Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026: Constitución Política - Derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; amparo de legalidad

Examen público de 40 preguntas del Examen de Excelencia Colegio de Abogado 2026 enfocado en Derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; amparo de legalidad en Derecho Constitucional costarricense.

40 preguntasEstandar

Derecho ConstitucionalTema específicoDerecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido; amparo de legalidad

Preguntas

Edificaciones Modernas S.A. recibe un permiso de construcción de la Municipalidad de San José. Para que este acto administrativo produzca su efecto y la empresa pueda iniciar las obras, ¿cuándo se considera eficaz el permiso?

a)Desde que la Municipalidad adopta el acto, sin necesidad de comunicación.

b)Después de que la empresa lo impugne y se confirme su validez.

c)Desde que la Municipalidad adopta el acto, al conceder únicamente derechos.

d)Después de que la Municipalidad lo comunique formalmente a la empresa.

TecnoSoluciones S.A. recibe una resolución con un vicio de forma no esencial. Si la empresa no impugna este acto relativamente nulo, ¿cuál es la situación jurídica de la resolución?

a)Se considera nula de pleno derecho y no debe ser obedecida.

b)Se presume legítima y debe ser obedecida por la empresa.

c)Pierde su eficacia automáticamente después de un año.

d)Requiere una declaración judicial para ser considerada válida.

En el procedimiento administrativo iniciado por don Ricardo para su licencia sanitaria, ¿cuál es el objeto más importante que debe perseguir el Ministerio de Salud?

a)Asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la Administración.

b)Respetar los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado.

c)Garantizar la máxima celeridad y eficiencia en la tramitación.

d)Verificar la verdad real de los hechos que motivan el acto.

En el procedimiento de pensión de la señora Elena, ¿quién tiene la responsabilidad principal de impulsar el trámite, según la Ley General de la Administración Pública?

a)La Administración, de oficio, sin perjuicio de las partes.

b)La señora Elena, ya que la inercia de la Administración la excusa.

c)Ambas partes por igual, para evitar la caducidad del procedimiento.

d)El superior jerárquico, si las partes no lo impulsan.

Para que el señor Pérez obtenga reparación por los daños en su propiedad, ¿qué tipo de justicia debe encontrar, según la Constitución Política?

a)Una justicia que priorice la conciliación sobre el litigio.

b)Una justicia que se adapte a las circunstancias particulares del caso.

c)Una justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad legal.

d)Una justicia que garantice la indemnización total de los daños.

Dada la situación de doña Marta, ¿qué tratamiento debe garantizarse en su proceso judicial, según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores?

a)La aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, si es posible.

b)La capacitación del personal judicial sobre sus derechos específicos.

c)La exención de costos judiciales por su condición de persona mayor, si aplica.

d)Debida diligencia y tratamiento preferencial, con actuación expedita si riesgo para su salud.

En el procedimiento contra Comercializadora del Sol S.A., ¿qué efecto tendrán las pruebas obtenidas ilegalmente por la Administración Tributaria?

a)Podrán ser utilizadas si son esenciales para el caso.

b)No podrán surtir efecto alguno en contra del contribuyente.

c)Serán válidas si la empresa no las impugna oportunamente.

d)Conducirán a la nulidad del procedimiento completo.

Ante la situación de Transportes Rápidos S.A., ¿qué principio fundamental se invoca para impugnar el reglamento del Ministerio, y qué jurisdicción garantiza su legalidad?

a)El principio de legalidad, garantizado por la jurisdicción contencioso-administrativa.

b)La autonomía reglamentaria, controlada por la Sala Constitucional.

c)La discrecionalidad administrativa, supervisada por el superior jerárquico.

d)El derecho privado supletorio, aplicado por los tribunales civiles.

Un grupo de vecinos de la comunidad de San Isidro presenta una solicitud formal ante la Municipalidad para que se repare una calle en mal estado. Han pasado varios meses sin recibir respuesta. ¿Qué derecho constitucional se está vulnerando?

a)El derecho a la libertad de expresión y opinión.

b)El derecho de petición y a obtener pronta resolución.

c)El derecho a la participación ciudadana en asuntos públicos.

d)El derecho a la justicia pronta y cumplida.

