonomía de las instituciones para decidir libremente sobre su personal.

El Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública deben nombrar y remover a los miembros de la fuerza pública. ¿Qué ley regula este proceso, según la Constitución Política de la República de Costa Rica?

a)La Ley de Contratación Administrativa, que establece los procedimientos para todo el sector público.

b)La Ley de Servicio Civil, que determina los casos muy calificados para estos nombramientos.

c)La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que regula las atribuciones de los Ministros.

d)El Código de Trabajo, que establece las condiciones laborales para todos los empleados del Estado.

El Ministerio de Hacienda necesita realizar un nombramiento para un puesto de confianza. ¿Quiénes tienen la atribución conjunta para nombrar y remover a estos funcionarios, según la Constitución Política de la República de Costa Rica?

a)El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda.

b)El Ministro de Hacienda y el Director General de Servicio Civil.

c)El Presidente de la República y la Asamblea Legislativa.

d)El Ministro de Hacienda y el Contralor General de la República.

El Gobierno de Costa Rica desea celebrar un contrato de colonización con un gobierno extranjero. ¿Qué requisito debe cumplir este contrato para tener validez, según la Constitución Política de 1847?

a)Debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Corte Suprema de Justicia.

b)Debe ser aprobado por el Cuerpo Legislativo, sin cuyo requisito no podrá tener lugar.

c)Debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, sin necesidad de aprobación legislativa.

d)Debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones.

El Presidente de la República, en un caso de repentino trastorno público y sin posibilidad de reunir al Cuerpo Legislativo, necesita decretar préstamos para suplir la escasez de recursos del tesoro público. ¿Qué condición debe cumplir este decreto, según la Constitución Política de 1847?

a)Debe hipotecar una o más rentas del Estado para indemnización y seguridad de los prestamistas.

b)Debe ser aprobado por la Comisión Permanente antes de su ejecución.

c)Debe ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia en un plazo de 48 horas.

d)Debe ser comunicado al Poder Judicial para su inmediata ejecución.

Un ciudadano costarricense desea obtener un empleo público. Según el Primer Estatuto Político de la Provincia de Costa Rica (1823), ¿qué requisito de residencia debía cumplir para obtener cualquier empleo?

a)Tener al menos diez años de residencia en la provincia.

b)Tener al menos tres años de residencia en la provincia.

c)Tener al menos cinco años de residencia en la provincia.

d)Tener al menos un año de residencia en la provincia.

Carlos trabajó 10 años en el Ministerio de Educación Pública y luego se trasladó al Ministerio de Salud, donde laboró 5 años más. Al ser despedido sin responsabilidad patronal del Ministerio de Salud, la institución le informa que su historial laboral se reinicia.

a)Se computa como una sola relación de empleo para reconocer sus derechos laborales.

b)Se considera una nueva relación de empleo al cambiar de institución pública.

c)Se computa por separado en cada institución para efectos de antigüedad.

d)Se reinicia el cómputo de la relación laboral al haber un despido previo.

La empresa pública estatal "Transportes del Valle S.A." ha implementado un nuevo sistema de evaluación de desempeño para sus empleados. Un grupo de trabajadores cuestiona si la Ley Marco de Empleo Público es aplicable a su situación.

a)Sí, porque es una empresa pública estatal.

b)No, porque las empresas públicas estatales están excluidas.

c)Sí, solo si no está en competencia con otras empresas.

d)No, a menos que sea una institución autónoma.

La Asociación de Desarrollo de la comunidad de San Rafael, un ente público no estatal, desea implementar un nuevo esquema salarial para sus empleados. Se consulta si la Ley Marco de Empleo Público rige para esta asociación.

a)No, porque los entes públicos no estatales están excluidos.

b)Sí, porque es una entidad que presta servicios públicos.

c)Sí, pero solo en lo relativo a negociación colectiva.

d)No, únicamente si es una empresa en competencia.

