Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Constitución Política - Principio de seguridad jurídica

Examen público de 40 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Principio de seguridad jurídica en Derecho Constitucional costarricense.

40 preguntasEstandar

Derecho ConstitucionalTema específicoPrincipio de seguridad jurídica

Preguntas

La Municipalidad de San Carlos emite un reglamento que entra en conflicto directo con una directriz emitida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), una entidad descentralizada. Ambas instituciones reclaman competencia sobre la misma materia. ¿Qué acción debe interponer el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para resolver este conflicto de competencia, según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Un conflicto de competencia constitucional ante la Sala Constitucional.

b)Una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento municipal.

c)Un recurso de amparo contra la actuación de la Municipalidad.

d)Un proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Contencioso.

Un abogado argumenta en un caso ante un tribunal de primera instancia que la jurisprudencia de la Sala Constitucional, aunque importante, no es estrictamente vinculante para los tribunales inferiores, sino solo orientativa. ¿Cuál es la naturaleza de la jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional, según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Son vinculantes únicamente para las partes involucradas en cada caso.

b)Son meramente orientativos para los demás tribunales del país.

c)Son vinculantes erga omnes, salvo para la propia Sala Constitucional.

d)Son vinculantes solo cuando se refieren a derechos fundamentales.

La Municipalidad de San José emite una resolución que restringe el derecho de reunión pacífica de un grupo de ciudadanos, sin una justificación legal clara. ¿Qué recurso pueden interponer los ciudadanos afectados contra esta resolución, según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Un recurso de amparo contra la resolución municipal.

b)Un recurso de hábeas corpus por la restricción de reunión.

c)Una acción de inconstitucionalidad contra la resolución.

d)Un proceso ordinario civil por violación de derechos.

Pedro interpone un recurso de amparo contra una sentencia firme dictada por un tribunal civil, alegando que dicha sentencia violó su derecho al debido proceso. ¿Cuál es la razón por la que el recurso de amparo de Pedro sería inadmisible, según la Ley de la Jurisdicción Constitucional?

a)Porque la sentencia fue dictada por un tribunal civil, no por una autoridad administrativa.

b)Porque el amparo no procede contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

c)Porque Pedro debió haber agotado previamente los recursos de jurisdicción interna.

d)Porque la violación alegada no se refiere a un derecho fundamental.

Un cuidador de una persona mayor omite, de forma no deliberada, suministrarle su medicación a tiempo, lo que causa un deterioro en su salud. El cuidador no tomó las precauciones normales necesarias. ¿Cómo se clasifica esta acción según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores?

a)Abandono, por la falta de atención integral a sus necesidades.

b)Maltrato, por la acción u omisión que causa daño a su integridad.

c)Negligencia, por el descuido y omisión no deliberada que causa daño.

d)Discriminación por edad, al no recibir la atención adecuada.

José es condenado por un delito que, al momento de cometerlo, tenía una pena de 10 años de prisión. Posteriormente, una nueva ley reduce la pena para ese mismo delito a 5 años. ¿Cómo debe aplicarse la ley en el caso de José, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

a)Se le debe aplicar la pena de 10 años, ya que era la vigente al momento del delito.

b)Se le debe aplicar la pena de 5 años, beneficiándose de la ley más leve.

c)La ley más leve solo aplica si la sentencia aún no es firme.

d)La ley más leve solo aplica si el delito no es considerado grave.

La empresa 'Eventos Legislativos S.A.' desea participar en un proceso de contratación para proveer servicios de alimentación Categoría 1 a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el requisito de experiencia mínima que debe cumplir esta empresa, según el Reglamento de alimentación de la Asamblea Legislativa?

a)Al menos 5 años en la atención de actividades similares.

b)Al menos 7 años en la atención de actividades de protocolo.

c)Al menos 10 años en la atención de estas actividades.

d)No se requiere experiencia mínima para servicios de Categoría 1.