La señora Rojas interpone un recurso de amparo contra una resolución de la Municipalidad de su cantón, alegando que la resolución es ilegal y viola sus derechos fundamentales. Durante el proceso, la Sala Constitucional debe determinar la naturaleza de este recurso. ¿Cuál es la finalidad principal del recurso de amparo, según la jurisprudencia?

a)Servir como instrumento de control de la legalidad de los actos administrativos.

b)Permitir la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas.

c)Examinar con carácter declarativo si los derechos infra-constitucionales existen.

d)Brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a derechos fundamentales.

Juan Pérez, un administrado, debe presentar cierta documentación requerida por la Administración Pública para completar un trámite. Si la ley no establece un plazo específico para este tipo de gestión, ¿en qué plazo debe Juan cumplir con este requisito?

a)En el plazo de diez días, salvo que por ley se fije otro.

b)En el plazo de cinco días, si no hay ley que fije otro.

c)En el plazo de quince días, si no hay ley que fije otro.

d)En el plazo de treinta días, si no hay ley que fije otro.

La Municipalidad de San Isidro, en un procedimiento administrativo, desea reducir un plazo establecido para la Administración por razones de conveniencia. Posteriormente, el Poder Ejecutivo busca anticipar un término destinado a las partes por razones de urgencia. ¿Quién es competente para decretar estas reducciones o anticipaciones, respectivamente?

a)El director del procedimiento para ambos casos, por razones de oportunidad o urgencia.

b)El director del procedimiento para la Administración, y el Poder Ejecutivo para las partes.

c)El superior jerárquico para la Administración, y el director del procedimiento para las partes.

d)El Poder Ejecutivo para la Administración, y el director del procedimiento para las partes.

La directora de la Oficina de Patentes, doña Laura, supervisa a su equipo en la tramitación de solicitudes. Ella debe asegurarse de que sus subordinados cumplan con los principios que rigen la actuación administrativa. ¿Cuáles principios debe velar doña Laura que se cumplan en la actuación administrativa?

a)Legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe.

b)Publicidad, contradicción, oralidad y concentración.

c)Economía, simplicidad, celeridad y eficiencia.

d)Jerarquía, competencia, motivación y proporcionalidad.

La empresa Constructora del Valle S.A. se encuentra inmersa en un procedimiento administrativo ordinario ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ¿Cómo se tramitará este procedimiento ordinario, según la Ley General de la Administración Pública?

a)Mediante una comparecencia oral y privada, admitiendo toda prueba y alegatos pertinentes.

b)Mediante debates escritos y audiencias públicas, sin límite de pruebas.

c)Mediante un proceso sumario con pruebas de oficio y sin comparecencia de partes.

d)Mediante un expediente secreto, con pruebas limitadas y sin alegatos.

El órgano director de un procedimiento administrativo ordinario ha terminado la comparecencia. Sin embargo, considera necesario introducir nuevos hechos o completar la prueba. ¿Cuál es el plazo para dictar el acto final y qué debe hacer el órgano director en este caso particular?

a)Quince días, sin posibilidad de introducir nuevos hechos o pruebas.

b)Quince días, consultando al superior para una posible segunda comparecencia.

c)Treinta días, decidiendo por sí mismo la introducción de nuevos hechos.

d)Diez días, solicitando directamente una nueva comparecencia sin consulta.

Un procedimiento administrativo sumario ha sido iniciado de oficio por la Dirección General de Tributación. ¿En qué plazo máximo deberá ser concluido este procedimiento mediante un acto final?

a)En el plazo de quince días.

b)En el plazo de dos meses.

c)En el plazo de tres meses.

d)En el plazo de un mes.

La Junta Directiva de una institución autónoma desea anular de oficio un nombramiento que le fue hecho a un funcionario hace seis meses, por reputarlo viciado de nulidad absoluta, evidente y manifiesta. ¿Qué debe hacer la institución para proceder con esta anulación, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la LGAP?

a)Acudir directamente al proceso contencioso administrativo de lesividad.

b)Declarar la nulidad sin más trámite, dado que es evidente y manifiesta.

c)Solicitar un dictamen no vinculante de la Procuraduría General de la República.

d)Abrir un procedimiento administrativo ordinario y obtener dictamen vinculante de la Procuraduría.