El Poder Judicial ha desarrollado un sistema de gestión de recursos humanos para sus funciones administrativas profesionales, que son exclusivas y excluyentes para el ejercicio de sus competencias constitucionales. El Mideplán pretende aplicar su rectoría sobre este sistema.

a)No, porque se excluyen de la rectoría del Mideplán.

b)Sí, porque el Mideplán tiene rectoría sobre todo el empleo público.

c)Sí, salvo que el Poder Judicial lo determine expresamente.

d)No, únicamente si son funciones de alta dirección pública.

Según la Ley Marco de Empleo Público, ¿cuándo se considera interrumpida la continuidad laboral para las personas trabajadoras del título II del Estatuto de Servicio Civil?

a)Después de un plazo igual o superior a seis meses.

b)Después de un plazo igual o superior a un mes calendario.

c)Cuando la relación de subordinación cesa por cualquier motivo.

d)Si cambian de entidad u órgano dentro de la Administración Pública.

Un funcionario público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es sorprendido utilizando recursos institucionales para fines personales. La institución debe aplicar una sanción, considerando los principios rectores del empleo público.

a)El principio de prevalencia del interés general.

b)El principio de excelencia en el servicio.

c)El principio de mérito, capacidad y competencias.

d)El principio de carrera administrativa.

Sofía trabajó en el Ministerio de Hacienda por dos años, pero cesó su continuidad laboral hace tres meses. Ahora, ha sido seleccionada para un puesto en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

a)Persona servidora pública de nuevo ingreso.

b)Persona servidora pública con continuidad laboral.

c)Persona servidora pública reingresada.

d)Persona servidora pública interina.

Juan, un docente de la Universidad Nacional, dejó de laborar por un período de siete meses. Al reincorporarse, la institución argumenta que su continuidad laboral se ha interrumpido. Juan alega que, bajo el principio de Estado como patrono único, su relación de empleo debería computarse como una sola.

a)Sí, porque para docentes universitarios se interrumpe después de seis meses.

b)No, porque el principio de Estado como patrono único garantiza la continuidad.

c)Sí, si la interrupción fue superior a un mes calendario.

d)No, a menos que haya sido despedido sin responsabilidad patronal.

El Sindicato de Trabajadores del Transporte (SITRATRAN) organiza una huelga legal para protestar contra una política pública que afecta directamente los intereses económicos de sus miembros. Durante la manifestación, algunos dirigentes sindicales, de forma personal y sin una decisión gremial explícita, impiden temporalmente el tránsito vehicular en una vía pública, lo cual podría encuadrar en el artículo 263 bis del Código Penal. La empresa de transporte solicita la disolución del SITRATRAN. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, ¿cómo debería resolverse la solicitud de disolución del sindicato?

a)La solicitud sería procedente, pues el impedimento del tránsito vehicular es un acto delictivo que justifica la disolución.

b)La solicitud sería improcedente, ya que la disolución por actos personalísimos de dirigentes sin decisión gremial es inconstitucional.

c)La solicitud sería procedente, dado que la huelga no fue pacífica al impedir el tránsito vehicular.

d)La solicitud sería improcedente, pero los dirigentes sindicales sí podrían ser sancionados penalmente por sus actos.

Los trabajadores de la empresa 'Manufacturas del Sur S.A.' deciden ir a una huelga legal para negociar mejores condiciones laborales. Durante el período de huelga, la empresa suspende el pago de salarios a los trabajadores. Los sindicatos alegan que esto es inconstitucional. ¿Cuál es la posición de la Sala Constitucional respecto a la exoneración del empleador del pago de salarios durante una huelga?

a)La Sala Constitucional exige el pago de salarios durante la huelga legal para proteger el derecho al trabajo.

b)La Sala Constitucional solo permite la exoneración si la huelga es declarada ilegal.

c)La Sala Constitucional considera que no es inconstitucional exonerar al patrono del pago de las remuneraciones.

d)La Sala Constitucional establece que el pago de salarios debe ser negociado entre las partes.

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