La empresa 'TecnoSoluciones S.A.' es una entidad privada que ofrece servicios de cuidado a largo plazo para personas mayores. Un familiar de un residente solicita acceso al expediente personal de su pariente, pero la empresa se niega. ¿Qué medida debe garantizar la empresa para el residente, según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores?

a)Garantizar el acceso a la información, incluyendo sus expedientes personales.

b)Promover la interacción familiar y social de la persona mayor.

c)Proteger la seguridad personal y el ejercicio de la libertad.

d)Establecer mecanismos para asegurar la voluntad libre y expresa del residente.

Durante la investigación de un caso penal contra Juan, las autoridades judiciales y administrativas solo consignan y valoran las circunstancias que lo perjudican, ignorando las que podrían favorecerlo. ¿Qué principio procesal se está incumpliendo en este caso, según el Código Procesal Penal?

a)El principio de legalidad, al no seguir el debido proceso.

b)El principio de independencia judicial, al no actuar con autonomía.

c)El principio de objetividad, que exige valorar circunstancias perjudiciales y favorables al imputado.

d)El principio de igualdad procesal, al no tratar a las partes por igual.

La Oficina de Atención a la Víctima del Delito del Ministerio Público debe aplicar medidas de protección a un testigo. ¿Qué principio considera primordial la protección de la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas, según la Ley de protección a víctimas?

a)El principio de proporcionalidad y necesidad.

b)El principio de protección.

c)El principio de confidencialidad.

d)El principio de justicia restaurativa.

Pedro, un ciudadano, considera que un funcionario judicial ha retardado injustificadamente la resolución de su caso. ¿Cuál es el plazo que tiene Pedro para urgir el pronto despacho ante el funcionario judicial omiso antes de interponer una queja por retardo de justicia, según la Ley Orgánica del Poder Judicial?

a)Cinco días hábiles.

b)Diez días naturales.

c)Cinco días naturales.

d)Quince días hábiles.

Carlos adquirió un terreno en 2020 bajo una ley que permitía la construcción de hasta 5 pisos. En 2023, se aprueba una nueva ley que restringe la altura máxima a 3 pisos en esa zona. Carlos, que planeaba construir un edificio de 4 pisos, se pregunta cómo le afecta la nueva normativa. ¿Cómo debe aplicarse la nueva ley en el caso de Carlos, según la Constitución Política?

a)La nueva ley no puede aplicarse en perjuicio de los derechos patrimoniales adquiridos por Carlos.

b)La nueva ley se aplica inmediatamente, ya que el interés público prevalece sobre los derechos individuales.

c)La nueva ley solo se aplicará si Carlos no ha iniciado la construcción de su edificio de 4 pisos.

d)La nueva ley puede aplicarse retroactivamente si así lo establece expresamente la Asamblea Legislativa.

María, una periodista, recibe documentos confidenciales de una fuente anónima que revelan actos de corrupción en una institución pública. La Fiscalía, al enterarse, solicita a un juez la intervención de sus comunicaciones y el secuestro de sus documentos para identificar a la fuente. ¿Bajo qué condiciones podría un juez ordenar el secuestro de los documentos privados de María, según la Constitución Política?

a)Solo si la Fiscalía demuestra que la información es de interés público y afecta la seguridad nacional.

b)Únicamente si es absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.

c)Siempre que exista una orden escrita de juez competente y la periodista se niegue a colaborar.

d)Cuando la ley lo fije y la aprobación de la ley requiera mayoría simple de los diputados.

Un menor de edad, de 16 años, comete un delito grave y, durante el proceso penal juvenil, se determina que requiere una medida de seguridad debido a su condición psicológica. La defensa argumenta que la Ley de Justicia Penal Juvenil no contempla explícitamente la imposición de medidas de seguridad. ¿Es procedente la imposición de medidas de seguridad en el proceso penal juvenil para este menor, según la jurisprudencia de la Sala Tercera?

a)No, porque la Ley de Justicia Penal Juvenil no las establece previamente, violando el principio de legalidad.

b)Sí, por aplicación supletoria de la legislación penal de adultos, según el criterio unificado.

c)No, ya que las medidas de seguridad solo aplican a adultos y no a menores de edad.

d)Sí, siempre que la medida de seguridad sea menos gravosa que la sanción penal juvenil.