La empresa AgroExport S.A. es objeto de un procedimiento sancionatorio por parte del Servicio Fitosanitario del Estado. En este procedimiento, no existe una norma expresa en la Ley de Protección Fitosanitaria para un aspecto particular del trámite. ¿Qué disposiciones deben aplicarse supletoriamente en este caso?

a)Las normas del Código Procesal Civil, por ser la ley supletoria general.

b)Las disposiciones del Código Penal, por tratarse de un procedimiento sancionatorio.

c)Las disposiciones generales del procedimiento administrativo de la Ley General de la Administración Pública.

d)Las reglas de la Ley de Contratación Administrativa, por analogía con la función pública.

Cuando la Sala Constitucional no encuentra una disposición expresa en la ley para resolver un caso, ¿cuál es el orden de aplicación supletoria de las normas que debe seguir?

a)Principios del Derecho Público, luego la Ley General de la Administración Pública.

b)Códigos Procesales, luego los principios del Derecho Constitucional.

c)Principios del Derecho Constitucional, luego la LGAP y la LJCA.

d)Derecho Internacional, luego los Códigos Procesales y la LGAP.

Don Carlos interpone un recurso de hábeas corpus contra una autoridad que, según él, lo ha detenido ilegalmente. El Magistrado instructor solicita un informe a la autoridad señalada como infractora. ¿Cuál es el plazo máximo que el Magistrado puede determinar para la rendición de este informe?

a)Un plazo de veinticuatro horas, dada la urgencia del hábeas corpus.

b)Un plazo de cinco días hábiles, prorrogable por una única vez.

c)Un plazo de diez días naturales, sin posibilidad de prórroga.

d)Un plazo que no podrá exceder de tres días.

La empresa 'TecnoGlobal S.A.' interpone un recurso de amparo contra una resolución del Poder Judicial que considera lesiona sus derechos fundamentales. La resolución fue dictada por un juez en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. ¿Es procedente el recurso de amparo en este caso?

a)Sí, procede contra cualquier resolución que lesione derechos fundamentales.

b)Sí, si la resolución judicial es arbitraria o indebidamente aplicada.

c)No, porque no procede contra resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.

d)No, salvo que la resolución judicial sea de acción automática y obligatoria.

La señora Laura interpone un recurso administrativo de reposición contra un acto de la Municipalidad que considera lesivo a sus derechos. Mientras este recurso está en trámite, Laura decide interponer un recurso de amparo. ¿Qué efecto tiene la interposición del recurso administrativo en el plazo de prescripción del amparo?

a)El plazo de prescripción del amparo se interrumpe y comienza a correr de nuevo.

b)El plazo de prescripción del amparo se suspende mientras la Administración no resuelva expresamente.

c)El plazo de prescripción del amparo no se ve afectado y sigue corriendo normalmente.

d)El recurso de amparo se vuelve improcedente al existir una vía administrativa previa.

La empresa 'Servicios Rápidos S.A.' presentó una solicitud de permiso ante el Ministerio de Salud el 1 de marzo. El ordenamiento jurídico no señala un plazo específico para que el Ministerio conteste. Si al 15 de marzo la empresa no ha recibido respuesta, ¿cuándo se entenderá que se produce la violación al derecho de petición y de obtener pronta resolución?

a)Una vez transcurridos diez días hábiles desde la presentación de la solicitud.

b)Al cumplirse un mes calendario desde la fecha de presentación de la solicitud.

c)Cuando la empresa demuestre un perjuicio irreparable por la falta de respuesta.

d)Después de quince días naturales, si la Administración no ha justificado el retardo.

La Comisión de Redacción de la Asamblea Legislativa ha recibido un proyecto de ley aprobado en primer debate para su revisión y aprobación de la redacción definitiva. Si la Comisión no rinde el informe en el plazo establecido, ¿qué acción puede tomar el Presidente de la Asamblea?

a)Devolver el proyecto a la Comisión para que cumpla con el plazo.

b)Tramitar el proyecto en segundo debate, sin el informe de la Comisión.

c)Suspender el trámite del proyecto hasta que se rinda el informe.

d)Remitir el proyecto a otra Comisión para que rinda el informe.

La Municipalidad de San Isidro solicita a la empresa 'Desarrollos Urbanos S.A.' que complete ciertos requisitos omitidos en una solicitud de permiso de construcción. La prevención se realiza por escrito y se le otorga un plazo. Posteriormente, otro funcionario de la Municipalidad intenta solicitar nuevos requisitos no prevenidos inicialmente. ¿Es esto permitido por la ley?

a)Sí, si el nuevo funcionario detecta defectos que no fueron observados antes.

b)Sí, si los nuevos requisitos son esenciales para la validez del trámite.

c)No, no se podrán solicitar nuevos requisitos no prevenidos oportunamente.

d)No, salvo que la prevención inicial haya sido incompleta o errónea.

La señora Carmen solicitó una licencia de funcionamiento para su negocio ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ha transcurrido el plazo legal sin que la Administración se haya pronunciado. Para aplicar el silencio positivo, ¿qué debe presentar la señora Carmen a la Administración?

a)Un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por la inercia administrativa.

b)Una solicitud de prórroga del plazo para que la Administración resuelva.

c)Un informe técnico que justifique la aprobación de su solicitud.

d)Una declaración jurada de haber cumplido todos los requisitos necesarios.

La Dirección de Mejora Regulatoria del MEIC ha emitido un criterio sobre la simplificación de trámites que la empresa 'Innovaciones S.A.' considera vinculante para una institución pública. ¿Cuál es el rol del MEIC en esta materia, según la Ley 8990?

a)Es el órgano consultivo en materia de simplificación de trámites.

b)Es el órgano rector en materia de simplificación de trámites y mejora regulatoria.

c)Es el órgano supervisor de la aplicación de la ley en las instituciones públicas.

d)Es el órgano sancionador de los incumplimientos de la ley 8990.

La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa debe rendir un informe sobre un recurso de insistencia presentado por una municipalidad. ¿Cuál es el plazo que tiene la Comisión para rendir este informe y proponer un proyecto de acuerdo a la Asamblea?

a)Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción del recurso.

b)Dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción del recurso.

c)En un plazo prudencial no menor de tres días hábiles, si el asunto es complicado.

d)Inmediatamente, sin dilación, dada la urgencia de los asuntos municipales.

La Sala Constitucional ha solicitado un informe a la Municipalidad de San José en el marco de un recurso de amparo interpuesto por la empresa "Urbanizaciones del Sol S.A.".

a)Bajo fe pública, garantizando la veracidad de su contenido.

b)Bajo la responsabilidad del superior jerárquico del funcionario informante.

c)Bajo juramento, con responsabilidad por perjurio o falso testimonio.

d)Bajo la presunción de legalidad, salvo prueba en contrario.

La señora María interpone un recurso de amparo contra una resolución de la Caja Costarricense de Seguro Social. Durante la tramitación, la Sala Constitucional considera que la actuación impugnada está razonablemente fundada en normas vigentes, aunque estas normas no fueron atacadas directamente.

a)Declarar con lugar el amparo, al no haberse atacado las normas vigentes.

b)Suspender la tramitación y otorgar quince días hábiles para formalizar acción de inconstitucionalidad.

c)Rechazar de plano el recurso, por estar la actuación fundada en normas vigentes.

d)Continuar con la tramitación del amparo, pues las normas no fueron impugnadas.

La Sala Constitucional declara con lugar un recurso de amparo interpuesto por don Carlos, debido a la denegación injustificada de un permiso por parte de la Municipalidad de Heredia.

a)Restituir a don Carlos en el pleno goce de su derecho, restableciendo las cosas.

b)Condenar en abstracto a la Municipalidad al pago de daños y perjuicios.

c)Declarar la nulidad de la denegación, sin ordenar su realización inmediata.

d)Ordenar la realización del acto denegado, otorgando un plazo prudencial perentorio.

La empresa "Inversiones del Norte S.A." interpone un recurso de amparo que es declarado con lugar por la Sala Constitucional. Posteriormente, la Sala determina que el funcionario responsable actuó con dolo.

a)Únicamente contra el Estado o la entidad de la que dependa el demandado.

b)Exclusivamente contra el funcionario responsable, por haber mediado dolo.

c)Contra el Estado o la entidad, y solidariamente contra el funcionario por dolo.

d)Contra el Estado o la entidad, y subsidiariamente contra el funcionario.