La empresa "Construcciones del Sol S.A." considera que un acto administrativo emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es ilegal y le causa un perjuicio económico. La empresa desea impugnar dicho acto. ¿Cuál es el objeto principal de la jurisdicción contencioso-administrativa en este caso, según la Constitución Política?

a)Garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado y sus instituciones.

b)Resolver conflictos entre particulares y la Administración Pública por vía arbitral.

c)Proteger los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.

d)Impugnar actos administrativos que impliquen desviación de poder por parte del MOPT.

En 2022, la empresa "Logística Rápida S.A." obtuvo una licencia de operación bajo ciertas condiciones. En 2024, una nueva ley modifica esas condiciones, imponiendo requisitos más estrictos que, de aplicarse, harían inviable la operación de la empresa. La empresa ya ha realizado inversiones significativas. ¿Cómo debe proceder la Administración Pública respecto a la licencia de "Logística Rápida S.A." ante la nueva ley, según la Constitución Política?

a)Debe aplicar la nueva ley de inmediato, ya que las licencias no generan derechos adquiridos.

b)Puede aplicar la nueva ley si el interés público lo justifica, indemnizando a la empresa.

c)Debe revocar la licencia si la empresa no cumple los nuevos requisitos, sin importar las inversiones.

d)No debe dar efecto retroactivo a la nueva ley en perjuicio de las situaciones jurídicas consolidadas.

El Poder Judicial implementa un nuevo sistema informático para gestionar expedientes judiciales que contiene información sensible de los usuarios. Debido a una falla en la seguridad del sistema, se produce una filtración masiva de datos personales. Juan, uno de los afectados, demanda al Poder Judicial. ¿Qué responsabilidad asume el Poder Judicial y sus funcionarios ante la filtración de datos sensibles de Juan, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional?

a)Asumen responsabilidad por amenazas o lesiones a derechos fundamentales por incumplimiento de exigencias de seguridad.

b)Solo asumen responsabilidad si la filtración fue intencional y no un error técnico del sistema.

c)La responsabilidad recae principalmente en los usuarios del sistema por no proteger sus propias contraseñas.

d)No asumen responsabilidad si se demuestra que adoptaron algunas medidas técnicas y organizativas.

La empresa "TecnoVigilancia S.A." instala cámaras de seguridad en los vestuarios de sus empleados, alegando motivos de seguridad y prevención de robos. Los empleados, representados por su sindicato, denuncian que esto viola su derecho a la intimidad. ¿Qué principio fundamental se estaría violando con la instalación de cámaras en los vestuarios, según la Constitución Política?

a)El derecho a la libertad de asociación, al afectar la organización sindical.

b)El derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.

c)El derecho a la propiedad privada de los empleados sobre sus pertenencias.

d)El derecho a la justicia pronta y cumplida en caso de denuncias.

El Ministerio de Hacienda recibe un dictamen de la Procuraduría General de la República que considera perjudicial para un proyecto de infraestructura de interés público. El Ministro desea no acatarlo. ¿Qué procedimiento debe seguir el Ministerio de Hacienda para no acatar el dictamen de la Procuraduría General de la República, según su Ley Orgánica?

a)Solicitar directamente al Consejo de Gobierno la dispensa de la obligatoriedad del dictamen.

b)Publicar una resolución razonada en La Gaceta justificando la no aplicación del dictamen.

c)Solicitar reconsideración a la Procuraduría y, si es denegada, acudir al Consejo de Gobierno.

d)Acatar el dictamen, ya que son de acatamiento obligatorio y no existe mecanismo de dispensa.

¿Cuál es el criterio principal para interpretar las normas jurídicas, según el Código Civil?

a)El contexto histórico y los antecedentes legislativos de la norma.

b)El sentido propio de sus palabras, atendiendo al espíritu y finalidad.

c)La realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

d)La doctrina reiterada establecida por las salas de casación.

María está en un litigio civil y teme que su contraparte, Pedro, venda un bien inmueble que es objeto de la disputa antes de que se dicte sentencia, lo que haría ineficaz cualquier fallo a su favor. ¿Bajo qué presupuesto fundamental podría María solicitar al tribunal una medida cautelar para evitar la venta del inmueble?

a)Cuando exista una sentencia firme que declare la propiedad del bien a su favor.

b)Si la pretensión de María es de carácter meramente declarativo y no patrimonial.

c)Cuando exista peligro de pérdida o daño potencial del derecho o interés jurídicamente relevante.

d)Si María ha consentido la situación de riesgo durante un largo período sin justificación.

La Procuraduría General de la República observa que dos salas de casación de la Corte Suprema de Justicia han emitido sentencias con criterios discrepantes sobre una cuestión procesal sustancialmente igual, lo que afecta la uniformidad de la jurisprudencia. ¿Qué acción puede interponer la Procuraduría General de la República para procurar la uniformidad de la jurisprudencia en este caso?

a)Interponer una casación en interés de la ley ante la Corte Plena.

b)Solicitar una casación en interés de la jurisprudencia ante la sala respectiva.

c)Presentar un recurso de revisión ante la sala de casación correspondiente.

d)Gestionar un recurso de casación ordinario por violación de normas sustantivas.

Juan realiza actividades en su propiedad privada que no afectan el orden público, la moralidad ni la decencia pública, y tampoco causan perjuicio a terceros. ¿Cómo se consideran estos actos privados de Juan según la Constitución Política?

a)Sujetos a regulación especial por parte de la autoridad administrativa.

b)Declarados fuera de la acción de la ley.

c)Potencialmente punibles si la ley los tipifica posteriormente.

d)Requieren autorización previa de la autoridad competente.

En un procedimiento de justicia restaurativa, se discuten detalles sensibles del caso. Posteriormente, el caso es devuelto al procedimiento ordinario. El fiscal desea usar la información obtenida en la reunión restaurativa para el juicio. ¿Qué principio rector de la justicia restaurativa prohíbe el uso de esta información en el procedimiento ordinario?

a)El principio de accesibilidad, que busca asegurar el acceso de las partes a la justicia restaurativa.

b)El principio de alto apoyo y alto control, que acompaña a las partes en el proceso.

c)El principio de confidencialidad y privacidad, que impide su divulgación para otros fines procesales.

d)El principio de inserción social, que busca generar capacidades en la persona ofensora.

Carlos y Ana, partes en un proceso civil, acuerdan renunciar anticipadamente a ciertas normas procesales para agilizar el trámite, sin que su acuerdo se enmarque en un mecanismo alterno de solución de conflictos o acto jurídico expresamente previsto. ¿Es válido el acuerdo de Carlos y Ana para renunciar anticipadamente a las normas procesales?

a)No, porque las partes no pueden disponer o renunciar de manera anticipada a las normas procesales.

b)Sí, siempre que el tribunal lo autorice expresamente para garantizar la celeridad.

c)Sí, si ambas partes están de acuerdo y no se afectan derechos fundamentales.

d)No, salvo que se trate de normas de carácter dispositivo que no sean de orden público.

Un adolescente, Juan, es remitido a un procedimiento de justicia restaurativa. Sus padres desean que participe, pero Juan no está convencido y se siente presionado. ¿Qué principio fundamental de la justicia restaurativa debe garantizarse en la participación de Juan?

a)El principio de responsabilidad activa, que exige el cumplimiento de los requerimientos procesales.

b)El principio de no contencioso, que busca evitar desacuerdos sobre los daños causados.

c)El principio de alto apoyo y alto control, que acompaña a la persona ofensora en el proceso.

d)El principio de voluntariedad y consentimiento informado, que asegura su participación libre.

La Municipalidad de San Isidro necesita un terreno de propiedad privada de la señora Marta para construir una escuela pública. Marta se niega a venderlo. ¿Bajo qué condiciones puede la Municipalidad tomar la propiedad de Marta?

a)Por decisión unilateral de la Municipalidad, si el proyecto es de interés público.

b)Mediante un proceso judicial que declare la utilidad pública sin necesidad de indemnización.

c)Por necesidad pública acreditada y previa indemnización, convenida o por tasación de peritos.

d)Si la señora Marta no ha utilizado el terreno para fines productivos durante un tiempo prolongado.