Don José, parte interesada en un proceso judicial, observa que el juez no ha dictado una resolución dentro del plazo legal establecido.

a)Presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por violación al debido proceso.

b)Solicitar la avocación del conocimiento del asunto por un tribunal superior.

c)Denunciar al funcionario judicial ante el Ministerio Público por incumplimiento de deberes.

d)Interponer queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema o inspección judicial.

La empresa "Desarrollos Urbanos S.A." ha presentado una solicitud de permiso de construcción ante la Municipalidad de San José. Han transcurrido varios meses sin que la Municipalidad emita una resolución, a pesar de que el procedimiento no es complejo.

a)El principio de legalidad, al no respetarse los plazos establecidos por la ley.

b)El derecho de petición, al no obtener una respuesta formal de la administración.

c)El principio de autotutela declarativa, al no ejercerse la potestad administrativa.

d)El derecho a una justicia pronta y cumplida, proyectado a la vía administrativa.

La Junta Administradora del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial debe emitir un reglamento general. Este reglamento debe contemplar el procedimiento administrativo para tramitar las solicitudes de los interesados.

a)Sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública para el procedimiento ordinario.

b)Sujetarse a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública para el procedimiento sumario.

c)Establecer un procedimiento especial, sin sujeción a la Ley General de la Administración Pública.

d)Aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil para la tramitación de solicitudes.

El Poder Judicial, en el ejercicio de sus funciones, debe garantizar que la administración de justicia sea pronta y cumplida.

a)La autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño.

b)Las resoluciones que dicte no le imponen más responsabilidades que las señaladas.

c)Solo está sometido a la Constitución Política y a la ley.

d)Los tribunales no pueden excusarse de fallar por falta de norma.

La señora María solicitó una licencia de funcionamiento para su negocio ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Ha transcurrido el plazo legal sin que la Administración se haya pronunciado.

a)Una declaración jurada, debidamente autenticada, haciendo constar el cumplimiento de requisitos y la falta de resolución.

b)Un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, alegando la violación al derecho de pronta resolución.

c)Una solicitud de nulidad del acto presunto por silencio, ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

d)Un informe técnico que demuestre la viabilidad de su negocio y la necesidad de la licencia.

La empresa "Comercializadora del Sol S.A." es objeto de un procedimiento administrativo tributario. Durante la investigación, la Administración Tributaria obtiene información y pruebas mediante una actuación contraria a derecho.

a)Serán valoradas por el órgano competente, pero con menor peso probatorio debido a su origen irregular.

b)No podrán surtir efecto alguno en contra del contribuyente, siendo declaradas nulas de pleno derecho.

c)Podrán ser utilizadas si la ilegalidad no afecta el fondo del asunto, a criterio del órgano administrativo.

d)Conllevarán una sanción disciplinaria para el funcionario que las obtuvo, sin afectar su validez probatoria.

Un funcionario municipal, don Roberto, impugna la anulación de su nombramiento por parte de la Municipalidad de Alajuelita, alegando que no se le brindó el debido proceso previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

a)Recurso de amparo ante la Sala Constitucional, ya que se trata de una violación al debido proceso.

b)Recurso de hábeas corpus, por tratarse de una afectación directa a su libertad laboral y derechos fundamentales.

c)Recurso de reposición o reconsideración en sede administrativa, agotando la vía antes de cualquier acción judicial.

d)La sede de legalidad, ya sea ante las autoridades administrativas competentes o en la vía jurisdiccional correspondiente.

La empresa "EcoSoluciones S.A." presenta una denuncia ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) por una presunta violación a la legislación tutelar del ambiente. El caso es complejo y requiere una investigación exhaustiva.

a)Treinta días hábiles, sin posibilidad de ampliación debido al principio de celeridad.

b)Sesenta días, que incluyen el plazo ordinario y una posible ampliación por casos especiales.

c)Noventa días, si el Tribunal considera que la situación afectada requiere una mayor rapidez.

d)El plazo que determine el Tribunal, impulsando el procedimiento con la rapidez requerida por la situación.

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