La Sala Primera de Casación ha dictado fallos contradictorios sobre un tema jurídico concreto en sentencias que no son impugnables mediante el recurso de casación ordinario, y existe un claro interés público en definir la discrepancia. ¿Qué recurso es el adecuado para abordar esta situación y quién es el competente para conocerlo?

a)Casación en interés de la ley, conocida por la Corte Plena.

b)Casación en interés de la jurisprudencia, conocida por la respectiva sala de casación.

c)Recurso de revisión, presentado ante la sala de casación correspondiente.

d)Recurso de casación ordinario, conocido por la sala de casación que dictó el fallo.

El Comité Municipal de Emergencias de Puntarenas implementa un plan para reducir la vulnerabilidad de las comunidades costeras ante posibles tsunamis, incluyendo la construcción de barreras naturales y la educación de la población. ¿Qué principio fundamental de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo rige estas acciones?

a)El principio de prevención, que busca reducir la vulnerabilidad y mitigar impactos de eventos peligrosos.

b)El principio de solidaridad, que se enfoca en esfuerzos comunes para proteger la vida y el patrimonio.

c)El principio de integralidad del proceso de gestión, que articula órganos y recursos.

d)El principio de razonabilidad y proporcionalidad, que escoge la mejor alternativa para la urgencia.

En un proceso criminal contra Pedro, el juez se niega a permitirle presentar testigos que podrían probar su inocencia. ¿Qué derecho fundamental del acusado se está vulnerando en este proceso criminal?

a)El derecho a no declarar contra sí mismo en causas criminales.

b)El derecho a no ser juzgado por comisiones o tribunales especiales.

c)El derecho a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación hecha contra él.

d)El derecho a sacar testimonio de documentos y declaraciones de testigos ausentes para probar su inocencia.

En un proceso ordinario civil, el juez ha dictado una sentencia. Según el Código Procesal Civil, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de casación contra esta sentencia, si es de mayor cuantía?

a)Diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia.

b)Quince días, contados a partir de la notificación de la resolución recurrida.

c)Veinte días hábiles, contados desde la firmeza de la sentencia.

d)Cinco días, contados a partir de la conclusión de la audiencia oral.

María, abogada de la empresa 'Exportaciones del Sur S.A.', presenta una demanda en un proceso civil y adjunta documentos redactados en inglés. El juzgado le previene que debe aportar las traducciones oficiales. ¿Es correcta la prevención del juzgado, según la jurisprudencia del Tribunal Primero de Apelación Civil de San José?

a)No, las traducciones de documentos en otro idioma pueden ser realizadas en forma privada, sin ser oficiales.

b)Sí, el Código Procesal Civil exige que toda traducción de documentos sea realizada por un traductor oficial.

c)No, solo se requiere traducción oficial si la parte contraria impugna la fidelidad de la traducción privada.

d)Sí, el principio de informalidad no aplica a la traducción de documentos en el proceso civil.

Carlos, un ofensor, y Sofía, la víctima, son informados sobre sus derechos y deberes en un procedimiento de justicia restaurativa y aceptan participar. Firman un documento que acredita su anuencia y comprensión del proceso. ¿Cómo se denomina este documento, según la Ley de Justicia Restaurativa?

a)Una boleta de referencia institucional para el seguimiento del plan.

b)Un acuerdo restaurativo que establece las condiciones de reparación.

c)Una guía de la persona facilitadora para el desarrollo de la reunión.

d)Un consentimiento informado para la tramitación de la causa penal.

La Municipalidad de Puntarenas evalúa un proyecto de construcción en una zona costera que podría generar un daño ambiental grave e irreversible. Aunque no existe certeza científica absoluta sobre la magnitud del daño, los estudios preliminares sugieren un riesgo significativo. ¿Qué principio debe aplicar la Municipalidad para decidir sobre el proyecto, según la Ley para la Gestión Integral de Residuos?

a)El principio precautorio, que impide postergar medidas eficaces ante el peligro de daño grave.

b)El principio de gradualismo, que permite establecer obligaciones de manera progresiva.

c)El principio de prevención en la fuente, que prioriza evitar la generación de residuos.

d)El principio de responsabilidad compartida, que requiere participación conjunta de actores.

Carlos es acusado de un acto que, aunque moralmente reprochable, no está explícitamente descrito como delito en ninguna ley penal vigente. El fiscal argumenta que, por analogía con un delito similar, Carlos debería ser sancionado. ¿Es procedente la sanción de Carlos por analogía, según el Código Penal?

a)Sí, la analogía es permitida si el hecho es moralmente reprochable y similar a un delito existente.

b)No, nadie puede ser sancionado por un hecho no tipificado como punible por la ley penal.

c)Sí, siempre que la analogía sea favorable al acusado y no agrave su situación jurídica.

d)No, la prohibición de analogía solo aplica a las medidas de seguridad, no a las penas.

La empresa 'Recicla Más S.A.' implementa un proceso para transformar residuos plásticos en nuevos productos, lo que implica un ahorro de energía y materias primas. ¿Qué acción de jerarquización en la gestión integral de residuos está realizando 'Recicla Más S.A.', según la Ley para la Gestión Integral de Residuos?

a)La reducción al máximo de la generación de residuos en su origen.

b)La reutilización de residuos en la misma cadena de producción.

c)El tratamiento de los residuos generados antes de su disposición final.

d)La valorización por medio del reciclaje, priorizando la recuperación de materiales.

El Poder Legislativo aprueba una nueva ley que amplía las facultades del Estado para imponer sanciones penales, sin considerar las restricciones históricas al poder punitivo. Juan, un ciudadano, considera que esta ley podría generar abusos y violar derechos fundamentales. ¿Cómo se interpretan las garantías constitucionales que restringen el poder punitivo estatal, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional?

a)Son preceptos que miran hacia atrás, conteniendo restricciones para evitar abusos del poder estatal.

b)Son cláusulas que pueden perder su contenido ante leyes ordinarias si hay interés público.

c)Son garantías que solo aplican a casos de retroactividad de la ley penal, no a nuevas facultades.

d)Son principios que buscan la eficiencia del sistema punitivo, no su restricción.

El Ministerio de Salud emite un acto administrativo que prohíbe la comercialización de un producto, basándose en un estudio técnico que posteriormente se demuestra que contiene errores metodológicos graves, contrarios a reglas unívocas de la ciencia. La empresa afectada desea impugnar este acto. ¿Puede un juez controlar la conformidad de este acto con las reglas de la ciencia, según la Ley General de la Administración Pública?

a)No, el control judicial se limita a los aspectos reglados del acto discrecional.

b)Sí, pero solo si el acto es contrario a principios elementales de justicia o lógica.

c)Sí, el juez puede controlar la conformidad con reglas unívocas de la ciencia o técnica.

d)No, las reglas de la ciencia no son normas jurídicas y escapan al control judicial.

En un caso civil, el juez se encuentra con una laguna legal, es decir, no existe una norma escrita, uso o costumbre aplicable al supuesto específico. Para resolver el conflicto, el juez debe recurrir a otras fuentes del derecho. ¿Cómo deben aplicarse los principios generales del Derecho en esta situación, según el Código Civil?

a)Se aplicarán solo si no existen normas escritas, usos o costumbres que informen el ordenamiento.

b)Se aplicarán únicamente si no son contrarios a la moral o al orden público establecido.

c)Se aplicarán en defecto de norma escrita, uso o costumbre, informando el ordenamiento jurídico.

d)Se aplicarán de forma supletoria, pero sin carácter informador del ordenamiento jurídico.

Carlos y Sofía participan en un procedimiento de justicia restaurativa. Durante la reunión, surge un desacuerdo irreconciliable sobre la responsabilidad de Carlos en los daños causados, lo que impide llegar a un acuerdo reparador.

a)El procedimiento restaurativo se suspende temporalmente hasta que se resuelva el desacuerdo.

b)El caso debe ser remitido a una audiencia temprana para que la persona juzgadora decida sobre el desacuerdo.

c)El procedimiento restaurativo finaliza y el caso debe continuarse con el trámite ordinario correspondiente.

d)La persona facilitadora debe imponer una solución al desacuerdo para que el procedimiento continúe.

40 preguntas · Gratis

¿Listo para poner a prueba tus conocimientos?

Gratis · 40 preguntas · Recibe tu puntaje al instante